Cantidades y calidades del Poder Judicial

Por ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar

Por más de una razón, la relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo no pasa por uno de sus mejores momentos.

La reducción «de facto» que Hacienda aplicó a las pretensiones presupuestarias de la Justicia para este año –restricción convalidada luego por la Legislatura– tiene a los jueces del STJ bastante molestos. Algo más que un esbozo de conflicto de poderes.

Es que, de modo tan unilateral como la negativa del Ejecutivo, el año pasado el Tribunal había dictado una acordada disponiendo que los salarios de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial se equipararan a los que perciben sus pares de la Justicia Nacional. Por la siguiente, habían aumentado el Presupuesto en la suma necesaria para ello. Y punto.

Por supuesto que, cuando el monto a repartir es fijo y está determinado por la existencia real de dinero, si un sector se aumenta los salarios y los gastos, será a costo de que otro sector se los reduzca en la misma proporción. Así las cosas, el ministro Verani y el gobernador Saiz optaron por definir que el incremento presupuestario anual fuera parejo para los tres poderes, y recortaron con tijera afilada la parte de pretensión de la Justicia que quedaba fuera de ese esquema.

Pero las cosas no están resueltas. El Poder Judicial no ha variado en un ápice su esquema de gastos: los alquileres se han incrementado, hay organismos que deben ser creados… Pero, por sobre todas las cosas, la prioridad es mantener la política salarial prevista.

Aun escrito con el frío lenguaje del comunicado de prensa, el informe de la visita del ministro de Hacienda al STJ no deja dudas respecto de la severidad de los términos allí vertidos:

• el STJ dijo que para garantizar el servicio de justicia necesita más dinero que le permita cumplir con las acordadas 9/05, 11/05 y 12/05, además de restablecer la vigencia de la ley 24.018 –que dispuso el 80% móvil, jubilación a los 60 años y sin tope de haberes para magistrados y funcionarios–.

• el ministro respondió que cualquier modificación del Presupuesto debe surgir de un incremento de los recursos, y aun así, será la Legislatura la que deberá fijar en qué se gasten.

• el STJ añadió que, por ser un poder del Estado, debe ser mirado de otro modo, ya que el servicio de justicia es relevante para «preservar el rol constitucional, generar seguridad jurídica y garantizar la paz social para la sociedad rionegrina a través de sus magistrados, funcionarios y empleados».

• y, antes de irse, el ministro sugirió que se convocara a una reunión interpoderes con las máximas autoridades del Ejecutivo y la Legislatura, para ver si se ponen de acuerdo.

Claro que la relación entre la «paz social» y el salario de los magistrados resulta algo forzada.

Más relacionada con el malestar social parece, en cambio, la falta de acción eficiente de la Justicia –por ejemplo, en causas de corrupción–, que produce descreimiento, desazón…

Esta semana se supo que el juicio contra el ex presidente de Aeronor, Roberto Aymale, por presunto peculado o administración fraudulenta fue anulado y la investigación deberá comenzar otra vez porque un juez de Instrucción tomó mal una declaración indagatoria y, sin advertirlo, otro juez usó ese instrumento para la elevación a juicio, convalidada a su vez por un fiscal de Cámara y por la Cámara. Se objeta también que no se individualizó a otros presuntos partícipes del delito ni se tomaron testimonios relevantes… En fin: que la instrucción está llena de vacíos, como un queso gruyere. Y, como los hechos investigados sucedieron en 1996 y la denuncia se hizo recién en 2002, bien podría suceder que el desfalco al Estado por unos 5 millones de pesos quede impune.

Otra causa añeja es la que se ventila ahora en juicio oral, sobre presuntos pagos irregulares de repuestos y reparaciones de patrulleros de la Policía de Río Negro… ¡hace diez años!

Y, hace poco, prescribió la causa por la venta anticipada de regalías hidroeléctricas a precio vil y con perjuicio de más de 7 millones de pesos/dólares para el Estado, que involucraba al ex funcionario provincial Horacio Jouliá. En relación con ese tema, todavía espera resolución en los órganos de control el pago de 240.000 pesos/dólares que se atribuyó como de consultoría, pero cuyo informe nadie vio nunca. La última declaración de Jouliá terminó de «planchar» este expediente, al sugerir que se le pregunte sobre el tema al juez del STJ Sodero Nievas, que por ese entonces integraba la consultora en cuestión. Es decir: si la causa «quemaba», ahora quema más.

En este marco, el proyecto de que sean cinco y no tres los jueces del STJ, parece unido a pretensiones localistas de Cipolletti y Regina –si no a meras aspiraciones personales de determinados abogados de esas ciudades– más que a una genuina búsqueda de mejorar la labor judicial. Por «solicitud expresa» del vocal del STJ Alberto Balladini, el STJ acaba de difundir estadísticas que indican que, desde que el Tribunal tiene tres miembros, ha dictado muchas más sentencias al año que cuando tenía cinco –en ocasiones, hasta el doble– de lo que se deduce que no hay necesidad técnica ni jurídica de incrementar el número de jueces, que sí aumentaría más el gasto.

En realidad, el repentino respaldo de la legisladora radical Ana Piccinini a un proyecto añejo de Fabián Gatti, perseguiría –además de la intención ya esbozada– destrabar el al parecer inconciliable desacuerdo entre los vocales Balladini y Luis Lutz, que tiene a Sodero Nievas como pendulante árbitro.

En fin… De la justicia podría decirse que durante enero y febrero tuvo serios problemas para cumplir con sus proveedores y pagó con demora sus cuantiosos alquileres. Y los gastos –lejos de reducirse– se incrementan con la creación de nuevos organismos y la posible incorporación a planta de más de cien contratados, lo que activa el tema presupuestario.

Pero el debate sobre la ampliación del número tradujo, además, diferencias dentro del Poder Ejecutivo: Piccinini se «jugó» en afirmar que el gobernador no se oponía al proyecto, pero éste la desautorizó diciendo que lo vetaría si llegara a convertirse en ley. Todo esto, en realidad, se ligó con la crítica de Piccinini a la lentitud de la burocracia oficial, y –más puntualmente– hacia Fabio Rey, secretario Legal y Técnico y muy de la confianza de Saiz.

Mal que le pese a Saiz, un argumento que vuelve una y otra vez, y más en boca de los allegados que de los adversarios.


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