Carlotto hizo una enfática defensa de la ley 2.302

NEUQUEN (AN) – La presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, rechazó el proyecto de reforma de la ley 2.302 elaborado por el ministro de Seguridad y Trabajo Luis Manganaro. Durante su visita a esta capital, sostuvo ayer que la actual norma no necesita modificaciones y afirmó que detrás los cambios propuestos existen motivaciones particulares para «hacer negocios».

«Creemos que no es necesario introducirle reformas a la ley 2302», señaló Carlotto. «Y sentimos preocupación ante la posibilidad de que se apruebe una nueva norma que no sea beneficiosa para los derechos de los chicos», agregó.

Las declaraciones las formuló durante un encuentro que mantuvo con integrantes del Foro en Defensa de los Derechos de los Niños y ante los diputados provinciales de todos los sectores políticos que la recibieron en la sala de comisiones.

En ambos ocasiones enfatizó que «las modificaciones responden a intereses particulares que traen negocios». Y precisó que la apertura de institutos para el tratamiento de menores en conflicto con la ley, una de las medidas propuestas por Manganaro, «sirven para alimentar los bolsillos de ciertos funcionarios que mantienen un sistema corrupto con estas instituciones».

En paralelo, en un documento que dejó para el gobernador Jorge Sobisch y que fue elaborado por el Foro Mundial 2004 de Infancia y Adolescencia en la Agenda Política, en septiembre pasado, des

tacó que «la ley 2.302 es de avanzada, que aplica los postulados de la Convención Internacional de los Derechos del Niño; que además es tomada como ejemplo por otras provincias y por el Congreso de la Nación para la adecuación de las normativa actuales; y que significó un efectiva oportunidad de ejercer derechos para los niños, y para la sociedad la oportunidad de proyectarse en una nueva cultura que reconoce a los chicos como sujetos de derechos».

Carlotto arribó a esta ciudad por invitación del Foro, también en su carácter de presidente del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Lo hizo acompañada de Nora Schulman, directora ejecutiva de la organización, y miembros de Unicef y la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

En el documento, también expresó que el proyecto de Manganaro «implica un retorno al sistema de patronato; reinstala la medida privativa de la libertad como primer respuesta a la problemática infantil y la psiquiatriza al proponer la creación de clínicas de contención para los niños. Además suprime la Defensoría del Menor y el Adolescente, organismo encargado de controlar las políticas públicas de niñez y sus derechos».

En principio, estaba previsto gestionar un encuentro con el gobernador. Pero como el mandatario neuquino se encontraba en Buenos Aires, mantuvo la reunión con autoridades legislativas por la mañana y con el resto de los diputados provinciales pasado el mediodía

«Nos vamos un poco más tranquilas porque las autoridades de la Legislatura nos dijeron que no hay apuro por aprobar el nuevo proyecto y además quedó una puerta abierta para que seamos consultadas sobre el tema», indicó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo luego del encuentro.

Los diputados no se ponen de acuerdo

NEUQUEN (AN).- Las posiciones antagónicas entre los diputados del MPN y sus aliados menemistas y los opositores respecto a la reforma de la 2.302, se reiteraron ayer durante la visita que realizó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, a la Legislatura.

El MPN, con el presidente del bloque Manuel Gschwind a la cabeza, insistió en que el objetivo del gobierno es «mejorar la actual ley». Dijo que la intención es ampliar el radio de acción de la Defensoría del Niño y el Adolescente hacia el interior de la provincia; impedir que los chicos que cometan delitos queden libres; y que tampoco sean utilizados como escudos humanos. También indicó que el MPN no tiene apuro en sancionar la norma, aunque aclaró que «hay tiempos fijados».

Las menemistas Olga Saldías (Opción Federal) y Herminda Acuña (Apertura Popular), se manifestaron en consonancia con Gschwind. «Algo hay que hacer con los adolescentes que cometen delitos», dijeron.

Carlos Moraña, de ARI-Encuentro Neuquino, reiteró que la reforma implicará un retroceso, y señaló que los problemas de la infancia se resuelven «desde lo social y no con la judicialización». Los otros bloques opositores se expresaron en el mismo sentido.