Es culpable pero no irá preso; le embargan dos camionetas pero igual las podrá usar

Con el ofrecimiento del embargo sobre dos camionetas valuadas en unos 600.000 pesos y una declaración de culpabilidad, el exfiscal de Estado, Alberto Carosio, puso fin a la causa en la que se lo procesó por no haber controlado pagos indebidos a estudios jurídicos por acuerdos extrajudiciales. No irá preso y podrá seguir usando los vehículos. Sólo se las sacarán si hay un juicio civil para recuperar el dinero perdido.

Esta semana, el Tribunal integrado por Carlos Mussi, Gustavo Guerra Lavayén e Ignacio Gandolfi, aceptó el acuerdo logrado entre Carosio –representado por Damián Torres– y el Fiscal de Cámara Fabricio Brogna, por la acusación de “administración infiel en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Se trató del segundo juicio abreviado intentado ya que el primero fue rechazado por otra Cámara, planteando que no existía resguardo de recuperación de los fondos públicos. Ahora, esa situación se salvó con el embargo de las dos camionetas.

Vale recordar que en la misma causa cumplieron prisión dos personas. Una subordinada de Carosio, la entonces jefa del área de Judiciales de Fiscalía, Sandra Bombardieri, que fue condenada a tres años y seis meses de prisión. La exfuncionaria cumplió con esa sanción en el Penal N°1 de Viedma desde el 24 de octubre de 2011, fecha en que quedó detenida.

Su exmarido, Francisco Sánchez, fue también condenado a tres años de prisión efectiva y estuvo preso por “peculado de trabajos y servicios” por haber sido quien entre 1997 y 2004 cuando era asesor legal de la Policía gestionó entre empleados y funcionarios policiales cartas poderes a favor del estudio de Juan Zalesky, siempre relacionados con los trámites judiciales por los descuentos salariales de las leyes 2502 y 2990.

La situación de Carosio quedó paralizada hasta diciembre del 2011 por sus fueros de Fiscal. Desde entonces, el exfuncionario procuró un acuerdo y, finalmente, lo logró, a partir de la aceptación de la autoría del hecho, la calificación y la pena impuesta de tres años de prisión en suspenso. A ello se le sumó el ofrecimiento de embargo de dos camionetas por un valor total aproximado de 600.000 pesos, que el propietario seguirá utilizando pero quedarán como garantía si la Fiscalía de Estado, a cargo de Julián Fernández Eguía, activa un reclamo de la devolución del perjuicio generado al Estado provincial por no haber cumplido con la función de controlar y el consecuente pago irregular de acuerdos judiciales.

Una inicial estimación de la Justicia consignó que el estudio Zalesky había cobrado 1,7 millón de pesos por encima de las liquidaciones correctas, según convenios del 2004. Después, existieron restituciones parciales al abogado privado.

Para Brogna, con el ofrecimiento de las camionetas por parte de Carosio se cumplía con la garantía impuesta en su momento por el Superior Tribunal de Justicia, y la Cámara avaló el acuerdo.

En noviembre de 2014, el Tribunal penal –que integraron los camaristas Eduardo Roumec, Ariel Gallinger y Rolando Gaitán– rechazó el acuerdo en el marco del juicio abreviado presentado entonces por el Fiscal de Cámara, Hernán Trejo, y el abogado defensor Adrián Dvorzak en representación de Carosio. Su rechazo se fundamentó en que no existía “ninguna acción civil por parte de la provincia”, entendiendo que el “acuerdo era incompleto en relación a todas las consecuencias comprensivas de la acción delictual que aquí se reconoce”.

Carosio: fiscal de Estado durante los dos mandatos de Saiz

Alberto Carosio fue fiscal de Estado en los ocho años de la gestión del radical Miguel Saiz. Firmó en el 2004 convenios de acuerdos extrajudiciales, con liquidaciones irregulares. Lo procesaron por su falta de control en más de 20 expedientes firmados con estudios jurídicos de Viedma.

La ingeniería de esos convenios, relacionados con juicios por descuentos salariales, correspondió a Carosio y la jefa Judicial de la Fiscalía, Sandra Bombardieri. Ambos –según la Justicia– “omitieron formular las observaciones que correspondía hacer a las liquidaciones presentadas por los distintos estudios jurídicos que representaban a los demandantes”.

Así, actuaron “fraudulentamente y con el fin de procurar para sí y para terceros un lucro indebido, violando también con su actuar los deberes a su cargo, y de tal modo habría perjudicado los intereses confiados defraudando al Estado provincial y causando un perjuicio patrimonial a su erario”. Según una auditoria de la fiscalía, al estudio jurídico del abogado viedmense Juan José Zalesky se le abonó “de más aproximadamente 1.700.000 pesos”.