Carro respondió a las críticas de la oposición en el Concejo

SAN MARTIN DE LOS ANDES (ASM). Poco y nada pudo sacarse en limpio de la virtual interpelación a la que fue sometido el intendente Jorge Carro, acompañado por el pleno de su gabinete y frente a los concejales en sesión especial, que continuaba al cierre de este despacho.

Al menos en dos de los puntos más conflictivos por los que Carro fue citado a dar respuestas en el Legislativo, tales como la ordenanza cautelar de la Vega Plana y la aplicación de aumentos sobre patentes de rodados, los largos intercambios de opiniones entre el Ejecutivo y el Deliberante se limitaron a argumentos ya conocidos.

El intendente defendió la corrección progresiva sobre el impuesto local a la patente automotor, que fue resuelta por resolución del Ejecutivo y a despecho de una ordenanza en vigencia. Por cierto, la resolución no fue ratificada por el Deliberante y su aplicación continúa suspendida.

Carro sostuvo que la decisión se fundó en su momento en que la aplicación lisa y llana de la normativa habría provocado fuerte impacto sobre el bolsillo de los contribuyentes, por lo que se tomó la determinación de poner en marcha una corrección progresiva.

Pero ediles de la oposición -del MPN y el vecinalista Participar- advirtieron una subversión del orden institucional, y señalaron que si el intendente consideraba que no podía consagrarse un «tarifazo», debió haber enviado un proyecto de ordenanza derogatorio y a la vez modificatorio de la actual legislación.

Los argumentos de unos y otros, como se apuntó, no hicieron más que repetir lo ya conocido desde hace varias semanas, cuando el Concejo rechazó la resolución.

Otro tanto ocurrió con la controversial aplicación de una medida cautelar sobre la Vega Plana, que el Deliberante aprobó meses atrás y que debió modificar parcialmente frente a la presión de los vecinos.

La norma original impedía prácticamente toda nueva construcción en una amplia franja de tierras ubicada al este del casco histórico, y que tiene protección especial en la ordenanza madre 3.012, que regula los usos del suelo en todo el ejido por fuera del casco histórico, donde se aplica la normativa 2.210 de similar objetivo.

Carro y su secretario de Planeamiento, Mario Mazzeo, defendieron la decisión de trabajar sobre los efectos de las urbanizaciones en esa zona de mallines y de vital importancia como natural regulador de crecidas, pero recordaron que fue el Concejo el que aprobó la norma cautelar.

La oposición reaccionó de inmediato, sosteniendo que «nos hicieron morder el anzuelo» y adjudicando las responsabilidades al Ejecutivo por las consecuencias de la norma, finalmente derogada en forma parcial. Reclamaron la participación de los vecinos involucrados, y Carro recordó que los concejales debieron haber otorgado la misma participación que reclamaban, cuando confeccionaron la norma original.

Replicó con una enfática defensa de su gestión que, dijo, ha hecho de la participación una bandera de gobierno.

En cualquier caso, la discusión derivó en la planificación de San Martín de los Andes, una vez más con posiciones contrastantes. Desde la intendencia se defendió lo hecho, mientras que desde la oposición se atacaron varias de las decisiones.