Cartas desde Bolivia

En la ciudad de La Paz, Bolivia, se reunió recientemente la XIV Conferencia de la Asociación Americana de Juristas. Bajo el lema «Justicia Social, Democracia e Integración en América» se analizaron los cambios ocurridos en los 4 años últimos en la región.

Los nuevos procesos plasmados en la constitución de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), el proyecto venezolano de Alternativa Bolivariana para las Américas y los avances producidos en el Mercosur son, por un lado, los ejes cuyos contenidos buscan reafirmar los principios de defensa de los recursos naturales, el pluriculturalismo y el reconocimiento de la identidad étnica que une a los países miembros de Latinoamérica. El otro aspecto significa un rechazo unánime a la política unipolar de Estados Unidos expresada a través del ALCA, cuyos objetivos se siguen logrando a través de los acuerdos bilaterales de comercio ya firmados con algunos países de Centro-américa o que se negocian con aquellos como Colombia, Perú y Panamá en la actualidad.

La instauración de un sistema de democracia deliberativa, entendiendo por tal no sólo la mayor participación ciudadana en las discusiones sino también en la toma de decisiones, es un avance que se está gestando en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia. Como es importante que dichas transformaciones políticas y sociales se realicen dentro del marco jurídico que las naciones exigen, se proyectan los mismos a través de reformas constitucionales.

En cuanto a los temas de mayor preocupación en la región, el debate se centró en la justicia, en el desarrollo armamentista y en la exorbitante explotación de los recursos naturales sin respetar los principios emanados desde las Naciones Unidas dentro del concepto de desarrollo sostenible, esto es el uso racional de los recursos, con reserva de ellos para las generaciones futuras.

Resultó interesante observar que en un país como Bolivia, con una diversidad étnica y cultural conformada por el pueblo aymara, el quechua y mestizos, para determinar el sentido de lo justo y fijar políticas acordes se tienen en cuenta las peticiones de los movimientos sociales que diariamente se expresan en la capital paceña o en otras ciudades de la Nación. No se percibe que estas manifestaciones se intenten disuadir a través de su criminalización; muy por el contrario, allí se habla de movimientos sociales que sirven de guía al Estado para avanzar en el proceso de democratización y socialización del poder. Este es un ejemplo de gobernabilidad digno de analizar por el resto del continente latinoamericano, que padece las consecuencias de iniquidad social producidas por las políticas neoliberales globalizantes impuestas en la década pasada.

No hubo dudas en afirmar que estas condiciones de desigualdad social generaron un aumento del tráfico de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual, pornografía y también venta de órganos, por lo que se alertó a los países de la región sobre la urgencia en fijar políticas de protección y recuperación de las víctimas de este flagelo.

Desde una perspectiva de género se rechazaron todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y niñas, reconociendo que son las principales víctimas de las políticas económicas, generando lo que se denomina una feminización de la pobreza.

Paralelamente se analizaron los problemas de acceso a la justicia y la ineficiencia de los sistemas judiciales que dejan en situación de indefensión a los más necesitados. Sobre las posibles reformas del sistema penal, hubo consenso para introducir en los códigos de la región: la desaparición forzada de personas como tipo autónomo; la cláusula de imprescriptibilidad para los delitos de lesa humanidad y, consecuentemente, la negación de obtención de beneficios o atenuantes en estos casos. También se acordó la negativa a aceptar el indulto para los autores de este tipo de delitos.

En relación con la justicia penal internacional se rechazaron los acuerdos de impunidad que ha impuesto EE. UU. a numerosos países, para proteger a sus soldados de la persecución penal de otros estados.

Desde una visión universal, se concluyó que el incremento de la carrera armamentista, incluyendo la fabricación de armas nucleares, resulta un peligro para la humanidad y la paz mundial. Si bien cuando culminó la Guerra Fría, desde la comunidad internacional se pretendió crear las condiciones para un desarme y sobre todo la desaparición de las nucleares, la realidad actual muestra que la política imperial estadounidense continúa desarrollando nuevas armas con el afán del dominio mundial.

Esta política imperial no se refleja sólo en este aspecto, sino también se observó la misma estrategia en cuanto al orden normativo mundial, el cual ha sido avasallado en los años recientes. Siendo su mayor expresión la actuación en la guerra y ocupación de Irak, los crímenes de poblaciones civiles por mencionar algunos como Falluja o las torturas y vejaciones cometidas en las prisiones de Abu Ghraib o Guantánamo.

El mensaje final que se gestó en la ciudad de La Paz fue el permanente compromiso que deben asumir los juristas de la región en la defensa del Estado de derecho para hacer realidad que un mundo mejor es posible.

SILVIA CONTRAFATTO (Miembro Asociación Americana de Juristas)

Especial para «Río Negro»