Casadei rescindirá la concesión del polideportivo

SAN ANTONIO OESTE (ASA)- El intendente Adrián Casadei confirmó que acatará la resolución del Concejo Deliberante que establece que el Ejecutivo debe rescindir el contrato de concesión del Polideportivo Municipal por los incumplimientos en los que habría incurrido el particular a cargo, Miguel Angel Alvarez.

Ayer, Alvarez deambuló por los despachos oficiales en busca de respuesta, y tras el encuentro con el jefe comunal, en el que éste le manifestó su decisión de cumplir con los indicado por el Concejo Deliberante, habría anunciado el inicio de un juicio que evite que se haga efectiva la decisión del cuerpo parlamentario.

Trascendió que el propio Nelson Echarren, ex presidente del Superior Tribunal de Justicia, quien coincidentemente participa en una gran cantidad de juicios y actuaciones contrarias a los intereses de la comuna, se habría comunicado con Alvarez para ofrecerle sus servicios de abogado.

Ayer, varias especulaciones se hacían al respecto. En primer lugar, los funcionarios se mostraron sorprendidos por la mención del nombre de Echarren en este caso que ya se perfila como de resolución en el ámbito judicial.

«Todo tema que anda dando vueltas lo agarra Echarren para hacerle un juicio al municipio. Son chicanas constantes», dijo una fuente municipal.

Además, trascendió que a pesar de que el intendente anunció su compromiso con cumplir con los ordenado por el cuerpo legislativo, su posición a terminar en la Justicia con el tema no era favorable. «Hubiera preferido llegar a un arreglo, haber conciliado un solución con Alvarez», habría manifestado el intendente en su despacho.

Es que el jefe comunal sospecha que ahora se llegará a un juicio de desalojo. Además teme que la situación genere más responsabilidades a la comuna para mantener el lugar, cuidar las instalaciones hasta tanto se decida si se otorga a un nuevo concesionario o se explota desde el mismo municipio.

No obstante, Casadei destacó que existe la firme decisión de revocar el contrato, aunque exista la posibilidad de un nuevo juicio contra el municipio.

Desde el ámbito legislativo se asegura que existen amplias evidencias de incumplimientos reiterados que justifican la rescisión del contrato vigente.