Caso Miralles: los testimonios son un duro escollo

Las definiciones corresponden a la concejal Norma Amelia Miralles y su hijo, el diputado nacional Gabriel «Tom» Romero y las hicieron a lo largo de las dos jornadas del juicio oral a la primera, por su presunta defraudación al Estado con el manejo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), a través de la Asociación para la Mujer, el Anciano y el Niño (AMAN), la entidad destinada a obras de beneficencia creada por el entorno de ambos y que, más precisamente, tenía a las nueras de Miralles como vicepresidenta y tesorera respectivamente.

El fiscal pidió que condenen a la concejal a cuatro años y medio de cárcel.

«Tom» Romero se hizo convocar por el defensor de su madre para testimoniar en el juicio. En su exposición, para defenderla, se dedicó a atacar particularmente al gobierno provincial. Y denunció graves irregularidades presuntamente cometidas por funcionarios del área contable, en la tramitación de los ATN que Miralles, sólo en parte, distribuyó entre quienes debían recibirlos.

A raíz de lo que el fiscal Ricardo Mendaña consideró fue un mendaz testimonio, resolvió pedir su procesamiento por «falso testimonio», porque si bien no estaba obligado a declarar cosas que pudieran perjudica a su madre, sí estaba obligado a decir la verdad.

«No me desdigo de nada, ratifico plenamente lo que le dije ante el Tribunal. Mi madre no hizo de AMAN un ardid para pagar su campaña y no pueden hacerle pagar a ella los errores, negligencia o delitos que cometieron los funcionarios provinciales», dijo después de la audiencia Romero. El pedido de procesamiento por falso testimonio lejos estuvo de amilanarlo y dobló su apuesta.

También lo hizo cuando le ratificó a los jueces que «el fiscal (Pedro Telleriarte) no tuvo las «pelotas» suficientes para investigar una denuncia suya contra el Gobierno».

Entre los funcionarios que acusaron, Miralles y su hijo mencionaron al ex secretario de Hacienda Jorge Sabio, el ex ministro de Economía Silvio Ferracioli y el propio ex gobernador, Felipe Sapag. «Tom» Romero le dijo a los periodistas que el ex asesor legal de Gobierno, Marcos Silva, le reconoció que el Gobierno había «dibujado, inventado» un decreto para salvar un error en los decretos de adjudicación de los ATN.

Las pruebas y testimonios vistos y escuchados en la audiencia contradijeron todas las afirmaciones de Miralles. Empezando por aquella en que sostuvo que «no empleó la plata de los ATN para la campaña». No sólo la desmintieron los directivos de las entidades engañadas, sino hasta un volante que distribuyó en la campaña en la que hacía alarde de su «beneficencia».

Foto: «Me han difamado durante 10 años», dijo la concejala del PJ a la hora de dar su testimonio en el juicio.