Catedral: Goye insiste en la “potestad municipal”

Expectativa por la postura que tendrá la provincia.




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El poder concedente del cerro fue cedido al municipio, pero Capsa rechazó esa decisión.

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SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El intendente Omar Goye asistirá hoy en Viedma a una audiencia que convocó la Justicia Civil en el marco de demanda iniciada por la empresa Capsa contra la municipalización del cerro Catedral. Goye estará acompañado por el asesor letrado del municipio, Rodrigo García Spitzer, y adelantó que espera hacer valer “la potestad municipal” sobre el centro invernal, aunque sin una estrategia definida, ya que antes pretende conocer en detalle el planteo de la concesionaria. “Lo primero será tomar vista del expediente y después resolveremos”, dijo ayer el intendente. La provincia transfirió al municipio el poder concedente sobre el cerro a finales de 2010, pero la firma que explota los medios de elevación recurrió a la Justicia en rechazo de esa decisión. La causa tramita ante la Cámara Civil de Viedma. Goye admitió que no tienen certeza sobre la posición que sostendrá el gobierno provincial, que también es parte en la audiencia convocada para hoy a las 10. Esa incertidumbre se relaciona en parte con las contradicciones públicas que ventilaron el gobernador Alberto Weretilneck y el ministro de Turismo, Ángel Rovira Bosch, acerca del rol que debe asumir el Estado rionegrino en Catedral. En abril pasado Rovira Bosch sorprendió al decir que la provincia debía participar del ente regulador conformado por el municipio para fiscalizar la concesión de Capsa, tal como ocurría antes del traspaso. Sugirió que de esa forma se podrían evitar perjuicios para el Estado ante la querella que presentó la firma. Al día siguiente el gobernador negó entidad a los dichos de su colaborador y aseguró que “la explotación del cerro es un anhelo histórico de los habitantes de Bariloche y esto será respetado”. El concejal Diego Benítez (Frente Grande) dijo que además de un anhelo de los barilochenses, “es una obligación impuesta en los años 80 por la llamada Ley Nápoli” que transfirió el cerro a la provincia como un paso previo a su municipalización. Aunque luego esa transición se estiró más de 20 años. Sin embargo, aquel gesto de Rovira Bosch sumó un nuevo capítulo días atrás cuando el ministerio a su cargo intimó el desalojo de una oficina en la base del cerro donde funciona justamente el organismo regulador municipal y volvió a ser desautorizado por Weretilneck. El ministro no está sólo en su postura, ya que los prestadores turísticos del cerro también desconfían de la municipalización.


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