Causa Armas: Yoma va directo al juicio oral

El empresario Emir Yoma desistió de la apelación con la que había impugnado su procesamiento en la causa por el contrabando de armas porque «quiere llegar al juicio oral y público, donde obtendrá una absolución fuera de todo contexto político», dijo ayer el abogado Mariano Cúneo Libarona.

Paralelamente, el juez en lo Penal Económico Julio Speroni elevó a 10 millones de pesos el monto del embargo que pesa sobre los bienes de Yoma, que fue asesor y cuñado del ex presidente Carlos Menem (1989-99).

La decisión del magistrado había sido requerida por el gobierno de Néstor Kirchner. «Queremos contar con la amplitud de pruebas, con la seguridad que brinda un juicio oral. Queremos que el juicio sea lo más rápido posible para obtener un veredicto definitivo, ya que estamos seguros de que Emir Yoma obtendrá una absolución», expresó Cúneo, al justificar la insólita decisión de la defensa.

Cúneo, representante legal de Yoma, había apelado ante la sala B de la Cámara del fuero Penal Económico la última resolución mediante la cual Speroni procesó al empresario por su presunta responsabilidad en el contrabando de armas a Ecuador y Croacia.

Sin embargo, antes de exponer los argumentos para fundamentar la apelación la defensa desistió de esa medida, que deja firme el fallo firmado por Speroni. Si bien de ese modo la defensa consigue acortar los tiempos para que la causa sea elevada a un Tribunal Oral, lo cierto es que habrá que esperar el trámite de las apelaciones presentadas por otros acusados para que el expediente sea ventilado en un juicio público. Por eso, la estrategia de Cúneo resulta curiosa. «Sabemos que otros apelaron y que de todos modos habrá que esperar, pero luego de evaluar la situación con el cliente (Yoma) se decidió desistir. Creemos que habrá menos fantasmas y más amplitud en un juicio, ante un tribunal oral», insistió el abogado, que asegura no querer provocar demoras en el proceso. En junio pasado Speroni adjudicó a Yoma un rol «determinante» en la exportación clandestina de armas que se concretó entre 1991 y 1995, al amparo de cuatro decretos del Poder Ejecutivo. Emir fue procesado pero sin la obligación de cumplir prisión preventiva, por lo que goza de libertad.