Causas por presunta corrupción esperan

El Poder Judicial inicia su año con una multiplicidad de asuntos pendientes, desde la cobertura de vacantes hasta la reorganización funcional, alcanzando la próxima designación de un vocal del STJ, en reemplazo de Víctor Sodero Nievas, aunque ese proceso depende de la convocatoria que formule el gobernador. Ese nombramiento completará el recambio pleno del máximo tribunal, que comenzó el año pasado con el ingreso de Enrique Mansilla y Sergio Barotto. Entre las asignaturas pendientes, en los tribunales se depositan de 70 a 80 causas por delitos contra la administración pública. Esos expedientes casi no evidenciaron progresos. No hubo ningún juicio y, consecuentemente, ninguna condena. En cambio, siguen los procesos de las dos megacausas –Flavors y sobresueldos- con procesamientos ratificados para nueve exministros de Miguel Saiz: Pablo Verani, Cristina Uría, Alfredo Pega, Diego Larreguy, Juan Accatino, Omar Contreras, Adriana Gutiérrez, César Barbeito y Francisco González. Ya están en marcha los enjuiciamientos por el pago del salón de Cona Niyeu, por irregularidades en obras escolares, por compras de remedios oncológicos, por faltantes en la farmacia del Zatti y por la desobediencia judicial del ex jefe Víctor Cufré. Sigue pendiente la indagatoria al exfiscal Alberto Carosio por la causa de los pagos indebidos en demandas contra el Estado, que ya tiene dos condenados en prisión (Sandra Bombardieri y Francisco Sánchez). Hay procesos de nulidades en las Cámaras, como la vieja causa por el Programa de Empleo Rionegrino (PER) y otra por las denuncias contra los exjueces del STJ Sodero Nievas, Luis Lutz y Alberto Balladini por cobro de vacaciones. Existen denuncias en trámite contra la actual gestión provincial, como el mecanismo de contratación de obras escolares o los gastos en la visita presidencial. Expedientes anteriores están más atrasados, como las presentaciones por las adjudicaciones de tierras fiscales -con imputaciones a Saiz y Accatino- las facturas adulteradas de Familia, el pago de becas, ascensos policiales, irregularidades escolares y presunto enriquecimiento ilícito de la exsecretaria Tamara Pérez Balda. (AV)