Centenario, cámara oculta, ATN y más

NEUQUEN (AN)- Los casos de corrupción que terminaron con una condena también son ínfimos en la provincia. Pese a la gran cantidad de denuncias e investigaciones realizadas, la mayoría quedaron sumergidos en la impunidad.

Los hechos emblemáticos son el «virtual saqueo de los fondos públicos» (así lo definió la fiscalía) cometido en Centenario por una banda encabezada por el ex intendente Luis Castillo, en sociedad con un grupo de desocupados-punteros-piqueteros, liderado por Héctor «Zapallito» Molina, y la causa de la cámara oculta.

En el primero, la investigación está estancada y muy lejos de llegar a una instancia decisiva. Hace más de un año que la Cámara Penal ordenó al juez de Instrucción que defina si los imputados formaban una «asociación ilícita», y la definición no se produce. La posibilidad de llegar a juicio oral es remota.

Peor le va a la causa de la cámara oculta. Acumula 17 meses de antigüedad sin tener siquiera indagados.

Otro expediente ya casi olvidado es el que involucra al senador peronista Sergio Gallia en presuntos hechos de corrupción durante su paso por la intendencia de Plottier. Una demostración de que la morosidad judicial no sabe de partidos políticos.

Hubo otros resonantes casos que llegaron a juicio y hasta tuvieron condena, pero después el Tribunal Superior de Justicia volvió todo a fojas cero. Las causas contra Silvio Ferracioli por la compra de camionetas para la Policía y contra Norma Miralles por los ATN son claros ejemplos.

Un ejemplo certero de la crisis en que está sumido el sistema se tuvo el martes pasado. A la mañana, horas antes de decretar la absolución de Nicolás Rinaldi, la misma Cámara Penal sobreseyó a tres ex gerentes del Banco Provincia de Neuquén que habían autorizado a girar en descubierto a la firma Sapag Hermanos por una cifra millonaria, pese a que estaba calificada «de alto grado de insolvencia» e «irrecuperable».

Los hechos ocurrieron entre junio y noviembre de 1995, la investigación empezó en 1998, las indagatorias de los responsables fueron pedidas en abril de 1999 y concretadas recién en marzo de 2001. La elevación a juicio del caso fue pedida en setiembre de 2001, y el juicio se realizó recién en abril de 2004.

Con el expediente en sus manos, la Cámara aplicó el «principio de insubsistencia» (una especie de prescripción) y sobreseyó a los imputados. El lento arrastrarse de la causa por los laberintos judiciales terminó por matarla. (G.B.)

Nota asociada: CASO ZARZA: Otro hecho que se suma a la larga lista de la impunidad  


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