Chávez avanza en su plan para expropiar tierras privadas

Funcionarios y soldados evaluaron ayer hacer uso de una hacienda





VENEZUELA (AP).- Funcionarios venezolanos, acompañados de soldados, llegaron ayer a un rancho ganadero propiedad de una empresa británica, en el paso más firme hasta el momento de una reforma agraria en la que el gobierno ha prometido darle tierras a los pobres.

El gobernador del estado central de Cojedes, Jhonny Yánez, arribó ayer a la hacienda El Charcote de la empresa británica Vestey escoltado por 200 soldados con equipos antimotín. La visita de Yánez marca el inicio de una inspección por 90 días durante la cual el gobierno verificará si se están usando los terrenos adecuadamente y si los títulos de propiedad son legítimos. «Aquí no vinimos a expropiar, vinimos a hacer justicia'', dijo Yánez.

El Charcote es propiedad de Agropecuaria Flora C.A., una filial del británico Vestey Group Ltd., líder en la producción de carnes.

La empresa insiste en que puede probar la legalidad de los títulos de propiedad desde 1830. Sin embargo, Yánez alegó que el verdadero propietario de las tierras es el Estado, y procedió a firmar documentos de propiedad a nombre de campesinos pobres, quienes invadieron las tierras en los últimos años. «Quiero decirle a la empresa británica que somos respetuosos a la ley'', declaró Yánez.

Los representantes de la hacienda de 13.000 hectáreas ubicada a unos 200 kilómetros al sureste de Caracas, estuvieron presentes en el acto, y le entregaron a las autoridades los documentos que dicen prueban que la tierra les pertenece legalmente.

Carl Phawder, funcionario de la embajada británica en Caracas, indicó que estaban en «estrecha comunicación'' con Vestey, y que esperaban que la situación se resolviera «dentro de los parámetros de las leyes nacionales e internacionales''.

Ganaderos y líderes opositores han criticado los esfuerzos recientes del gobierno por hacer cumplir la Ley de Tierras de 2001, la cual permite al gobierno expropiar terrenos si se comprueba que no están siendo explotados debidamente o que han sido adquiridos ilegalmente. Sin embargo, el gobierno dice que tratará de negociar con los terratenientes antes de usar la fuerza para confiscar los terrenos. Los enemigos del presidente Hugo Chávez dicen que la ley amenaza el derecho a la propiedad privada, y dicen que esta ley alienta a los invasores a mudarse a las tierras privadas.

La mayoría de los casi 600 invasores que viven actualmente en el Charcote, se mudaron desde que se promulgó la ley, con la esperanza de conseguir terrenos propios. Según un censo de 1998, más del 60% de las tierras agrícolas pertenecen a menos del 1% de la población.


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