Chile ya debate los juicios a represores, el destino de su fortuna y su legado político

A pocas horas de morir Pinochet, distintos sectores sociales y políticos comenzaron a debatir acerca del futuro de las causas sobre los crímenes de la dictadura que encabezó, el destino que tendrán los fondos ilegalmente depositados en cuentas del exterior y el legado político que dejará el controvertido general.

Organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos desaparecidos lamentaron que Pinochet hubiera muerto sin se juzgado, pero, aunque saben que será sobreseído debido a su fallecimiento, abogaron porque las casi 400 causas contra otros destacados ex represores del régimen militar instaurado entre 1973 y 1990 no se paralicen ni que sus responsables queden impunes. También buscarán que los millonarios fondos detectados al ex gobernante de facto en cuentas secretas en el exterior sigan bloqueados y no puedan ser traspasados a sus eventuales herederos.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó que su país debe buscar el camino del «reencuentro» y la «reconciliación» sobre la base de una verdad histórica, con memoria y justicia, aunque evitó pronunciarse sobre la muerte de Pinochet.

La mandataria advirtió con preocupación los «gestos de división» registrados el domingo tras la muerte de Pinochet, aunque subrayó que Chile tiene, «como país y como sociedad, la fortaleza ética para lograr el reencuentro, que ésa es la grandeza de un país, sobre la base de una verdad histórica».

«La reconciliación de Chile es el gran honor al que podemos aspirar los que queremos mayor justicia, mayor diálogo y un verdadero reencuentro entre nosotros; asumiendo nuestro pasado, queremos hablar de un futuro», acotó.

«La historia se va construyendo y las verdades se van instalando, y no voy a eludirlo en este momento, que yo tengo un concepto conformado acerca de un período doloroso, dramático y complejo que vivió nuestro país; tengo memoria, creo en la verdad y aspiro a la justicia», afirmó la jefa del Estado. Bachelet y su madre, Angela Jeria, estuvieron detenidas y fueron torturadas en el centro de detención ilegal Villa Grimaldi, tras lo cual se exiliaron . El padre de la hoy presidenta, el general de Aviación Alberto Bachelet, murió en 1974 en la cárcel, producto de los tormentos recibidos, tras haberse opuesto al golpe de Estado.

La diputada chilena Isabel Allende, hija del difunto presidente Salvador Allende, reclamó ayer en Madrid que sigan adelante los juicios por crímenes de lesa humanidad en su país porque «Chile tiene una herida abierta».La muerte de Pinochet «cierra un ciclo personal», afirmó Allende . Pero «no cambia Chile» y mucho queda por hacer para reparar los crímenes de la dictadura, consideró Allende

«Los procesos deben continuar», enfatizó la diputada chilena, que subrayó que unas 400 causas están abiertas en Chile por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar (1973-90).

Allende espera que los casi 30 millones de dólares que habría depositado en cuentas secretas sea destinado a las víctimas.

Familiares de desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet convocaron a una serie de manifestaciones para para reclamar en este sentido. La presidenta de la organización de los familiares, Lorena Pizarro dijo que hoy al mediodía los familiares y organizaciones de derechos humanos se congregarán en la Plaza de la Constitución, frente al monumento al presidente socialista Salvador Allende.

Críticas a la Justicia

En tanto, el ministro de Justicia de Chile, Isidro Solís, informó que debido a la muerte de Pinochet, comenzarán a sobreseerse todas las causas por las cuales estaba procesado como único responsable. El general murió sin haber sido condenado por los cuatro casos en que estaba procesado, de los cuales tres eran por violaciones a los derechos humanos y uno de corrupción. Este último es el llamado «caso Riggs», referido a sus millonarias cuentas secretas en en Chile y el exterior.

En esta causa fueron procesados además la esposa de Pinochet y varios de sus hijos, además de su ex secretaria y su ex albacea.

El ministro salió a responder críticas respecto a la lentitud de la justicia, de muchos que opinan que «quedó en deuda» con el país.

En su opinión, se llegó a una etapa importante de los procesos ya que se logró establecer su participación en varios delitos: «Ahí están las resoluciones y ahora es una circunstancia adicional (la muerte) que impide que sigan adelante los procesos para que hubieran terminado eventualmente en una condena». En el mismo sentido, el presidente subrogante de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, afirmó que los tribunales no quedaron en deuda con Chile ni con el exterior pues los jueces hicieron todo lo posible, considerado las acusaciones y las pruebas que pudieron reunir, lo que derivó en diversos desafueros, filiación y encargatorias de reo. «Me parece que es una crítica equivocada, porque la gran mayoría de los jueces de corte que llevaban procesos en contra del general Pinochet, avanzaron bastante en la tramitación de los procesos «, comentó.

Con respecto a la lentitud de procesos, explicó que no es necesario entrar en esa polémica ya que fueron vistos por el antiguo sistema procesal penal, en tanto que con la actual reforma ahora son más rápidos y transparentes.

Sobre el futuro de las causas judiciales que tenía Pinochet, comentó se deberán dictar los sobreseimientos, aunque serán parciales si hay otras personas involucradas.

Sin embargo, el suspendido juez del «caso Riggs», Carlos Cerda, dijo sentir «pena y desilusión» ante la «incapacidad» del Poder Judicial de brindarle al país la verdad respecto de las acusaciones contra el ex dictador.

Por su parte, el retirado juez Juan Guzmán, quien procesó al ex dictador por el caso «Caravana de la Muerte», coincidió con Cerda ya que sí hubo denegación de justicia y que el Poder Judicial perdió la posibilidad de rehabilitarse ante el país.

«Pinochet culpó de los crímenes a los de más abajo, a sus subordinados, ése fue su estilo», señala Guzmán Tapia. (AFP/DPA)