Cambios en la obra de la Ciudad Judicial

Finalmente la postergada obra de la Ciudad Judicial en Cipolletti será controlada y ejecutada por el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, por decreto, le dará autonomía a la Justicia de Río Negro para que avance en la nueva licitación y control de la esperada obra en la Cuarta Circunscripción de Río Negro. Así lo confirmó Ricardo Apcarián, uno de los jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ).

Antes de este paso debe efectuarse la rescisión del actual contrato que el gobierno tiene con la empresa Dal Construcciones que ganó la licitación para la primera etapa de una obra que tiene 10.000 metros cuadrados cubiertos. La firma con asiento en Chaco ganó el derecho a la construcción del edificio en julio del año pasado, sin embargo nunca dio inicio a la obra.

Esto generó malestar no solo en Poder Judicial, sino especialmente en el sindicato de la Uocra que hace tiempo espera el inicio de los trabajos.

El gobierno se encargará de otorgarle los fondos y el Poder Judicial de todo el proceso de licitación y control de obra.

“Aceptamos la propuesta. En la medida en que nos garanticen los fondos la vamos a licitar nosotros y luego controlaríamos la ejecución a través de nuestro propio cuerpo técnico”, explicó Apcarián.

El juez adelantó que el objetivo, si se avanza en la rescisión del contrato con la firma chaqueña, es licitar la obra antes de fin de año para que pueda comenzar en 2019. La primera etapa de la Ciudad Judicial tiene un tiempo de ejecución de 900 días. Además creará 90 puestos de trabajo .

El Poder Judicial tiene un área de arquitectura que se encarga del control de obras que ejecuta el propio organismo, pero en el momento de la elaboración del proyecto ejecutivo no tenía la capacidad operativa que tiene hoy.

“Ya tenemos obras importantes gestionadas íntegramente por el cuerpo arquitecto como es la Ciudad Judicial de Villa Regina. Vamos hacer una parecida de 2.000 m2 en San Antonio, otra en Choele Choel, así que creo que estamos en condiciones de licitar esta obra siempre y cuando estén garantizados los fondos”, agregó Apcarián.

El presupuesto original para la primera etapa era de 307 millones de pesos. Si bien el reajuste con la fuerte devaluación del peso tendrá otro costo, según el gobierno los fondos están garantizados porque provienen de las regalías petroleras.

Por decreto el Gobierno Provincial le pasará la responsabilidad de la licitación y el control de ejecución al Poder Judicial. La Provincia deberá darle los fondos.

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