La suspendieron y despidieron sin causa, ahora cobrará una suma millonaria

Una mujer que empezó a trabajar en la Obra Social de Obreros Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén, en la sede de Cipolletti desde el 2013. Pasado un tiempo pidió que le cambien la categoría, ya que empezó a realizar tareas que implicaban una jerarquía mayor. Al poco tiempo de insistir con este tema fue suspendida por tres días, ya que le imputaron no haber atendido a un afiliado, acusación que impugnó y negó que haya existido esa falta. Luego de ser despedida en 2015 inició un reclamo ante la Cámara Laboral y finalmente hicieron lugar a su reclamo.

Todo empezó en 2013, cuando una mujer ingresó a trabajar en la Obra Social de Obreros Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén, en Cipolletti. Luego de un tiempo en el puesto, empezó a realizar tareas que implicaban la categoría de personal administrativo de primera categoría. Por ello pidió que se le cambie la categoría y que se le pague una suma superior.

Insistió con su reclamo pero en julio del 2015 la suspendieron por tres días, y la acusaron de no haber atendido a un afiliado. La mujer negó la falta e impugnó la sanción, pero en septiembre de ese año finalmente la despidieron sin causa.

La trabajadora inició un reclamo en la Cámara Laboral de Cipolletti y pidió que le paguen por diferencias salariales tras la incorrecta registración, y además reclamó que le pagaron menos de lo que correspondía en la liquidación final y denunció que no la indemnizaron tras el despido sin causa.

Los jueces de CIpolletti consideraron que la suspensión no tenía pruebas y consideraron que debía quedar sin efecto “por no haberse probado causa alguna que amerite su consideración”, se expidieron. También reconocieron que la empleada debió haber sido registrada “como Personal Administrativo, 1era. Categoría, del CCT Nº496/07, en función de las labores desempeñadas y acreditadas”.

Por esto, la Cámara hizo lugar a los reclamos y condenó a la Obra Social a pagar una importante suma de dinero por los descuentos de suspensiones, por las diferencias que adeudaban tras la liquidación final y además deberán indemnizarla por echarla sin causa.

Según trascendió, fuentes judiciales confiaron que la suma superará el millón de pesos, considerando los intereses que desde aquel año acumuló la deuda de la Obra Social con la despedida.

La sentencia lleva la firma de los jueces laborales de Cipollett, Luis Méndez, Luis Lavedán y Marcelo Gutiérrez, éste último como subrogante.