Nada logra frenar los casos de violencia familiar en Río Negro

Las cifras son alarmantes. La violencia familiar crece a medida que aumenta la conflictividad en la sociedad. El Poder Judicial fija políticas, dota de recursos a los juzgados de familia, pero ninguna medida parece ajustada para contener denuncias y gravísimos casos en todo el territorio provincial. En muchas ciudades, los jueces de Familia y los jueces de Paz trabajan de la mano de otros organismos del Estado: comisarías de la Familia, servicios de violencia en los hospitales, en el ámbito municipal y hasta casas refugios de organizaciones sociales.

Recurso extremo

Nada alcanza y el criterio ha sido resolver la violencia con una de las últimas medidas otorgadas por la Constitución: la prisión de los incumplidores, de los hombres que hostigan a las mujeres y que no respetan ninguna pauta de cumplimiento. Un juez de Familia de Cipolletti llegó al punto de secuestrarle el auto a un hombre que hostigaba y perseguía a su expareja. En otros casos se ordenan allanamientos, secuestros de armas de fuego y arresto de hasta 10 días. Existen fuertes críticas de los operadores del sistema por el desempeño de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia (Senaf) que depende del gobierno provincial.

El organismo interviene cuando en hechos de violencia se llegan a vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes. En un caso extremo, la Senaf tardó seis meses en intervenir, hasta que desde el hospital avisaron a un juzgado de Familia sobre una alarmante situación. En Cipolletti funciona el Ruca Quimei, institución municipal que trabaja tanto con las víctimas como con los victimarios. (Ver aparte)

Por las mañanas, muchos juzgados de familia se asemejan a una comisaría con constantes traslados de detenidos para las audiencias. Son padres incumplidores que no pagan la cuota, hombres que persiguen a sus exparejas o que se llevan a los niños de vacaciones y no los restituyen.

“A veces conseguimos mejores y más rápidas respuestas acá que en la Fiscalía, donde abundan los derechos de los imputados, el principio de inocencia y las tobilleras electrónicas”, se quejó una mujer víctima de violencia.

Números que alarman

En el primer semestre de 2018 ingresaron al Poder Judicial 3.800 denuncias enmarcadas en la ley 3040 que contempla todas las causas de violencia en el ámbito familiar. Son cerca de 300 expedientes más que en el mismo periodo de 2017, alrededor de un 10%, la misma cifra que se incrementó entre 2016 y 2017 entre enero y julio.

Las causas no sólo invaden los organismos estatales, también se reiteran y la violencia se torna cíclica. En muchos casos se resuelve el conflicto, el juez levanta las medidas y al tiempo el mismo núcleo familiar vuelve a radicar otra denuncia.

En seis meses Cipolletti recibió en los dos juzgados 816 causas, casi cinco denuncias por día. Al tratarse de una problemática que requiere resoluciones rápidas, generalmente en el mismo día se dictan medidas para ponerle un freno a la violencia y comenzar a trabajar en cada caso.

Por ejemplo días atrás la Justicia de Familia le dictó 10 días de prisión a un hombre que no estaba cumpliendo con el tratamiento psicológico. Una forma de lograr que los violentos se sometan al proceso de rehabilitación es el arresto. Otras medidas que han dado resultados por ejemplo es el secuestro del vehículo.

“Un hombre desde que se le secuestró el auto no faltó más a la psicóloga”, explicó un abogado que litiga en el fuero.

En la cordillera

Bariloche es otra de las localidades con alto índice de denuncias. La ciudad cordillerana registra 898 causas en el 2018, cinco por día, pero cuenta con tres juzgados que se llaman Unidades Procesales ya que tiene otra forma de trabajo justamente con el fin de acelerar los procesos. Es una prueba piloto que el Poder Judicial implementó desde el 1 de marzo en función de los datos estadísticos.

El proyecto es replicar el modelo en otras ciudades además de dotar a los juzgados de Familia de una secretaría que se ocupa exclusivamente de la violencia, de equipos interdisciplinarios con psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales. También se está trabajando en la sanción de un código procesal de Familia. Son medidas que sirven para mitigar la ola de violencia, aunque en la mayoría de los casos nada alcanza.

En tercer lugar está Roca con 764 causas en los dos juzgados que tiene. De las ciudades más pobladas de Río Negro, Viedma es la que presenta menor cantidad de casos judicializados. La capital registró 596, es decir 3,2 por día.

En los juzgados de Paz

Las denuncias por violencia familiar pueden llegar por varias vías, una de ellas son los juzgados de Paz ya que la mayoría de las ciudades rionegrinas no cuentan con un juzgado de Familia.

Solamente ocho localidades cuentan con al menos uno, en cambio hay 49 juzgados de Paz que cubren todo el territorio.

El juzgado de Paz de San Antonio es el que más casos presentó en el primer semestre: 171 y representan el 18% del total. Entre los cuatro primeros están dos ciudades que entran en la órbita de los juzgados cipoleños: Fernández Oro con 106 causas y Cinco Saltos con 82. El segundo lugar también es en la zona: Allen con 147, allí toman intervención los juzgados de Familia 11 y 16 de Roca. En el otro extremo están Pomona y El Manso con dos denuncias en seis meses.

Hay otras ciudades cono Sierra Colorada, Campo Grande o Los Menucos que no tienen registro. Otra de las bocas de denuncias son las comisarías de la Mujer, que cada vez hay más en la Provincia. También se pueden denunciar en las comisarías comunes.

La reincidencia en los casos de violencia son una constante y forman parte de un patrón común. La mayoría de las denuncias son de mujeres. De cada 10 denuncias, 8.3 la radican mujeres.

En Roca se observa, según datos oficiales del Poder Judicial, la mayor cantidad de incidencia en los casos relacionados a violencia familiar. Casi 200 denuncias de los 764 tienen antecedentes. Lo sigue Bariloche y Cipolletti.

En Ruca Quimei atienden a víctimas y victimarios

En Cipolletti el Ruca Quimei funciona hace 27 años en la atención a víctimas y victimarios de violencia familiar. Casi todos se encuadran en violencia de género. El equipo cuenta con siete psicólogos, una trabajadora social y una administrativa.

En lo que va del año recibieron alrededor de 2.000 consultas hasta fines de agosto, más de 8 por día. El equipo de trabajo cuenta que el primer paso para comenzar con un trabajo de rehabilitación es “reconocer el problema”. En las entrevistas preliminares se resuelve la admisión o no del sujeto.

“Tiene que haber un reconocimiento del problema para poder trabajarlo”, explicó Juan Delgado uno de los dos psicólogos que trabaja con los hombres. Una vez hecha la admisión se trabaja en grupos. Actualmente hay dos de mujeres y uno de hombres, de aproximadamente 15 personas.

Los profesionales sostienen que la violencia “madre” es la psicológica, que en muchos casos llega a la física, pero implica la económica y la sexual.

“Es común en el discurso de las mujeres de poner siempre al otro, al hombre. Él hizo esto o aquello, y lo que tratamos de trabajar es la propia subjetividad”, indicó Marisa Borgia.

“La idea es que en los grupos se pueda pensar sobre las conductas. Pensar que la violencia es una elección y se puede tomar otra resolución. Todos estamos insertos en un sistema patriarcal, para todos es una permanente revisión”, agregó María Hernández, psicóloga y coordinadora del equipo.

El dispositivo interdisciplinario concuerda en que se ven resultados en muchos casos.

Si bien muchos hombres desertan, otros se comprometen con el trabajo y logran mejorar su conducta. El programa estima un año de trabajo, pero los tiempos dependen del propio paciente, a veces más, a veces menos. En las mujeres el trabajo, además de apuntar a la subjetividad, es poder empoderar y fortalecer la autoestima, que es uno de los principales aspectos de la personalidad que avasalla la violencia psicológica. “Hay que revisar los estereotipos de mujer que reproducimos”, agregó Hernández. “También tocamos lo macro, lo que está afuera, que está atravesado por el machismo“, indicó Miguel del Egido, psicólogo.

El mes pasado se creó en Cipolletti la Casa Refugio que ya recibió víctimas pero aborda la problemática en el último eslabón de la cadena. El principal déficit es detectar el problema y el seguimiento. La Senaf es uno de los organismos estatales que se encarga de velar por la integridad de los menores. Sin embargo, tiene muchas dificultades logísticas para intervenir. Falta de recursos, de políticas claras, paros y trabajadores precarizados y becados son algunos de los motivos. Tiempo atrás el gobierno anunció la jerarquización del área y una mejora en las condiciones de trabajo de los operadores que los gremios promocionaron como el “fin de las becas”.

Ley 3040: medidas cautelares

Ordenar la separación del grupo familiar de aquella persona que el juez considere conveniente, si halla que la continuidad de la convivencia significa un riesgo para la integridad física o psíquica de alguno de sus integrantes.

El juez podrá prohibir el acceso del denunciado, tanto
al domicilio de quien fue la víctima como en su lugar de trabajo o estudio. Podría también prohibir que el denunciado realice actos molestos.

En caso de que la víctima fuera niño, adolescente, anciano o persona discapacitada, se otorgará la guarda protectora provisoria
a quien considere idóneo para tal función.

Establecer duración de las medidas precedentes, luego del estudio y evaluación de los antecedentes de las causa.