Productores vuelven a exigir que se derogue el impuesto a las tierras improductivas

En 2016 el Concejo Deliberante de Cipolletti promovió una ordenanza de ley impositiva para los dueños de las tierras bajo riego improductivas. El proyecto que tuvo su génesis en 2010 cuando el gobernador Alberto Weretilneck era intendente, fue impulsado nuevamente por el actual mandatario Aníbal Tortoriello. La ordenanza prevé multas para los chacareros que no produzcan. Sin embargo, la ley cosechó una lluvia de críticas para parte de los productores.

La primera medida que tomó el Ejecutivo fue dar un plazo de un año para que los productores puedan presentar un proyecto alternativo en el área de Catastro para eximirse del pago. No se presentó ninguna propuesta. Tras varias reuniones entre el mandatario y un grupo de productores autoconvocados, se resolvió postergar la puesta en vigencia de la ley de marzo a agosto de este año. A 10 días de cumplirse el plazo los chacareros volvieron a manifestarse públicamente para exigirle al intendente que derogue la ley.

“El intendente Aníbal Tortoriello y el Concejo Deliberante prometieron el 3 de enero pasado que derogarían esas ordenanzas, pero lo único que hicieron fue postergar su aplicación hasta agosto. Ya estamos llegando”, dice un comunicado. Además llaman a una convocatoria rural para “resistir a la injusta medida”. “Nos declaramos en estado de alerta y asamblea permanente hasta que esas absurdas ordenanzas, violatorias de todo derechos constitucional, sean derogadas”.

Según el informe de los productores, en 2017 se dejaron de producir 317 hectáreas solo en Cipolletti y los agricultores independientes no superan los 30 de los más de mil que supo haber en otras épocas. “Ante esta situación límite, siguen vigentes las ordenanzas 155/10 y 296/17 para confiscar nuestras propiedades. Ante nuestro asombro, tales ordenanzas tuvieron en su momento el apoyo del Consorcio de Riego y de la Cámara de Productores locales”.

La ley

la ley establece un gravamen para los propietarios de tierras improductivas bajo riego. De acuerdo a lo que establece la ordenanza de fondo (155/10), un propietario que tenga, por ejemplo, cinco hectáreas abandonadas en la zona norte, y que no las ponga a producir en los plazos fijados, deberá pagar unos 75.773 pesos anuales, a razón de 15.154 pesos por hectárea. Según el cálculo municipal, hay unas 2.800 hectáreas de tierra productiva en esta situación.

En su momento desde el Ejecutivo explicaron que la resolución surgió a raíz del abandono de las chacras y por los inconvenientes que generó en el sistema de riego, es por eso que también contaron con el apoyo del Consorcio de Regantes. Remarcó que el Municipio tiene la facultad de determinar el uso del suelo a través de ordenanzas ya sea con respecto a la producción, edificación, el funcionamiento de comercios e industria.