Revocaron el sobreseimiento de la mujer que impidió el funcionamiento de Ipross

Había sido desligada de la causa por disturbios en la mutual provincial, pero la fiscalía pidió revocar y que el proceso legal continúe. Ya había protagonizado situaciones similares.

06 jun 2018 - 19:19

Se realizó una audiencia solicitada por el fiscal jefe, Gustavo Herrera, para revisar el sobreseimiento de una mujer que fue acusada de impedir el funcionamiento de las oficinas de la mutual Ipross, en Cipolletti.

Desde la parte acusadora afirmaron que el sobreseimiento fue prematuro, y basado en una valoración arbitraria y parcial sobre las evidencias del caso. Alegaron que no se escuchó a las víctimas y a otras personas que se habrían visto afectadas por la situación.

El hecho sucedió el 21 de diciembre del año pasado, en las oficinas del Instituto Provincia de Seguridad Social (Ipross), cuando una mujer ingresó a las instalaciones y, tras amenazar al personal que se encontraba en el lugar, impidió el normal funcionamiento del organismo provincial, lo que obligó a las autoridades de la obra social a pedir la intervención policial apaciguar las circunstancias.

En la audiencia recordaron además, que la misma mujer ya se había presentado en otras ocasiones en las oficinas de Ipross, y también había generado otros disturbios, e inclusive argumentaron que llegó a agredir físicamente a una de las profesionales que cumple funciones allí.

Herrera reiteró lo que ya había planteado la magistrada interviniente al momento del sobreseimiento: que la mujer había protagonizado el reclamo basado en la falta de respuestas del organismo. Explicó que la mujer había pedido que se modificara el medio de transporte a Bariloche, que según la reglamentación vigente debía ser en colectivo, pero ella quería que sea en taxi, sostuvo.

Como la delegación local no podía autorizar esa excepción, el trámite había sido elevado a las autoridades provinciales en Viedma.

Pese a los argumentos contra la mujer, los reclamos acusando malos tratos e ineficiencia, son frecuentes en esta delegación de la mutual provincial, y en muchas ocasiones generaron situaciones similares.

“Esta fiscalía no pretende una pena de prisión efectiva para esta mujer, pero no podemos desconocer que ya ha accedido a dos beneficios procesales por otras situaciones similares que protagonizó”, aseveró Herrera. Lo que se busca es asegurar la “paz social”, explicó y agregó que pretende que la imputada entienda que debe realizar y canalizar los reclamos de la forma correspondiente.

Por su parte, el Juez de Juicio, Guillermo Baquero Lazcano hizo lugar al pedido de la fiscalía, y entendió que la resolución de su colega fue prematura. “Hubo un escándalo de proporciones mayores que excede lo tolerable”, dijo el magistrado. Tiene que haber una “certeza negativa” de que el hecho no ocurrió, aclaró para justificar la revocación. El proceso continuará con las etapas sucesivas.

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