Sigue la polémica por la Ordenanza Antifracking en Fernández Oro

Ayer, el municipio de Fernández Oro recibió la presentación de un pedido de inconstitucionalidad ante la recientemente sancionada Ley Antifracking, por parte de las empresas petroleras YPF e Ysur. El hecho vino a romper la precaria paz que en los últimos meses se vivía en el Deliberante orense, y generó cruces y entredichos entre la variedad política que compone el organismo.

Martín Rebaliatti, asesor legal de la comuna, emitió ayer un comunicado en el que responsabilizó al concejal del Ari, Caludio Correa, a quien culpó de haber insistido con la ordenanza para obtener rédito político, lo que habría acarreado el reclamo por parte de las petroleras. Lo que a Rebaliatti más preocupó, según indicó, se relaciona con los costos que afrontar la disputa legal generará al gobierno municipal.

Correa por su parte, respondió que Inés Ríos, la reemplazante de la expresidenta oficialista, Gladys Degenaris, también acompañó la iniciativa en contra de la extracción no convencional en el suelo orense. El único que no respaldó la ordenanza fue Raul Croceri, que por razones obvias no podría expresarse en contra del extractivismo.

El concejal, que ahora ocupa la presidencia del Deliberante consideró que las declaraciones de Rebaliatti son una “clara muestra del gozo que la demanda genera al intendente (Mariano Lavin) que siempre ha tenido una estrecha relación con las empresas contaminantes”, acusó.

Además, Correa aseguró que “existe una matriz ideológica detrás de las palabras vertidas por la pagina oficial del municipio, que coloca por encima el dinero al derecho a la vida, al agua limpia, a la defensa del río y de la salud del aire que todos respiramos”, disparó.

El fracking “ha demostrado ser altamente contaminante por toda la comunidad científica internacional y prohibido en países desarrollados y provincias de nuestro país”, concluyó.