Citan a Collado por Salto Andersen
Fue convocado para marzo. El juez Igoldi insistirá con la investigación de las presuntas irregularidades en la obra de la central eléctrica
Judiciales
El ex Superintendente General del DPA y actual funcionario del Municipio de Patagones, Horacio Collado podrá explicar el justicia rionegrina su rol en las presuntas irregularidades que el juez Favio Igoldi investiga en torno a la obra de la central eléctrica de Salto Andersen.
El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción N° 2, lo citó a prestar declaración indagatoria para el próximo 10 de marzo de 2015 a quién se le imputa que haber aprobado fraudulentamente la licitación pública Nº 1/05 convocada con la finalidad de contratar el proyecto Central Hidroeléctrica Salto Andersen, adjudicado la misma a la firma Grupo Isolux Corsan S.A por la suma de 41.838.573,49 pesos.
La fiscalía sospecha que la tramitación habría sido ostensiblemente irregular, generando ello un perjuicio económico al erario público, excediendo el pago efectuado en un 91,40 % de lo presupuestado.
La presentación inicial en el Ministerio Público Fiscal fue presentada por la ex defensora del Pueblo y actual legisladora Ana Piccinini, en setiembre de 2010. La entonces titular del organismo de Control denunció que era necesario investigar las redeterminaciones de precios que se hicieron, los beneficios fiscales que se obtuvieron, a quién beneficiaron, si al Estado rionegrino o la empresa, las causas del atraso de esta obra y una innumerable cantidad de hechos graves.
La justicia investiga si hubo o no accionar delictivo en el proceso de adjudicación y construcción de esa central hidroeléctrica sobre el río Colorado en cercanías de la ciudad del mismo nombre, en un presunto “fraude a la administración pública”.
Ese trámite tuvo en principio un costo de 22 millones de pesos pero terminó significando cerca de 130 millones y fue gestionado desde el Departamento Provincial de Aguas bajo la conducción de Horacio Collado.
En el 2006 la provincia adjudicó esa construcción a la española Isolux Corsán que cotizó 20 millones más sobre el costo oficial. En julio de 2010 la Legislatura autorizó al gobierno de Miguel Saiz el desembolso de 54 millones de pesos extras para afrontar los costos de la inversión.
A fines de 2012, cuando aún la investigación estaba a cargo del juez Carlos Reussi, la causa sufrió demoras -en particular en la realización de pericias- debido a que el expediente estaba en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que conduce Marcelo Ponzone y no avanzaba. Finalmente, la cuestión se activó y ahora el juez Igoldi pudo convocar a indagatoria al principal imputado.
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