Collado declaró por las obras de Salto Andersen

El extitular del DPA es el único imputado en esta causa que investiga una presunta defraudación en la adjudicación de la obra.

JUDICIALES

El extitular del Departamento Provincial de Aguas, Horacio Collado, declaró ayer en la causa que investiga una presunta defraudación en la adjudicación de obras en la central hidroeléctrica Salto Andersen.

Acompañado por sus abogados, el ingeniero leyó el expediente y luego declaró en el juzgado a cargo de Favio Igoldi. Luego el exfuncionario pidió ampliar la indagatoria el lunes próximo.

Se le imputa a Collado haber aprobado en forma presuntamente fraudulenta la licitación pública Nº 1/05 convocada con la finalidad de contratar el proyecto Central Hidroeléctrica Salto Andersen , adjudicando la misma a la firma Grupo Isolux Corsan SA por la suma de 41.838.573,49 pesos.

Para la fiscalía actuante esa tramitación habría sido ostensiblemente irregular, generando ello un perjuicio económico al erario público, excediendo el pago efectuado en un 91,4% de lo presupuestado.

La presentación inicial fue planteada por la ex defensora del Pueblo y actual legisladora Ana Piccinini, en septiembre de 2010. La entonces titular del organismo de Control denunció que era necesario investigar las redeterminaciones de precios que se hicieron, los beneficios fiscales que se obtuvieron, a quién beneficiaron, si al Estado rionegrino o la empresa, las causas del atraso de esta obra y una innumerable cantidad de hechos graves.

En ese marco la Justicia investiga si hubo o no accionar delictivo en el proceso de adjudicación y construcción de esa central hidroeléctrica sobre el río Colorado en cercanías de la ciudad del mismo nombre, en un presunto “fraude a la administración pública”.

Ese trámite tuvo en principio un costo de 22 millones de pesos pero terminó significando cerca de 130 millones y fue gestionado desde el DPA durante la conducción de Horacio Collado.

En el 2006 la provincia adjudicó esa construcción a la española Isolux Corsan que cotizó 20 millones más sobre el costo oficial. En julio del 2010 la Legislatura autorizó al gobierno de Miguel Saiz el desembolso de 54 millones de pesos extras para afrontar los costos de la inversión.

A fines del 2012, cuando aún la investigación estaba a cargo del juez Carlos Reussi, la causa sufrió demoras -en particular en la realización de pericias- debido a que el expediente estaba en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que conduce Marcelo Ponzone y no avanzaba. Finalmente, la cuestión se activó y ahora el juez Igoldi tomó la declaración indagatoria al único imputado en esta causa.

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