1975 - 2001 Tecnologías para el lucro

La cuantiosa inversión tecnológica hecha durante el período no mejoró la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías.

15 may 2006 - 00:00

Por CARLOS E. SOLIVEREZ (*)

Especial para "Río Negro"

En el período 1975-2001 se revirtieron totalmente las políticas del "estado de bienestar" de pleno empleo, alta participación del salario en el Producto Bruto Interno (PBI) y servicios sociales subsidiados, así como las de industrialización autosuficiente y protegida (que había llegado ya al límite de sus posibilidades). El proceso empezó en 1975 con "el Rodrigazo" que anticipó las medidas de José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía (1976-1980) del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), medidas aplicadas con un rigor sólo viable por la implantación del terrorismo de estado. Todavía no se ha estudiado suficientemente el origen del radical viraje de las Fuerzas Armadas a las nuevas políticas, pero con seguridad influyó la activa participación de militares argentinos en la estadounidense Escuela de las Américas, de la que fue aventajado discípulo el dictador Juan Carlos Onganía. Durante las presidencias de Carlos Saúl Menem (1989-1995-1999) estas influencias devendrían en "relaciones carnales".

Los sucesos del período reflejaron cabalmente los del resto del planeta. La formación de la Organización de Países Productores de Petroleo (OPEP) y el subsecuente encarecimiento del petróleo en 1973 generaron abundantes petrodólares y la gran expansión de actividades financieras al Tercer Mundo por la deslumbrante oferta de créditos (sólo inicialmente) a muy bajas tasas de interés. El aplaudido desmantelamiento del "estado de bienestar" hecho por la primer ministro Margaret Thatcher (Reino Unido) y el presidente Ronald Reagan (EE.UU.) y luego formalizadas en el Consenso de Washington (1989), promovió por "efecto demostración" el auge internacional de las políticas neoliberales. La reunificación de Alemania (1990) y el colapso de la Unión Soviética (1991) estimularon un triunfalismo capitalista uno de cuyos voceros intelectuales fue Francis Fukuyama con su declamado "fin de la Historia". El aceleramiento de los desarrollos tecnológicos productivos y su integración en procesos cada vez más eficientes, complejos y piramidales (tecnologías basadas en otras tecnologías, a su vez basadas en otras tecnologías, y así sucesivamente) crearon gran demanda de capitales cada vez mayores y más concentrados por necesidades organizativas. Los formadores de opinión construyeron el conveniente mito de la imposibilidad de desarrollo tecnológico sin aporte de capitales extranjeros. Entre el 2001 y 2002 salieron legalmente de la Argentina unos 26.000 millones de dólares. Si el gran ingreso de capitales del período –ensalzado en su momento como un gran éxito– hubiera estado mayoritariamente aplicado a la actualización industrial, no habría sido posible su masivo éxodo del 2001 con su nefasto saldo social: las construcciones no se fugan y las máquinas sólo lo hacen si sus tecnologías son competitivas.

Los marginados pobladores rurales trataron de mejorar sus condiciones de vida instalándose precariamente en la periferia de las grandes ciudades (villas miseria) para trabajar como obreros no calificados. El porcentaje de habitantes rurales disminuyó del 40% en 1930, al 19% en 1975 y al 10% en el 2000. Aunque encontraron allí pocos de los servicios públicos básicos, tuvieron mayor acceso a los cruciales puestos de trabajo y a las tecnologías de la salud y la enseñanza (la pedagogía argentina considera erróneamente que la enseñanza es un arte-ciencia, pero ése es tema para otro análisis). Los 800.000 desocupados de 1990 crecieron a más de dos millones en el 2001 y en el 2002 tocaron los seis millones. A precios constantes, el PBI del 2001 fue similar al de 1975, pero hubo una masiva transferencia de ingresos de los más pobres a los más ricos ("efecto Dooh Nibor", Robin Hood al revés). En 1990, el 10% más rico de la población tenía ingresos 15 veces superiores al del 10% más pobre; en 1999 el factor había aumentado a 24 y después fue aún mayor. En 1975 el porcentaje de la población incapaz de satisfacer de modo mínimo la totalidad de sus necesidades básicas (técnicamente denominados "los pobres") era el 5%; en el 2001 fue el 35% y llegó a superar el 50% en e 2003. En 1975 el porcentaje de la población con ingresos insuficientes para satisfacer al mínimo sólo sus necesidades alimentarias (técnicamente denominados "los indigentes") era el 2%; en el 2001 llegó al 12% y en el 2003 rozó el 25%. El salario real disminuyó durante el período alrededor del 40%. La productividad industrial –el costo en mano de obra por unidad de producto fabricado– aumentó alrededor del 40%, hecho aparentemente virtuoso. La mejora de productividad no provino de una mayor eficiencia del trabajo obrero, sino del recorte de salarios, de horas extras impagas y del reemplazo de mano de obra por maquinarias. La única virtud del aumento de productividad, la baja de precios, no se dio. En esas condiciones era imposible la subsistencia de una industria que hasta entonces estaba mayoritariamente orientada a un mercado interno cuyo poder adquisitivo se esfumaba rápidamente.

En 1975 la industria brindó el 35% de los puestos de trabajo, en el 2001 el 16%. En 1976 comenzó la disminución de la protección arancelaria (salvo para la industria automotriz), protección que fue casi anulada de modo indiscriminado por la gestión Menem en los '90, produciéndose un aluvión de productos importados de calidad "todo por $2". Un importante industrial argentino (Eduardo Bakchellián) –cuyas fábricas de calzado deportivo distribuidas por todo el país daban tasas de ganancias del 5 al 10% y trabajo a unas 30.000 personas– señaló que con esas políticas menos de 100 personas dedicadas a importar productos fabricados en países con mano de obra mal paga podían fácilmente obtener ganancias del 30 al 40%, dejando sin ingresos a una población como la de 15 Islas Malvinas. No hubo desindustrialización, salvo al final del período (del 10%), ya que la producción industrial siguió creciendo en términos reales hasta 1998. Lo que cambió radicalmente fueron sus características.

Hubo un masivo y acelerado proceso de redistribución de actividades. Desapareció una enorme cantidad de pequeñas empresas de alta ocupación de mano de obra y aumentó el tamaño de los grandes concentrados industriales de menor ocupación de mano de obra, fenómeno que en el expendio de alimentos se expresó por la proliferación de supermercados. Las empresas oligopólicas, cuyas prácticas no fueron casi controladas por los gobiernos, duplicaron su participación en el producto bruto industrial. Disminuyó grandemente la variedad de las manufacturas argentinas y la producción se volcó a productos exportables de escaso nivel de elaboración y bajo valor agregado. La industria textil y la metal-mecánica liviana, grandes demandantes de mano de obra, fueron las que más se redujeron. La producción industrial se concentró: en el 2001, el 2% de las mayores empresas (extracción de petróleo, siderurgia, petroquímica, cemento y alimentos) generaba el 60% del valor de producción y las más altas tasas de ganancias. En 1998, el 47% de las 322 mayores empresas del país estaba controlado por capitales extranjeros. Estas empresas "extranjeras" generaban el 61% de la producción industrial, el 66% de las exportaciones y el 73% de las importaciones, y recaudaban el 70% de las ganancias. Aportaban el 48% de la ocupación de mano de obra y sólo el 17% del saldo positivo de la balanza comercial, dato éste indicativo de la intensa remisión de ganancias al exterior.

En la época del peso barato, los inversores extranjeros no crearon nuevas industrias, compraron las existentes. Se arrendaron o vendieron los más valiosos bienes del Estado a una fracción de su valor real, alegando disminuir una deuda externa que pasó de 7.900 millones de dólares en 1975, a 150.000 millones de dólares en el 2001. Se privatizó una de las más grandes empresas mundiales del rubro petrolífero, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que había hecho la mayor parte de la exploración de cuencas y la más grande red nacional de surtidores de nafta, viabilizando en su época el transporte automotor hasta en el último rincón del territorio. Se alegaba la incapacidad del Estado de administrar bien empresas y la falta de recursos para actualizar su infraestructura, pero no fue necesariamente así. Mientras la telefónica estatal Entel no había actualizado sus tecnologías ni satisfecho las enormes demandas de conexiones, Gas del Estado había canalizado con gasoductos el gas hasta entonces desperdiciado de los yacimientos. El gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires fue en su momento el más largo del mundo, superando barreras tecnológicas que grandes países productores de petróleo consideraron insalvables. El déficit de YPF se debió a los valores subsidiados de las naftas, valores que se actualizaron justo antes de su privatización. Entre 1998 y el 2000 Repsol-YPF extrajo el barril de petróleo argentino a un costo inferior a 3 dólares y lo vendió al precio internacional de 20 a 30 dólares. La mayoría de las empresas privatizadas hizo sólo, y a veces ni siquiera, las inversiones indispensables para el mantenimiento de sus servicios y frecuentemente no pagó sus cánones. Entre 1993 y el 2001 la tasa anual promedio de ganancias de las empresas privatizadas –que gozaron del insólito privilegio de reajustar sus tarifas por la inflación de EE. UU.– fue del 10%, mientras que la del resto de las empresas fue del 1%. Al igual que en la época de la Conquista, los nativos entregamos oro y recibimos espejitos de colores.

La ganadería se hizo comparativamente menos rentable y su producción disminuyó, a pesar de los nuevos mercados abiertos por la crisis europea de la vaca loca y la erradicación nacional de la aftosa. El 80% de los productores de algodón del Chaco y Formosa era minifundista, sin capital ni actualización tecnológica y aunque el reemplazo de los braceros por cosechadoras mecánicas bajó a menos de la mitad el costo de recolección, su producción de algodón disminuyó de 130.000 toneladas en 1990 a 80.000 toneladas en 1999. El 91% de los fruticultores de Río Negro tenía menos de 25 hectáreas, un porcentaje elevado de su fruta era de baja calidad y debía ser transformada en jugos; la mayoría de las plantaciones necesitaba reconversión, mejores empaques y facilidades de almacenamiento. Salvo el asesoramiento del INTA, no hubo políticas sistemáticas de actualización tecnológica de los pequeños agricultores, y la labor de las cooperativas se vio casi imposibilitada por las altísimas tasas de interés de créditos que eran "salvavidas de plomo". Sin embargo, en la época surgió un producto que se expandió de modo fulminante, ampliando las fronteras agrícolas hasta los mismos pies de la cordillera; que usaba y usa las más avanzadas tecnologías; cuya tasa de ganancias casi duplica la del trigo, el maíz y el girasol; producto que se convirtió en la estrella mayor del firmamento rural argentino. La soja nos recolocó entre los primeros productores agrícolas y protagonizó el mayor experimento genético del planeta. Aunque en el 2001 el producto total agropecuario era sólo el 6% del PBI, el rubro fue y sigue siendo hoy la más importante contribución a la balanza de pagos.

Se "primarizó" y extranjerizó la industria, logrando una mayor inserción en el esquema internacional de división del trabajo, donde al Tercer Mundo le toca proveer productos primarios y mano de obra barata y costear su deterioro social y ambiental. Se exportaron los alimentos de los que carecían los más pobres y se importaron abundantes productos, como los electrónicos de última generación, para los más ricos. La cuantiosa inversión tecnológica hecha durante el período no mejoró la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías, enriqueció mucho a unas pocas empresas, la mayoría extranjera, a costa del resto del país.

 

(*) Doctor en Física y diplomado en Ciencias Sociales.

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