Consecuencias económicas del modelo K

18 jun 2008 - 00:00

El proyecto nacional del Poder Ejecutivo (PE), el modelo K cuyas consecuencias tecnológicas analicé en la edición del 21 de mayo de este diario, tiene los siguientes rasgos económicos.

La ley de Emergencia Económica, temporariamente bien justificada por el incendio social de diciembre del 2001, ha sido continuamente prorrogada a "libro cerrado" cuando, según el mismo PE, la situación económica es hoy muchísimo mejor que la de entonces. Esta ley elimina la indexación interna -reconocida, sin embargo, por el gobierno para algunos bonos externos- y lo autoriza a fijar a su arbitrio el tipo de cambio, la emisión de bonos, la contratación y renegociación de la prestación de los servicios públicos y la comercialización de los bienes esenciales. La mayoría de estas atribuciones pertenece constitucionalmente al Poder Legislativo, ya que el PE no es todo el gobierno, aunque la presidenta y sus ministros siempre asuman que lo son. La atribución constitucional del PE es llevar a cabo una plataforma política (su proyecto nacional) y asegurar la vigencia plena de todas las leyes, en especial de la Constitución Nacional, dentro de las limitaciones y prioridades que establece el Presupuesto Nacional, por eso antiguamente llamado "la ley de leyes". Esto ya no es más así porque la ley de Superpoderes, también de dudosa constitucionalidad, le permite al PE establecer el Presupuesto a su exclusiva conveniencia.

El modelo duhaldista de tipo de cambio alto -medio principal elegido por el gobierno para establecer su proyecto nacional- permitió a nuestra desmantelada industria volver a vender, no por mejoras tecnológicas (hubo escasas nuevas inversiones durante el período Kirchner) sino porque sus precios en dólares eran comparativamente bajos (dólar caro = peso barato = productos argentinos baratos en el exterior). Y porque los salarios industriales, drásticamente recortados durante el período menemista, siguen siendo de los más bajos del último medio siglo. El "maquillaje" hacia abajo de la inflación cumple dos importantes funciones: se "comerá" rápidamente los escasos aumentos salariales dados en los últimos años (disminuye así el costo de producción) y bajará significativamente (en muchos miles de millones de dólares) los intereses a pagar a los bonos indexados. Hay que recalcar que, según analistas nacionales e internacionales, la actual deuda externa argentina no sólo no ha disminuido (los bonos emitidos son deuda nueva), sino es hoy más alta que durante el incendio económico de diciembre del 2001.

El tipo de cambio alto mejoró enormemente la competitividad del país en el único sector que no lo necesitaba, porque ya tenía ventajas comparativas sobre los demás países del mundo: el de los grandes productores agropecuarios. En cambio, los pequeños requieren un dólar barato y créditos blandos para poder actualizar sus tecnologías. Para evitar esta injusta ganancia de los grandes exportadores generada por las políticas del propio PE, éste recurre a los derechos a las exportaciones que denomina "retenciones". Los gravámenes al comercio (los derechos de Aduana) pertenecen constitucionalmente al PE, pero cuando tienen montos tan altos como los actuales su falta de coparticipación a las provincias genera una enorme asimetría de recursos y un exagerado poder de "persuasión", similares a los que cumplía la Aduana de Buenos Aires en la época de Rosas. Para evitar perjudicar a los pequeños productores, el gobierno estableció complejos trámites burocráticos y demoras que tienen para ellos un altísimo costo operativo. Estas grandes asimetrías no se dieron nunca en los países más industrializados porque usualmente fijaban el tipo de cambio para que las ventas al exterior y al interior del país se hicieran a precios comparables, es decir, para que se pudieran efectuar buenos negocios tanto vendiendo a los compatriotas como a los extranjeros, como corresponde a "buenos capitalistas". Esos países dieron y dan subsidios al agro, no retienen ingresos a reintegrar en un futuro indefinido. Salvo esta grave asimetría, el tipo de cambio alto parece brindar dos grandes beneficios: hace competitiva la maltrecha industria posmenemista y aporta generosos recursos al Estado nacional (aunque no a los de las provincias productoras) para llevar a cabo proyectos de desarrollo nacional integrado o políticas clientelísticas o lo que le plazca entre esas posiciones extremas, ya que tiene todas las superatribuciones para hacerlo.

En realidad, el supuesto beneficio general de la política de dólar alto no es tal porque, aunque los árboles del lenguaje económico no nos dejen ver el bosque, hay una verdad indudable: el dinero no se reproduce solo y, más tarde o más temprano, lo que sale por un lado debe entrar por otro. Esto significa que cuando va mucho a algún sector, hay otro que recibe poco, aunque los canales de escurrimiento no siempre sean fáciles de identificar. Para mantener el tipo de cambio, el PE debe contar con grandes reservas monetarias para vender cuando hay faltante (como pasa en estos días) y comprar cuando hay sobrante (como fue la regla hasta hace poco). Según el Banco Central, las reservas son hoy de unos 50.000 millones de dólares; según economistas especializados, hay que restarles compromisos contraídos que las bajan a unos 30.000 millones. Ese dinero debe estar inmovilizado, no es productivo porque resulta un reaseguro imprescindible contra la repetición de las fugas de divisas del 2001. Si no fuera así, sería más barato pagar con esas reservas el faraónico tren bala para ejecutivos del cordón industrial Buenos Aires - Rosario - Córdoba que sacar el costosísimo préstamo que pagarán nuestros hijos y nietos. Asimismo, para que el tipo de cambio alto no dispare los precios internos de los alimentos esenciales y los combustibles, el Estado paga altísimas sumas en subsidios a empresarios no bien identificados, que algunos malintencionados afirman que son exclusivamente sus buenos "amigos" personales.

En vez de invertir en la actualización tecnológica, la capacitación de mano de obra especializada (actualmente deficitaria en casi todas las ramas industriales) y el apoyo a la capacidad exportadora (que requiere saberes complejos que la mayoría de las pequeñas industrias no tienen) para lograr que la industria sea competitiva se congelan gigantescos fondos en el Banco Central y se les pagan enormes sumas a grandes empresarios generalmente extranjeros o que las invierten en el extranjero. Se suma a esto un costo adicional hasta hace poco tiempo invisible, del que todos deberíamos tomar conciencia. Dólar caro significa que pagamos un precio elevado todos los productos industriales que no fabricamos, que van de pilas y lamparitas fluorescentes a grupos electrógenos, de sábanas de algodón y bolígrafos a computadoras, de zapatillas deportivas a aviones y transatlánticos. La consecuencia es que hay menos reposición y actualización de tecnologías, con la consiguiente disminución de eficiencia y competitividad. Esto se manifiesta ya no sólo en la industria, sino en toda la infraestructura tecnológica, desde las máquinas hasta la infraestructura general de provisión de energía, transportes y comunicaciones de todo el país. Si un botón sirve de muestra, mire qué pasa con el transporte público de pasajeros de su región: periódicamente los organismos responsables aumentan la vida útil (¿o inútil?) de los vehículos para suplir las crecientes dificultades para su actualización, porque las tarifas también se mantienen forzadamente bajas. Si en la Argentina no hay todavía más accidentes viales se debe a la pericia de nuestros choferes, no al buen estado de los vehículos y caminos.

A comienzos de la década de 1970, en plena dictadura militar, el matemático social Oscar Varsavsky publicó su libro "Proyectos nacionales, planteos y estudios de viabilidad". Usó el plural (proyectos) porque, como científico de excelencia, era consciente de que aun el mejor proyecto de país requiere ajustes que sólo pueden hacerse de modo mancomunado y en debate abierto, compatibilizándolo con otros proyectos tal vez parcialmente opuestos pero igualmente bienintencionados. En un país republicano, como formalmente lo es la Argentina, esos debates los hace el Poder Legislativo en las dos cámaras del Congreso de la Nación, entre los representantes de todos los sectores elegidos por el voto popular, no en despachos oficiales o empresarios. Si los legisladores no se sienten capaces de dar el debate que el país necesita, deberían tener la grandeza de cederles el paso a otros que sí estén en condiciones de hacerlo. De lo contrario, la contrastación de las virtudes y defectos, favoritismos y cargas sectoriales de los diferentes proyectos nacionales seguirá siendo un diálogo de sordos entre los piqueteros de las rutas y un súper Poder Ejecutivo Nacional que se apropia de las funciones que constitucionalmente le competen a un deliberadamente asfixiado Poder Legislativo.

CARLOS E. SOLIVÉREZ (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Doctor en Física y Diplomado en Ciencias Sociales: csoliverez@gmail.com)

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