Consenso fiscal con menos consenso privado

No todos los objetivos de la ley de Responsabilidad Fiscal, sancionada a fin de 2017 tras el consenso con todos los gobernadores (salvo San Luis), se están cumpliendo como lo preveían la Casa Rosada y no pocos sectores empresarios.

Hasta ahora marcha viento en popa su punto clave, que es transferir recursos extra a la provincia de Buenos Aires para que recupere en dos años las pérdidas provocadas por el prolongado congelamiento del derogado Fondo del Conurbano Bonaerense.

Esta inyección de recursos ($ 65.000 millones en dos años, que obligó además a modificar la fórmula de movilidad automática para los haberes jubilatorios) es la llave del proyecto político destinado a lograr a fin del 2019 la reelección de la gobernadora María Eugenia Vidal en el distrito de mayor número de votantes y, por extensión, la del presidente Mauricio Macri. En cambio, no ocurre lo mismo con la intención oficial de bajar la presión tributaria provincial a través de un sendero gradual de rebajas en un impuesto tremendamente distorsivo como Ingresos Brutos (II. BB.), que cae en cascada sobre distintas actividades productivas, comerciales y de servicios e impacta sobre sus costos y precios.

A menos de cuatro meses de la puesta en marcha del consenso fiscal, la mayor preocupación se verifica en el sector privado. Si bien el esquema acordado permitió eliminar tratamientos diferenciales en el II. BB. y fijó topes decrecientes en las alícuotas para los próximos cinco años, en este caso dejó abierta la posibilidad de aumentarlas en aquellas jurisdicciones con actividades que se encontraban por debajo de los máximos fijados.

Como consecuencia, nada menos que 13 provincias aplicaron este año subas de alícuotas de II. BB. para algunos sectores, a fin de compensar las bajas en otros. Estos cambios no violan la letra de la nueva ley de Responsabilidad Fiscal, pero sí su espíritu, tendiente a reducir la presión tributaria para bajar costos a las empresas y reducir los precios finales. Entre ellas se encuentran Río Negro y Neuquén. Un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) indica que en Río Negro aumentaron respecto del año anterior para siete actividades (comercio; electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; comunicaciones, telefonía móvil; intermediación financiera y servicios empresariales y sociales), mientras se redujeron en otros cinco (sector primario; industria local; industrias sin plantas en la provincia; construcción y transporte). A fines de enero, el gobernador Alberto Weretilneck defendió el aumento al 5% de la alícuota de II. BB. para la actividad comercial y de servicios, al señalar que las modificaciones impuestas tendían “a gravar la venta final de un producto y a desgravar a los productores y la cadena de producción”.

Esta peculiar interpretación le valió críticas de distintas entidades empresarias por subestimar el impacto del gravamen sobre los precios finales. A esto se suma que el consenso fiscal también prevé que provincias y municipios pueden compensar las bajas en II. BB. con ajustes en el impuesto inmobiliario.

Tal vez la explicación más concreta venga por el lado de los números: en el primer trimestre de este año, Ingresos Brutos representó el 62% de la recaudación de impuestos provinciales, seguido de Patentes de automotores (38%). En conjunto, el ingreso de ambos ($ 789 millones) creció casi 38% con respecto al mismo período del año anterior.

El caso de Neuquén es similar, aunque con algunos matices. Según el Iaraf, aumentó las alícuotas de II. BB. en seis actividades (comercio; restaurantes y hoteles; telefonía móvil; intermediación financiera; servicios empresarios y sociales y parcialmente en electricidad, gas y agua, según la facturación), en tanto que las redujo en dos (construcción y comunicaciones); las mantuvo sin variantes en otras dos (sector primario y transporte) y las disminuyó parcialmente (según niveles de facturación) para la industria local o empresas sin establecimientos en la provincia.

Entre las 17 jurisdicciones que aprobaron sus leyes impositivas según el consenso fiscal, el mayor cumplimiento se verifica en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero, que no aplicaron ningún aumento en II. BB. o lo redujeron para 1 hasta 9 de las 12 actividades incluidas.

En el extremo opuesto se ubica Tierra del Fuego, que elevó de 1 a 1,5% la sobretasa adicional sobre II. BB. destinada a un fondo de financiamiento de servicios sociales y, en la práctica, supera los límites máximos fijados por la nueva ley. En la industria la alícuota final para el 2018 será de 3% (frente a un tope de 2%); en construcción de 4,5% (aunque el máximo debería ser de 3%); telefonía fija 6,5% (vs. 5%) y transporte 4,5% (vs. 6%). A este fenómeno que incrementa la presión tributaria sobre distintas actividades en lugar de reducirla se suma que 5 provincias aún no aprobaron sus leyes impositivas para el 2018. Ellas son Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa y Santa Cruz, que en casi todos los casos arrastran problemas fiscales. De ahí que resulte una incógnita qué nivel de carga de II. BB. deberán soportar industrias, comercios y servicios.

Trece provincias, entre ellas Río Negro y Neuquén, subieron Ingresos Brutos a algunos sectores para compensar bajas en otros. No violan la letra pero si el espíritu de la Responsabilidad Fiscal.