Cruje el separatismo catalán

Tras el turbulento referéndum soberanista celebrado sin garantías el 1 de octubre en Cataluña, que dejó violentas imágenes que dieron la vuelta al mundo, los partidos independentistas catalanes se encuentran ante una encrucijada: cumplir a toda costa su promesa de declarar unilateralmente la secesión de forma inmediata o abrir un período de negociación y mediación para lograr su objetivo de forma menos traumática.

Durante varios días, el gobierno catalán y el español han cruzado advertencias y amenazas sin llegar a un atisbo de acuerdo en medio de un clima de polarización y gran tensión política y social.

Pero la salida de Cataluña de algunos de los bancos y empresas más importantes de la región, como la multinacional Gas Natural o Caixabank, ha marcado un punto de inflexión en la crisis y ha provocado una “desaceleración” en la hoja de ruta independentista, tal y como la calificó hoy el diario español “El País”.

Pese a que el “número dos” del gobierno catalán, el independentista Oriol Junqueras, trató de quitar hierro a la fuga de empresas asegurando que se trata de un traslado temporal, hay voces dentro del secesionismo que llaman a la cautela y reclaman un periodo de negociación.

“Para ser independiente hace falta unas cuantas cosas que todavía no tenemos: el control del territorio y las infraestructuras, de las aduanas y las fronteras, el hecho de que la gente nos pague los impuestos a la agencia catalana y una administración de Justicia que haga cumplir las leyes del Parlamento catalán”, dijo en una entrevista al diario británico “Financial Times” el ex jefe del Gobierno catalán Artur Mas, promotor del proceso independentista. El titular del rotativo, “Cataluña no está preparada para la independencia”, saltó rápidamente a los diarios españoles, aunque Mas matizó después que no fueron esas sus palabras.

Dentro del actual Ejecutivo catalán, el responsable del área de Empresa, Santi Vila, reclamó también en una entrevista en la radio pública catalana una tregua, un “alto el fuego” que frene decisiones unilaterales y que abra paso a una fase de “distensión” y negociación.

Mientras tanto, y aunque a principios de esta semana aseguró en una entrevista con la cadena BBC que la independencia se declararía “en días”, el jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, trata de ganar tiempo para lograr una mediación en el conflicto que evite la toma de decisiones precipitadas y sin posibilidad de retorno.

El Parlamento de la región aprobó el pasado 6 de septiembre una ley de Transitoriedad Jurídica –suspendida después por la Justicia– que pretende regular el plazo que transcurra entre la declaración de independencia y la aprobación de una Constitución catalana. Pero algunos sectores reconocen, como dijo Mas, que Cataluña todavía no cuenta con el control de los elementos básicos para ser un Estado independiente.

“Somos conscientes de que no podemos decir que nos largamos y se ha acabado”, explicaron fuentes del “Govern” catalán al diario “La Vanguardia”.

Desde Madrid, por otra parte, rechazan cualquier mediación internacional, pero no se inclinan de momento por aplicar el artículo 155 de la Constitución española, un mecanismo “virgen” en la democracia del país que permite suspender de forma parcial o total la autonomía de una región si no cumple sus obligaciones. Y que avivaría el conflicto.

“Estamos abiertos a hablar de formas de solución y de reformas factibles”, dijo el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, en una entrevista publicada hoy por el semanario alemán “Der Spiegel”.

En este contexto de incertidumbre total –nadie sabe a ciencia cierta si en los próximos días habrá o no una declaración de independencia–, la hoja de ruta a seguir puede provocar grietas en el bloque independentista, algo de lo que ya hay síntomas. Hace unos meses, varios miembros del Ejecutivo catalán dieron un paso atrás después de mostrar sus dudas sobre el proceso.

En Cataluña gobierna actualmente sin mayoría absoluta Junts pel Sí, una coalición de partidos prosecesión formada por el PDeCAT, heredero de una tradición nacionalista y liberal y más cauto ante una posible declaración unilateral de independencia, y por los izquierdistas de ERC.

Pero, además, hay un tercer elemento clave: la formación antisistema CUP. Con sólo 10 diputados de los 135 que tiene el Parlamento catalán, en sus manos está la llave del gobierno. Y su postura es inflexible: a declaración de independencia “es ineludible e inaplazable” y debe producirse “sin dilaciones”, dijo el viernes uno de sus parlamentarios, Carles Riera.

La CUP se refiere al plazo de 48 horas que fija la llamada ley del Referéndum, una normativa aprobada a principios de septiembre en el “Parlament” catalán y suspendida inmediatamente después por el Tribunal Constitucional español, para declarar unilateralmente la secesión tras la publicación de los resultados definitivos del referéndum del 1 de octubre, que se conocieron el viernes y confirman un 90% a favor del “sí”, según el recuento del “Govern”.

A día de hoy, parece difícil que ese plazo se cumpla. El Parlamento catalán fijó un pleno en la tarde del lunes para abordar la cuestión y posiblemente aplicar el resultado de la consulta, pero el Constitucional lo anuló.

En lo que la prensa catalana interpreta como un gesto para serenar los ánimos, Puigdemont decidió entonces obviar dicha sesión e intervenir en la Cámara el próximo martes, aunque en su petición no hizo referencias a la consulta soberanista ni a la posible declaración de independencia con el fin de evitar otra suspensión por parte de la Justicia. Lo que ocurra ese día a partir de las seis de la tarde es una incógnita.

Algunos reconocen, como dijo el ex jefe de gobierno Artur Mas, que Cataluña todavía no cuenta con el control de los elementos básicos para ser un Estado independiente.