Dinamita, dólares y dolores de cabeza en la cordillera

Por Andrés M. Dimitriu

23 nov 2002 - 00:00

La FAO convoca a defender las montañas con términos de bellas resonancias: "proteger el hábitat" y "mejorar el nivel de las comunidades que las moran", dos consignas que sustituyen, sin agregar nada nuevo, al controvertido "desarrollo sustentable". Sus animadores insisten con el error, a mi juicio nada ingenuo, de sugerir que las formas y objetivos actuales de crecimiento son compatibles con el cuidado de las personas, su economía y la naturaleza y proponen agregar montañas de textos internacionales que salgan en auxilio de esa creencia. Para ser plausible, sin embargo, esa campaña internacional en favor de las montañas debería tomar en consideración no sólo lo que dicen expertos, empresas transnacionales, ONGs y representantes gubernamentales fieles, sino también lo que no dicen (o publican, con resultados parecidos, en circuitos "que cualquiera puede consultar" cuidadosamente seleccionados) y, fundamentalmente, lo que en concreto hacen afuera de los salones de conferencias de la FAO o cualquier otro club de charlas amenas. En este caso, y para comenzar, habría que conocer, comparar y analizar en profundidad las diversas pretensiones sobre la cordillera de los Andes en todos los niveles, tanto de "las comunidades que las moran" como las que provienen de grandes conglomerados industriales, de transportes y servicios, incluyendo las finanzas, que son las que quieren determinar sin interferencias la dirección y las condiciones de la economía mundial. La primera gran sorpresa, o no, es que muy por encima de los esfuerzos locales o del insignificante asistencialismo correctivo que practica el gobierno, se proyectan descomunales pretensiones de uso intensivo de los recursos naturales de la cordillera que -no por casualidad- son desconocidos tanto por quienes viven en las montañas como por el resto del país. Me refiero concretamente al Tratado Minero entre Chile y la Argentina, firmado en 1999 durante la presidencia de Menem y transformado en un negocio "sustentable" gracias a la oportuna batería de leyes que lo ampara (1). La intención de quienes celebraron ese tratado es transformar el Cono Sur en uno de los distritos mineros más importantes del planeta, nada menos, y esto implica designar la cordillera como un inmenso depósito de metales y minerales puesto a disposición de un reducido número de empresarios cuyo principal riesgo es cumplir con las expectativas de impacientes accionistas e "inversores" bursátiles. Para entender la magnitud del problema hay que tener en cuenta una característica central del sistema económico actual, y es que las industrias, en primer lugar y para mantenerse competitivas, buscan dinero y no productos o prestaciones de servicios. Dicho de otra manera, la producción y la naturaleza, con todas las circunstancias que las rodean, son vistas como meros obstáculos que se interponen entre el inversor y el dinero. Y esa es una distancia que hay que cubrir rápido. A veces esos obstáculos son llamados costos e incluyen el precio del trabajo, demandas y reglas consensuadas de organizaciones públicas y privadas, costumbres, culturas y visiones diferentes a la dominante, normativas que protegen el medio ambiente, derechos humanos, condiciones de salud, las mismas economías regionales, especialmente cuando podrían sostenerse por sí mismas, y finalmente las "complicaciones" de la misma naturaleza (distancia, clima, alturas, etc.). El primer problema es que, para la vehemencia ejecutiva, un obstáculo es algo que debe ser derribado, lo que no sería necesariamente y siempre objetable si se tratara de desafíos legítimos, como por ejemplo controlar la erosión del suelo de la zona en la que somos productores o controlar un incendio forestal. Pero no es esa la escala, los objetivos y los métodos de los grandes negocios, que se alejan cada día más de las economías reales y mantienen una posición privilegiada gracias a un creciente paquete de "acuerdos multilaterales" que los protegen, incluyendo enormes beneficios fiscales, múltiples subsidios directos e indirectos, como el ALCA y otras "joyas" que provienen de la Organización Mundial de Comercio. Sin esos generosos cheques de ayuda social, institucional y ambiental serían sencillamente inviables, mucho más inviables que cualquiera de las acorraladas pymes. El segundo problema, asociado al primero, es que las grandes corporaciones y los bloques económicos que las agrupan compiten ferozmente entre sí, arrastrando a todo el mundo en su carrera, sus métodos, visiones y objetivos, y necesitan bajar costos de cualquier manera, caiga quien caiga. Pero así como piensan "en grande"y definen jerarquías, existencia y precios de fronteras, trabajo humano, expectativas materiales, conductas, bosques, montañas y cuencas, como si además fueran dimensiones puramente físicas o sustituibles por dinero, también se equivocan, destruyen y transfieren consecuencias a terceros "a lo grande". Los resultados, cuando ya no es posible barrerlos bajo la alfombra, son titulados como crisis y democráticamente repartidos. El tercer problema es que los mega-proyectos anónimos pasan muy por encima y al mismo tiempo impregnan la realidad económica, las relaciones cotidianas con la naturaleza y las condiciones políticas, aunque intenten luego corregir aquella distancia contribuyendo sustancialmente a la multiplicación de promesas técnicas, a la publicación de consejos de cómo "disciplinarse", al clientelismo político, a la privatización de la política por medio de ONGs que publicitan el "desarrollo sustentable" y "50 acciones que tú puedes hacer para salvar al Planeta Tierra" o asentando su crecimiento, con más astucia que rigor, en las gaseosas estadísticas nacionales. La expresión "Argentina exporta alimentos suficientes para alimentar a más de 350 millones de personas por año", sin ir muy lejos, es un buen ejemplo de ese tipo de discursos. ¿Realmente hace eso "la Argentina"? Con experiencia e influencia demostrada en diferentes ámbitos públicos y privados, el sector minero (no muy distinto a cualquier otro sector) también logró agregar sus propias metáforas a esa peculiar ristra de exhibiciones numerarias y por ello no falta quien publique cosas como "las exportaciones de la minería Argentina superarán a la ganadería", eludiendo cuestiones centrales como las múltiples ramificaciones, consecuencias y externalidades que hacen posible ese tipo de triunfo estadístico. La realidad se fragmenta en "sectores" (y en solícitos ministerios y bancos locales o mundiales que los atienden) y cuando a un sector le va bien, sugieren los contadores de la superficie, todo está bien. ¡Bingo!

Ahora bien ¿a quién le sirve este avance minero sobre los Andes? ¿Significará que "vamos" a extraer, por ejemplo, el carbón necesario para atender a "nuestras" fábricas, como en Inglaterra, Francia o Alemania del siglo XIX o durante los escasos momentos en los que atendíamos una industria siderúrgica nacional? ¿O que con cada voladura de rocas (docenas de miles de toneladas de roca por día en una sola mina), tratamiento químico del polvo resultante y lavado masivo con agua cordillerana se multiplicarán los ingresos regionales por regalías, creando así una base sólida para una economía actual y futura más inteligente y solidaria? ¿O que las explotaciones mineras -controladas por el Estado "casualmente" reducido que conocemos- utilizarán los más altos estándares disponibles y convivirán con la ganadería, la pesca continental y la agricultura orgánica, garantizando la provisión de agua limpia a la población, la preservación de flora y fauna o el turismo nacional e internacional que busca sosiego y pureza? ¿O que, por lo menos, se les ha impuesto proteger los Parques Nacionales y reservas naturales? ¿O que el desembarco del escaso personal contratado y de miles de desocupados buscando trabajo hará florecer por mucho tiempo al mercado inmobiliario, los negocios y la actividad artística y cultural de nuestras ciudades? ¿O que, en caso de accidentes, las compensaciones serán recíprocamente generosas y cubrirán a todos los damnificados directos, a las comunidades locales, a los costos de recuperación ambiental y estarán a cargo de las mismas empresas, sin recurrir jamás a fuentes públicas? ¿O que habrá participación mayoritaria local de las ganancias?

La respuesta es no a todo.

Suponiendo que entonces alguien salte de su silla informando que "incluso en los EE. UU." aumentó el número de explotaciones mineras ¿sería ese un argumento que justifique ir en la misma dirección? Aun si excluyéramos la opinión de los ciudadanos de nuestro país, la experiencia internacional y las evidencias indican todo lo contrario. El valor actual y potencial de la Patagonia como región comparativamente pura es inmenso -no sólo en el sentido cuantitativo de la palabra- y permite sostener una economía regional que todavía cuenta, por ese motivo, con una población activa que defiende con inmenso sacrificio su espacio y una apreciable variedad y calidad de socios y visitantes del mundo entero. En todo sentido esa imagen y ese potencial sobrepasan los previsibles e insostenibles escenarios que propone no sólo la minería sino cualquier otra actividad extractiva en gran escala destinada a satisfacer al anónimo e insaciable mercado exterior, incluyendo las que reposan, por decirlo de algún modo, sobre las tarifas de los servicios privatizados. No se trata entonces de apostar a paisajes tan bellos como socialmente excluyentes, surcados por agua limpia y privada, realzados por la presencia mediática de una docena de guanacos felices custodiados por millonarios recluidos en sus eco-estancias. Tampoco sirven las aventuras utilitarias que sólo progresan cuando -o porque- extorsionan a una población deliberadamente cercada por el hambre y se benefician con la pragmática fidelidad de políticos que, como el capitán del Titanic, pregonan la importancia de ir siempre para adelante... aunque conozcan el final de aquella historia.

(1) Ley de Inversión Minera 24.196, facilita la entrada de capital extranjero, asegura a los inversores una estabilidad fiscal por 30 años, tratamiento impositivo diferenciado, elimina el gravamen a importaciones o deducciones especiales para fomentar la protección del medio ambiente, entre otros beneficios. Con la Ley de Ordenamiento Minero 24. 224 el Estado entrega sin costo información geológica-minera, básica para orientar la inversión, y se incrementan las superficies destinadas a exploración y explotación. Con la Ley del Acuerdo Federal Minero 24.228 la Argentina ofrece un tratamiento jurídico homogéneo a la inversión privada. La Ley de Financiamiento y Devolución del IVA, 24. 402, crea un régimen que estimula las inversiones privadas en bienes de capital y obras de infraestructura, fomentando la producción de minerales con destino a la exportación. La Ley de Protección Ambiental 24.585 reduce las exigencias de protección ambiental en favor de la inversión privada. A esto hay que agregar leyes provinciales y disposiciones municipales.

*Profesor titular e investigador, Dto. de Cs. de la Información y Comunicación Social, FADECS/UNC. El Año Internacional de las Montañas (AIM 2002) fue coordinado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Durante las Jornadas Regionales "Desarrollo y Ciencia en Áreas de Montaña", que organizaron las Facultades de Turismo y de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue el 24 y 25 de octubre, los participantes expusieron diferentes visiones acerca de temas como el crecimiento económico, la conservación del patrimonio, el rol de la ciencia y la identidad cultural, entre otros. Este trabajo reproduce algunas de las ideas presentadas en la conferencia de cierre por el autor.

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