El Castello, entre culpas y denuncias

La exposición del plan Castello acapara la gestión. No hay otra existencia gubernamental. Su concreción es auspiciosa, pero no acalla culpas preexistentes.

Incómodo y exasperado, el oficialismo maldice la reinstalación del debate por la contaminación del río, a partir de una investigación de “Río Negro”. Replica con su plan futuro de plantas reparadoras y se cree autoexculpado del presente, tras seis años en el poder. Hasta ahora no priorizó construcciones de saneamiento importantes pues la inminente inauguración de Choele Choel tiene financiamiento del BID-Nación.

Su descuido no es exclusivo, otros gobiernos y parte de la sociedad tampoco notaron el arribo de la problemática ambiental y su sensible percepción. Pero el actual Estado arrastra ya demasiado años de dejadez.

La provincia concentra sus servicios de agua y cloacas, con su ente de control (DPA) y su prestadora (ARSA). La desinversión es histórica. Y este DPA siguió con lo suyo, focalizando sus erogaciones en personal y contratos de servicios. Un tercio de sus partidas recaen en equipos y pequeñas obras, generalmente en canales.

“Nunca existieron recursos importantes”, se defienden al lado de Weretilneck. Media verdad. Lo tuvo con la renovación petrolera, con casi 1.400 millones, y asignó 16 millones para el DPA. Todo análisis técnico de ese órgano rector se matiza con el orden político. Sus afables informes no son creíbles, máxime cuando los contradicen otros, requeridos por la Justicia, como el de la Prefectura, referidos a los valores bacteriológicos del río, frente a Viedma-Patagones.

La mirada política del DPA también asoma en las correcciones tarifarias, pensando en el humor social. Esa misión militante se hizo palpable esta semana cuando su presidente, Fernando Curetti, se instaló en la campaña reginense para promocionar la nueva planta cloacal, a pesar de que aún no está el proceso licitatorio.

El Castello también ocupa al FpV, que denunció al gobernador por las demoras en los envíos a los municipios. Esa queja se diluye porque sólo siete elevaron sus papeles. Es real también que el gobierno no publicó –si es que está, como dicen– el decreto que flexibiliza requisitos. Estos retardos sorprenden.

Posiblemente estas negligencias sí conformen un reproche válido, a pesar de que los legisladores cuestionan la operación financiera. Aquí, la coyuntura favoreció al mecanismo usado. Economía resguardó dos tercios del Castello en bonos nacionales en dólares (el resto fue a Lebacs) y cooperó la suba de esa moneda, que pasó de 17,2 pesos a los actuales 20,1 pesos. Un alza del 16%. Sí, en cambio, la parálisis de fondos y atraso en su uso tienen costos. Río Negro abonará casi 400 millones en junio por intereses y recién estarán comenzando algunas construcciones. La lentitud se detecta en los tiempos asumidos para proyectos y trámites: un año se cumplirá el mes próximo de la aprobación del plan y su lista de obras.

Esa jornada legislativa de mayo también fue decisiva para la mutación del vínculo gubernamental con ATE. Entonces, Weretilneck lanzó su ofensiva judicial y consiguió la detención de los líderes de ese gremio por sus enfrentamientos con policías. Eso despuntó otras actitudes. Hoy, los ministros envidian el acceso de Rodolfo Aguiar al mandatario, cómodo porque eliminó la protesta callejera mientras aquel incursiona e influye en los despachos. Eso será superior cuando integre la Función Pública y el IPAP, según el proyecto que esta semana llegaría a la Legislatura.

Frente a esa reformulación, Juan Carlos Scalesi llamó a la secretaria Isabel Tipping, expresando su enojo y sus límites. Dijo que UPCN no compartirá nada con ATE y advirtió que crearía su instituto si lo limitan en el IPAP. Este martes habrá otra ronda con los gremios. Será otro turno de cesiones mutuas. Antes, Regina elegirá hoy su intendente y, allí, la dirigencia provincial –empezando por Weretilneck– tiene algo que perder o ganar.

Incómodo por la reinstalación del debate por la contaminación, el gobierno se focaliza en su plan de obras y reniega de sus culpas acumuladas en sus seis años en el poder.

La oposición censura el esquema financiero pero, como siempre, el mayor déficit gubernamental es la lentitud para llevar los proyectos a su etapa de ejecución.