El Estado y los sindicatos se están llevando puesto al país

Lo que está pasando con el precio de los combustibles, las facturas de gas y luz, y los problemas de rentabilidad de Carrefour, son claros ejemplos que corroboran el título de esta nota.

Acá no vamos a analizar si la política de sinceramiento tarifario del gobierno nacional es la correcta o no. Tampoco, si el gradualismo es posible, o si por el contrario, la gravedad y urgencia exige de un shock de ajuste. El objetivo aquí, es sólo dejar en claro, dónde están los problemas.

Estoy mirando la factura de luz que pagamos en casa, en el interior de la provincia de Buenos Aires. La misma, incluye una lista de impuestos nacionales, provinciales y municipales, que en conjunto, llegan al 50% de lo que es el cargo por el consumo de energía. Repito: 50%. Concretamente, en este caso, sobre un consumo de energía mensual de $ 1.100 , los impuestos elevan el importe total de la factura que tengo que pagar a $ 1.600.

Pero la carga impositiva no termina ahí. El valor del KW que pagamos, o sea la tarifa propiamente dicha, bajo la concepción del gobierno nacional, debe ser tal que cubra: gastos de funcionamiento, inversión y rentabilidad, tanto en la generación, como en el transporte y en la distribución de la energía. Y está bien que así sea, si se desea la sustentabilidad y crecimiento del servicio. El tema es que esos gastos de funcionamiento, incluyen las archiconocidas cargas sociales (impuestos), cuyo nivel en Argentina, no tiene comparación internacional.

Por lo tanto, entre aquellos impuestos directos, que llegan al 50%, más los que están incluidos implícitamente dentro de la tarifa, la carga tributaria que pagamos en la luz, ronda el 60%. Impagable.

Acá y en cualquier país del mundo, los ciudadanos nos tenemos que hacer cargo de esa mochila que es el Estado. Bienes y servicios públicos como la educación, la salud, la justicia, la seguridad, la limpieza de calles (sólo por nombrar los más importantes), deben ser prestados por el Estado. Ya sea en forma directa por administración, o bien concesionados.

Pero esa mochila no puede ser tan pesada al punto de que nos doble la espalda. Y hoy estamos en esa situación. Nuestra dirigencia política, con el correr de los años, ha llenado el Estado de funciones, y lógicamente personal, que claramente, basta con ver la carga tributaria de luz y gas, no estamos en condiciones de pagar.

Un nivel de gasto público rondando hoy el 45% del PBI, es insostenible. Necesariamente, el Estado debe volver a una relación que no puede exceder del 30%. O sea, hoy se requiere bajar en un tercio el gasto público (pasar del 45% al 30%).

Pero volviendo al tema de las tarifas, los problemas no terminan en los impuestos. El servicio de electricidad, por su propia naturaleza, es un monopolio natural, donde es prácticamente nula la posibilidad de competencia entre sus proveedores. Esta situación implica dos cosas: la primera es que las tarifas no se fijan por oferta y demanda de energía, sino que están regulada. Deben ser impuestas por el gobierno, lógicamente, teniendo en cuenta aquellos parámetros mencionados (cubrir gastos, inversión y rentabilidad).

La segunda cuestión, es que esa condición monopólica, le da un brutal poder al sindicato, casi ilimitado, que le permite lograr salarios para sus adherentes, que llegan a duplicar, y más todavía, a los salarios promedio de la economía.

En resumen: aceptemos que es necesario y correcto que los ciudadanos nos hagamos cargo del costo de los servicios que usamos. Pero a costos razonables. No es justo que se le carguen a los servicios, impuestos y salarios que están fuera de la realidad de un país, que tiene un 30% de pobreza y graves problemas de rentabilidad en sus empresas.

*Economista


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