El gas y el Estado

03 nov 2007 - 00:00

El gas natural de petróleo licuado es un producto de los pozos petrolíferos que durante mucho tiempo se venteó en la Argentina, tirándolo a la atmósfera. Hoy, en todo el mundo, no sólo se reinyecta en los pozos para mantener la presión que fuerza la surgencia del crudo, sino se utiliza tanto como combustible de óptimas características como para la fabricación de fertilizantes y polímeros (plásticos). Su valor energético, a igualdad de masa, es el doble que el del petróleo y su combustión genera menos residuos. Quienes usaron calentadores o cocinas a querosén recordarán el denso hollín que pronto recubría el exterior de los recipientes, mientras que las hornallas de las cocinas a gas de hoy prácticamente no dejan residuos. Este hollín indica una indeseable combustión incompleta, es decir, mayor costo de calentamiento y contaminación ambiental. El gran octanaje del gas natural comprimido (GNC) lo hace el combustible óptimo para automotores, donde reemplaza con ventaja a la nafta a una fracción del costo, aunque seguramente no por mucho tiempo más.

La primera planta compresora de gas natural fue instalada por Mosconi en Comodoro Rivadavia en 1926. El 5 de marzo de 1945 (establecido, pero no festejado, como Día del Gas) YPF se hizo cargo de los servicios que prestaba la Compañía Primitiva de Gas, cuya concesión había caducado en 1940. El caro y contaminante fluido con que prestaba sus servicios domiciliarios y de alumbrado público se obtenía de hulla británica. El 3 de octubre del mismo año, siguiendo el modelo de YPF, el dictador Edelmiro Farrell creó el ente autárquico Dirección General de Gas del Estado, bajo la dirección del ingeniero industrial Julio Canessa, egresado de la Universidad de Buenos Aires. En 1933 Canessa dirigió la construcción en la Destilería de La Plata (en realidad ubicada en Berisso) de la planta de licuefacción de gas y almacenamiento del supergás de YPF en los grandes cilindros de 45 kg, que todavía conocemos. La empresa fabricaba y distribuía sus propios cilindros, lo que facilitaba el proceso de modernización de los sistemas de calentamiento y calefacción de todos los hogares del país, no sólo de la Capital Federal, única servida entonces por redes de provisión domiciliaria. Cuando se nacionalizó el gas en 1945, YPF rebajó sus tarifas en un 30% y los 216.000 usuarios de gas de red de 1945 aumentaron a 490.000 en 1949.

En 1947, Canessa propuso al presidente Perón el aprovechamiento del abundante gas de los yacimientos de Comodoro Rivadavia, mediante el tendido de un gasoducto que los conectara con el gran consumidor que era la Capital Federal. La que los productores privados de petróleo consideraron una quijotesca empresa, se terminó en 1949 y fue hecha por técnicos y empresas argentinos. Su

tendido de más de 1.600 kilómetros de tubería de 25 cm de diámetro, cruzando caudalosos ríos como el Negro, fue en ese momento el más largo del mundo. Aunque la mayoría de los materiales empleados debió ser importada, la construcción de un importante tramo dio el impulso inicial a Techint, que luego fabricó en el país los caños para muchos de los gasoductos posteriores. Éste fue uno de los escasos ejemplos de buen uso del poder de compra del Estado y el mayor logro tecnológico de las tres presidencias de Perón.

Le siguieron más de 22.000 kilómetros de gasoductos que conectaron los grandes yacimientos gasíferos con algunos de los más importantes centros consumidores, incluyendo localidades de Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay. Como puede verse en el mapa, no todas las provincias y regiones han sido igualmente atendidas. La Argentina fue un país exportador de gas hasta que la falta de detección de nuevos yacimientos obligó a suspender las ventas. Hoy Bolivia nos vende gas (a alto precio), en vez de comprárnoslo (a bajo precio) como hace 10 años.

El 26 de marzo de 1992 la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Alberto Pierri, debatió la privatización de Gas del Estado, diseñada por Carlos Bastos (ex secretario de Energía de Menem), a requerimiento del Banco Mundial. La empresa era entonces, por su magnitud, la tercera del mundo y los buenos negocios debían ser privatizados (pero sus deudas, estatizadas). La bancada radical, presidida por Fernando de la Rúa, abandonó el recinto. Para la consumación del despojo al pueblo argentino se requerían 130 votos, que se computaron a mano alzada pasadas las 16:30. Uno de los periodistas presentes vio a un extraño sentado en una banca, que interceptado a la salida del recinto confesó no ser diputado. Era Juan Abraham Kenan, asesor del hermano del diputado justicialista Alberto Samid. Aparentemente hubo más "diputados truchos" no descubiertos, asesores de diputados menemistas. Para evitar la repetición de hechos como éste la Cámara, que no sancionó a Samid, prohibió a partir de ese momento la asistencia de los periodistas parlamentarios a las sesiones. Los políticos son grandes psicólogos, saben que no importa la realidad sino lo que se hace creer sobre ella (caso de los índices de precios al consumidor).

Una vez privatizada Gas del Estado, las empresas concesionarias sólo invirtieron en el tendido de gasoductos para la exportación, el gran negocio del momento. Los imprescindibles para brindar buenos servicios a los usuarios argentinos (falta caudal en el invierno, cuando aumenta el indispensable uso de la calefacción) correrán otra vez por cuenta del Estado, que intervino sólo cuando la situación se hizo crítica. La exploración de nuevos yacimientos petrolíferos y gasíferos, siempre escasa, también disminuyó luego de la privatización de YPF por una razón muy simple: el todavía vigente marco regulatorio menemista estimula, o al menos consiente, que las empresas privadas maximicen su rentabilidad de corto plazo y minimicen sus inversiones en el país. Desde el punto de vista de la calidad del servicios, el Enargas como la mayoría (o la totalidad) de los organismos regulatorios creados durante la presidencia de Menem no protege a los usuarios sino a las empresas.

El gas natural provee el 45% del consumo energético del país. De no revertirse las actuales tendencias, en muy poco tiempo los argentinos sufriremos las graves consecuencias de su escasez y alto precio: problemas de calefacción (y consecuente aumento de las talas de bosques y de la contaminación ambiental), aumento del costo de transporte (e incremento del precio de las mercaderías en los lugares más alejados del país) y de la electricidad (las usinas térmicas más eficientes funcionan a gas). Con una buena planificación los problemas podrían subsanarse o al menos atenuarse, pero las medidas deben tomarse con rapidez y eficiencia.

CARLOS E. SOLIVÉREZ (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Doctor en Física y diplomado en Ciencias Sociales.

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