El gobernador y la ley

06 dic 2018 - 00:00

El gobernador Weretilneck anunció que está dispuesto a competir en las próximas elecciones a pesar que el texto constitucional se lo impide de manera taxativa. De manera pública, se han manifestado en oposición al anuncio gubernamental la totalidad de las fuerzas políticas de la provincia. Lo expresó el Pro, el radicalismo y el Partido Justicialista. Salvo Juntos, no hay quien piense irrefutable la conjetura esgrimida por el gobierno en la interpretación de los tiempos de los mandatos. El gobernador se ha ubicado en un lugar ciertamente temerario. Les ha dicho a los rionegrinos que está por encima de la ley.

En el contexto de la actual vida democrática del país, en el cual la calidad institucional cruje como nave azotada por un vendaval inédito, el gobierno provincial promueve una iniciativa que se suma a la ya de por sí menguada confianza de los ciudadanos en la salud de sus instituciones. La cercanía casi mimética con el gobierno del presidente Macri muestra a la actual administración dispuesta también a incorporar el desprecio por la institucionalidad. El ajuste a la democracia como epifenómeno del brutal ajuste del plan económico del gobierno macrista también ha terminado por desembarcar en territorio rionegrino.

Desde siempre se ha sabido que el hombre como único ser parlante se manifiesta en toda su potencia de ser a través del lenguaje. Aún más relevante se muestra la lengua, tratándose de la palabra política privilegiada que es el habla gubernamental. Por eso las palabras del gobernador muestran la intimidad de una concepción indolente con su investidura. Las habilidades del saber esotérico suelen ser atractivas y graciosas en el marco de una feria festiva. Otra cosa es cuando se asumen responsabilidades. Lo gracioso se vuelve temerario, en orden a la administración de la cosa pública.

Privilegiar primero la conveniencia personal de un acto y con posterioridad su verificación jurídica no es propio de quien ostenta la mayor representación simbólica del orden constitucional provincial. Así, indicó el gobernador, que el “sentido común” revelaba que el actual era su primer mandato y por lo tanto lo habilitaba para una reelección. Agregó que “en todo caso con posterioridad” se verían los aspectos jurídicos. El “sentido común” no es buen consejero de gobierno. El sentido común, lo aceptado sin crítica, lo dado, lo convencional, es el rostro más gris del pensamiento. Esas palabras y su enunciado no parecen ser las apropiadas. Son disonantes a grado máximo con el habla democrática. Podrían sí ser pertinentes en el habla marginal de un grupo dispuesto a la comisión de un delito. Nunca debieran ser pertenecientes al habla del gobernador.

Se trata de violentar el mandato constitucional, la madre del contrato social que ordena la convivencia cívica y democrática de la sociedad rionegrina. Deducir atajos y delinear estrategias electorales a base de desertar del espíritu y la letra de la Constitución es una contribución onerosa que se descarga frívolamente sobre la ciudadanía. A escasos meses de las próximas elecciones no es saludable cambiar unilateralmente las reglas de juego. No tienen por qué pagar los rionegrinos el descrédito de la política y sus instituciones que esa decisión implica. Además, se malogra la posibilidad de que la conversación pública gire en torno a problemas más que angustiantes que se viven en el país. Son los mismos que afectan a la provincia directamente y por los que el gobierno opta por un silencio de ausencias inexplicables.

El gobernador al cabo de ocho años de gobierno tuvo el tiempo suficiente para armar candidaturas sucesorias, planear estrategias electorales y planificar una administración que le sea redituable electoralmente. Tuvo tiempo, sin duda, hasta para endeudar en dólares las arcas provinciales con manifiesta vocación electoral, en el horizonte de políticas públicas devaluatorias que significan un dispendioso perjuicio financiero. Acción que, si se hubiera propuesto en el ámbito del consejo de administración de una empresa privada, le hubiera valido la más fenomenal reprimenda y su automática eyección de la función. Casi al final del segundo mandato, ya es tarde para introducir novedades constitucionales.

¿Qué motivación impulsa ese desacierto? La única interpretación que cabe es que la urgencia electoral es lo que prima ante encuestas duras y esquivas. Esos números propician, además, introducir de forma inconstitucional el sistema de balotaje mediante una ley reglamentaria, con el evidente propósito de manipular la voluntad de los ciudadanos y vaciar de legitimidad a la primera minoría. El gobernador y la ley viven en un desolado desencuentro. En tanto privilegia su necesidad electoral, al extremo de tomar la Constitución como emblema ajustable a una voluntad antojadiza, el desencuentro entre ley y gobierno se torna en una ominosa transgresión. Primero está la ley, luego el interés particular. Ese principio no es adulterable para ningún gobierno. Si los ciudadanos del común aplicaran la misma racionalidad que el gobernador se ofrece a sí mismo, la sociedad que existiría sería anómica y los hombres que la habiten inducidos a naturalizar prácticas tramposas. Se desencadenarían, en fin, las más feroces de las luchas fraticidas en que la tribalidad descarnada aniquilarían cualquier forma de convivencia social civilizada.

Se trata de violentar el mandato constitucional, la madre del contrato social que ordena la convivencia cívica y democrática de la sociedad rionegrina.

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