El nuevo juicio por jurados, ¿tiene vida por delante?

18 mar 2015 - 00:00

Causan estruendo y resultan trascendentes muchos de los debates que se despliegan hoy día en el ámbito de la Justicia penal de la provincia del Neuquén a raíz de los cambios legislativos impuestos que, aunque tal vez con buena intención, se han producido con bastante improvisación.

Sin dejar de advertir que el desmesurado engrosamiento de la Justicia penal, con los consecuentes costos para el contribuyente, en absoluto traerá una mejoría palpable para la sociedad en materia de seguridad y condena al delito, quiero detenerme en la grave polémica surgida a partir de la implementación del sistema de juicio por jurados y si el mismo cercena la garantía de la doble instancia ordinaria. Advierto también que mi análisis no se formula desde la técnica penal, sino desde una mirada constitucional.

Quienes desde siempre bregamos por la implementación del juicio por jurados, en cumplimiento del mandato fundacional de nuestra república impreso en 1853 y como participación concreta de la ciudadanía en la administración de la justicia, al mismo modo en que participa para las demás funciones del Estado (eligiendo representantes, integrando los cuerpos legislativos, votando leyes en referéndums, etc.), nos vemos preocupados por la modalidad en que ese instituto de la democracia se ha implementado en nuestra provincia.

Por eso no nos sorprende que un sector de la Justicia penal haya planteado directamente que, con independencia del funcionamiento del juicio por jurados, la garantía de la doble instancia impone que toda decisión adoptada popularmente resulta susceptible -después de emitida- de revisión integral por el tribunal técnico.

Entonces nos preguntamos: ¿para qué sirve toda la conmoción social que importa el juicio por jurados?, si pronunciado éste quienes van a decidir en realidad son otros jueces que actúan después; ¿y para qué sirve la oralidad y la inmediatez que se despliega en el juicio por jurados, si en sus audiencias estarán ausentes quienes en verdad tienen la última palabra?

Surge aquí la cuestión esencial: ¿es que son en verdad incompatibles el juicio por jurados y la doble instancia ordinaria?

Si como ha sentenciado nuestra Corte Suprema de Justicia la garantía de la doble instancia resulta hoy ineludible, a primera vista no habría forma de implementar un sistema útil de juicio por jurados porque siempre su decisión resultará revisable en toda su extensión y -como dijimos arriba- terminará decidiendo un tribunal constituido por jueces técnicos.

El problema está en que quienes defendemos el sistema de juicio por jurados también consideramos que constituye una garantía, garantía que fue negada a los argentinos durante más de un siglo y medio. Y nos resistimos a que, por fin implementado, la participación ciudadana en la administración de justicia quede como un puro simbolismo.

La prueba de que el constituyente consideró también como garantía al sistema de jurados la hallamos en la ubicación que le cupo en el texto constitucional; no fue en la parte orgánica -donde se reparten las competencias del Estado- sino en la dogmática constitucional, integrando las declaraciones, derechos y garantías.

Se llega así a un punto aparentemente paradojal, donde, coexistiendo dos garantías en nuestra Constitución, su aplicación práctica lleva a la neutralización de una por la otra.

Pero como la vocación del derecho no es simplemente discutir y contentarse con las contradicciones, sino esforzarse por hallar soluciones, postulamos que en el sistema constitucional argentino no existe tal paradoja de garantías. Al contrario, es bien posible que concurran a favor del ciudadano vías paralelas de protección tal como acontece -por ejemplo- con la acción de amparo.

En esa alternatividad no podemos decir que, porque el amparo está vedado a quien eligió las vías judiciales ordinarias de defensa de sus derechos, exista contradicción entre una garantía y la otra. Simplemente se trata de vías opcionales que quedan libradas a la decisión soberana del hombre a quien la Constitución protege.

Por supuesto, si se piensa que las garantías constitucionales en realidad son ‘impuestas’ por el Estado y en ningún caso se trata de herramientas de protección por las que el individuo pueda optar, entonces el problema es mucho más profundo y carecerá de solución. Algo de eso parece trasuntar la ley vigente al imponer el juicio por jurados para el enjuiciado, pasando por alto que éste cuenta también con la garantía de la doble instancia que, aplicada sobre el final del juicio, transformará al primero en una mera forma vacía, de alargamiento de los tiempos judiciales y de participación ciudadana sólo aparente que en definitiva no decide nada.

Una simple modificación a la ley procesal, ofreciendo dos vías alternativas y diferentes de acuerdo a la garantía por la que opte la persona sometida a juicio, es el sencillo ajuste que requiere la Constitución.

Por un lado, el veredicto emitido por los propios conciudadanos, sólo sometido a revisiones por causas extraordinarias y acotadas, que tendrá como ventajas la rapidez, la inmediatez y la oralidad; por el otro, el tradicional juicio de jueces técnicos, de acumulación de actuaciones escritas (o digitales) que permitan su replica eficaz en otra instancia de revisión total de lo actuado y cuya ventaja será contar con una segunda chance de juzgamiento.

Sólo bajo este esquema de vías alternativas, a elección libre del acusado y no impuestas por la ley, pueden coexistir en nuestro sistema constitucional ambas garantías. No aceptarlo sólo perpetuará la contradicción, las discusiones técnicas, la inseguridad para el ciudadano y la inestabilidad de las decisiones jurisdiccionales adoptadas por el pueblo en su función de jurado.

GASTÓN RAMBEAUD

Abogado y docente. Fundación Progreso y Libertad

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