Juicio por jurados, más participación

A partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal (ley 2784), Neuquén implementó el juzgamiento bajo la modalidad de juicios por jurados, en aquellos casos de delitos contra las personas, la integridad sexual o cualquier otro cuyo resultado haya sido muerte o lesiones gravísimas y en los que la fiscalía solicite una pena superior a los quince años.

A través de publicaciones periodísticas tomé conocimiento de una reunión entre representantes de los poderes Judicial y Ejecutivo para comenzar a delinear un proyecto tendiente a ampliar la intervención de jurados ciudadanos a otros delitos cuya escala penal sea incluso menor a los 15 años.

En este marco, el ministro Juan Pablo Prezzoli señaló que “se debe dar un profundo debate articulado y amplio con todos los sectores”.

Coincido plenamente con estas palabras, y agrego que esa discusión no puede nunca soslayar la indispensable participación de la Defensa (pública y privada), por ser un actor esencial en la tutela de derechos de las personas imputadas.

En ese sentido, y en caso de concretarse un proyecto de reforma de dicha modalidad de juzgamiento, desde el Ministerio Público de la Defensa propondremos que el imputado pueda elegir ese sistema de enjuiciamiento, toda vez que el juicio por jurados es una garantía para el justiciable y no está previsto que sea de ese modo en el actual sistema neuquino.

Asimismo, y tal como se encuentra previsto en el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, y a los fines de dotar de mayor legitimidad a las decisiones del jurado, se propondrá una mayoría más calificada a la actual (hoy se requieren 8 votos para un veredicto de culpabilidad), elevando dicho guarismo a diez (10) votos, y requiriendo unanimidad para aquellos delitos que tengan prevista pena de prisión perpetua.

Por lo demás, coincido en que a través de una modificación en el actual sistema de juicio por jurados puede afianzarse y ampliarse la participación ciudadana en la administración de justicia, por lo que deberían incorporarse otro tipo de delitos a los previstos actualmente, como ser los delitos contra la administración pública, que tanto preocupan a la sociedad y no tendrían que quedar al margen de este modo de juzgamiento. Al momento de plantearse este debate seguramente surgirán otras modificaciones.

De este modo, la Defensa Pública se suma a la voluntad de reforma existente, a fin de adecuar esta modalidad a los actuales paradigmas imperantes a nivel nacional e internacional, propendiendo a adecuar la herramienta como garantía del imputado, elevar la legitimidad de las decisiones populares mediante la exigencia de una mayoría más calificada (y unanimidad para penas de prisión perpetua) y la apertura al juzgamiento de delitos de corrupción, que permitan la participación democrática de la ciudadanía también en este tipo de delitos.

*Defensor general de Neuquén