La Convención Municipal de Bariloche

CESAR JORGE NOUCHE (*)

04 may 2006 - 00:00

Especial para "Río Negro"

En la Convención fundacional para reformular la Carta Orgánica municipal de Bariloche, en 1986, el suscripto fue electo presidente y en ella estaban representados todos los partidos políticos de la época. Fuimos en total 11 constituyentes: cuatro por la UCR (donde yo encabecé la lista); dos por la UCD; dos por el PI; dos por el PJ y uno por la DC. Fui elegido presidente por la primera minoría y como vicepresidente primero se designó al doctor Ricardo Mayer, de la UCR. Entiendo que no se podía pedir una representación más democrática.

Funcionamos en el salón de reuniones de directorio que nos cedió la cooperativa eléctrica y demoramos unos cuatro meses hasta lograr la redacción final. Tuvimos muy buenos debates y decidimos no formar comisiones. Todos los debates se hicieron en los plenarios celebrados una vez por semana. En su momento preparamos tres ejemplares sobre los textos totales de los debates, los cuales fueron remitidos a la Legislatura provincial, a la municipalidad y a la Biblioteca Sarmiento. Desconozco el actual destino de estos documentos.

Fuimos perfectamente conscientes de la responsabilidad que nos tocaba, ya que era la primera vez en la historia argentina que un municipio redactaba su carta orgánica en forma totalmente autónoma. (Recuerdo que en otras provincias las cartas orgánicas debían ser revisadas y aprobadas por la Legislatura provincial). La innovación rionegrina fue tan trascendente que el presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, viajó especialmente a Bariloche para recibir una copia, acto que contó asimismo con la presencia del entonces gobernador Osvaldo Alvarez Guerrero y el ex presidente del Concejo Municipal, Atilio Feudal.

No había muchos antecedentes sobre modificaciones en Cartas Orgánicas Municipales (COM), sí de constituciones provinciales. Estudiamos mucho y fue una premisa que la COM debía ser una herramienta simple, que ordenara la forma de gobierno, su sucesión y el funcionamiento de las instituciones municipales. Tratamos de evitar aquellas definiciones que debían ser resueltas por los gobernantes en función de las circunstancias imperantes en determinado momento y tampoco imponer derechos y garantías que ya estaban contemplados en la Constitución. Por esa razón logramos un texto relativamente corto (82 artículos) contra otros muchísimos más frondosos.

Uno de los temas que mayor debate tuvo fue la definición del Tribunal de Cuentas. Una parte (con la que yo coincidía) sostuvo que el tribunal electo ya no tenía funciones, porque al dividir el Ejecutivo con el Legislativo (Concejo Deliberante) se iban a superponer los controles y surgirían problemas en el tratamiento del control sobre las cuentas públicas. Nosotros proponíamos una auditoría externa profesional contratada por el Concejo. Triunfaron en la votación los que propusieron el Tribunal de Cuentas electivo, con todas las atribuciones que tenía el sistema anterior. Creo que el devenir histórico nos dio la razón a los que sosteníamos lo contrario, ya que en los últimos 20 años los gobiernos municipales tuvieron dificultades para aprobar los balances. Y siempre hubo desencuentros entre los concejales y el tribunal: ¿a quién le correspondían los controles de las cuentas públicas?

Lo más novedoso de esta COM (de la cual siempre me sentí orgulloso) fue precisamente el imponer una cláusula que obligue a que sea revisada por una nueva Convención Estatuyente a los 20 años, con las mismas facultades que la Convención fundacional. Considerábamos que las reformas constitucionales siempre fueron difíciles porque estaban muy contaminadas por los intereses políticos del momento. Algunas llegaron a ser escandalosas, como la reforma de 1994, la cual se promovió exclusivamente para permitir la reelección de un presidente con nombre y apellido. Nosotros pensamos que debía dárseles una nueva oportunidad a las generaciones futuras, para que aprovechando la experiencia de 20 años de funcionamiento pudieran construir una nueva COM sin las apetencias y los intereses políticos de un determinado momento. Por eso dijimos que transcurridos 20 años se debía revisar íntegramente. Los 20 años se cumplen este año. En 1986 la cláusula resultó inédita (no sé si alguna COM redactada posteriormente la incluyó) y fue una idea exclusiva de nuestra Convención estatuyente. Y sigo sosteniendo que fue muy sabia.

Cuando leo sobre el debate que se está desarrollando en Bariloche, sobre el momento en que se debe convocar a la Convención, si es conveniente este año o mejor lo hacemos el año que viene, veo que se la vuelve a enmascarar con estrategias políticas del momento. Realmente me sorprende la pobreza de la clase política en no saber respetar las normas establecidas. La COM dice, sin ninguna duda, que transcurridos veinte años debe ser revisada. Esto no merece ninguna especulación. Los convencionales del '86 previeron esta norma para evitar que un momento político conveniente o adverso de una mayoría coyuntural eligiera la fecha de la reforma y los temas que se deben reformar –que lamentablemente fue lo que ocurrió en todas las reformas de las constituciones–. Es muy grosero y lamentable que algunos sectores, que evidentemente le tienen miedo a un resultado electoral que pueda ser tomado como testigo para las elecciones del año que viene (es el único argumento que se me ocurre), desconozcan el texto de una norma que precisamente rigió el destino de Bariloche durante los últimos veinte años.

La clase política argentina, en su conjunto, viene agrediendo textos legales de acuerdo con sus conveniencias políticas. Los decretos de Necesidad y Urgencia, los abusos en los manejos presupuestarios, la tolerancia en los desórdenes públicos, la falta de respeto en los representantes del pueblo por mantener sus propuestas de origen que lo llevaron al escaño (Borocotó, Cuevas, etc.) y muchísimas otras faltas más. Y ya hasta la sociedad toma esta conducta como normal, y es muy grave. Así nunca vamos a tener un país medianamente serio.

Creo que el pueblo de San Carlos de Bariloche, que siempre se distinguió por su madurez política (bastante por arriba del promedio nacional), no tiene que permitir esto. Y debe exigirles a los dirigentes de todos los sectores políticos que actúen en consecuencia y respeten las leyes preestablecidas.

(*) Presidente de la Convención Estatuyente de 1986.

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