La crisis del clientelismo

27 mar 2008 - 00:00

Como es evidente hoy, la crisis de diciembre del 2001 nunca fue resuelta, sólo quedó enmascarada por dos hechos que difícilmente perduren mucho tiempo más. El primero fue el encarecimiento del dólar, que premió con la pesificación de los depósitos a un sistema financiero que vendió divisas inexistentes. Esta devaluación del peso no fue una medida bien planificada; fue forzada por el inevitable pero estimulado incendio social. El segundo hecho fue la inusual alza de los precios internacionales de las materias primas e insumos industriales -commodities- generada por el auge económico mayoritariamente de China -casi el 20% de la población mundial-, pero también de India -más del 15%-. Se puso entonces nuevamente en evidencia la ventaja comparativa natural argentina: el bajo precio -en dólares- de los productos agropecuarios, en particular el de la producción dominante que es la soja -para el costo a largo plazo de esta política, véase la discusión del tema en la edición del diario "Río Negro" del 10/6/2006, http://www.rionegro.com.ar/diario/rural/2006/06/09/834.php)-.

La crisis es la del tradicional clientelismo político argentino, sistema detalladamente descripto en la edición del "Río Negro" del 12/10/2005 (http://rionegro.com.ar/arch200510/12/o12a02.php). No es la consecuencia de la incapacidad de nuestros políticos de comprender la realidad inmediata, capacidad que todos los oportunistas tienen bien desarrollada, sino de su incapacidad de prever -o su desinterés por- los efectos futuros de acciones que acarrearán graves consecuencias sociales de gran duración. La incapacidad de nuestros gobernantes de resolver definitivamente la crisis es inherente a las características centrales del sistema clientelista que señalo a continuación.

Se busca la máxima recaudación legal vía impuestos o ilegal vía "comisiones", con el mínimo esfuerzo. La recaudación se facilita con la mayor concentración de la riqueza, como sucedió con el auge de las grandes empresas en la época menemista. También, favoreciendo la radicación de industrias en el conurbano bonaerense, que con el 1 por mil de la superficie concentra casi el 30% de la producción industrial del país. La recaudación ilegal se aumenta con el fomento de la corrupción empresaria, cambiando favores políticos por aportes en un sistema donde no está regulada la defensa de intereses sectoriales, como lo está el "lobbying" en Estados Unidos. El uso de los fondos comunitarios genera máximas "comisiones" cuando se pueden seleccionar arbitrariamente los grandes emprendimientos tecnológicos -Aluar, Yacyretá, gasoducto del Noreste, tren bala...- por falta de criterios de selección explícitos y bien fundados en razones técnicas y sociales. La injusticia y la corrupción son posibles cuando los legisladores de todos los niveles políticos son elegidos "a dedo" por un pequeño grupo selecto para integrar listas sábana, no por su talento sino por su disposición a ser meros "levantamanos". El Poder Legislativo deja entonces de ser un ámbito de elaboración de consensos entre intereses muchas veces conflictivos pero válidos para sólo convalidar los intereses del Ejecutivo -diferenciemos bien entre las ramas del gobierno-. La recaudación se facilita cuando se mantiene un sistema tributario regresivo en el que no se aporta en función de los ingresos sino sólo de lo que se compra, independientemente de que se invierta en bienes esenciales como la comida o se gaste en lujos como los automóviles deportivos importados.

En este sistema el sustento político del gobierno se basa en el clientelismo de los pobres -que aportan la mayoría de los votos- y la corrupción de los ricos -que aportan la mayoría de los fondos-. El sustento político requiere también la corrupción sindical, "comprar" a los dirigentes para que controlen los paros o usarlos como fuerza de choque. También requiere dar trabajo "en negro" a los desocupados -lo que evita conflictos con los sindicalistas- para usarlos también como fuerza de choque. El sistema clientelista se funda así, cada vez más, en las manifestaciones más mafiosas del país. Esto deja afuera a la clase media, que no puede aportar grandes cantidades de votos o de dinero y cuya frustración y cuyos reclamos insatisfechos se ponen claramente en evidencia en los "cacerolazos". Esta clase media contiene a la gran mayoría de los intelectuales del país, participantes indispensables de cualquier buen proceso de planificación.

El azuzamiento del enfrentamiento de pobres contra ricos -sin diferenciar entre especuladores y genuinos inversores- y de ciudad contra campo -sin diferenciar entre pequeños productores y grandes exportadores- hace que los intereses contrapuestos legítimos -no todos lo son- no se armonicen sino que se exacerben. La falta de planificación no promueve la integración armónica de los recursos productivos, con el consiguiente incremento de los puestos de trabajo, e impide prever los problemas de mediano y largo plazo. El país despilfarra sus recursos naturales -el suelo crecientemente degradado, los bosques en constante disminución, los recursos no renovables, como los hidrocarburos, en constante disminución- sin medidas preventivas o de estímulo de la diversificación. La industria no desarrolla una capacidad exportadora generalizada porque sólo se favorecen los intereses de los grandes conglomerados, mayoritariamente extranjeros.

No me atrevería a decir que la crisis es terminal, ya que la capacidad del Ejecutivo de poner parches sobre parches parece inagotable. Algún día los parches serán tantos que el sistema colapsará, seguramente en medio de una gran crisis social, pero nadie sabe cuándo. La solución estable es encarar las grandes reformas necesarias: una reforma política con un Ejecutivo menos hegemónico y el reemplazo de las listas sábana de legisladores por candidatos individualmente votados que rindan cuenta a sus electores; cambios en los métodos de designación y control de los jueces; una reforma tributaria con imposición creciente a las ganancias -nadie debería poder ganar más de ¿50? veces un salario mínimo-; buena información a los ciudadanos, de la que no es parte menor la restauración del INDEC; una democratización sindical mediante el reconocimiento de todos los gremios que acrediten un porcentaje mínimo de afiliados; políticas económicas consensuadas sobre la relación de cambio, el apoyo a los pequeños productores agropecuarios y la diversificación de su producción, el fomento industrial, medidas preventivas de la inevitable baja futura de los precios internacionales de las materias primas; el estímulo de producciones agropecuarias sustentables que respeten el derecho de los consumidores nacionales y favorezcan el crecimiento de la radicación rural; la creación -hoy está casi destruido- de un sistema de transporte que estimule las producciones de todos los rincones del país. Hoy tenemos los fondos para hacerlo, aunque seguramente no por mucho tiempo; es el momento de usarlos bien, de modo técnicamente eficiente y con justicia social.

Tales reformas seguramente acarrearán la desaparición de muchos políticos, los peores, pero ellos son los únicos legalmente habilitados para hacerlas en el sistema republicano de gobierno. Necesitaremos muchos estadistas, ojalá los tengamos.

CARLOS SOLIVÉREZ (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Doctor en Física y diplomado en Ciencias Sociales. csoliverez@gmail.com

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