La destrucción de la política

La política como consenso es expresión de la pluralidad que caracteriza a las sociedades humanas.

14 feb 2015 - 00:00

Está signada por el diálogo y la persuasión entre los ciudadanos que, libres de las necesidades y exigencias de la vida doméstica, hablan entre ellos como pares. Dicha igualdad viene dada por la ley que garantiza derechos iguales a los más diversos, puesto que naturalmente las personas son distintas entre sí. La igualdad jurídica -isonomia- implica el derecho fundamental a la actividad política intrínsecamente vinculada con la libertad de palabra y, con ello, tanto con el consenso como con el disenso. De forma tal que, siguiendo a la filósofa alemana Hannah Arendt, política y libertad van unidas y la tiranía es antipolítica, porque en el espacio público solamente los iguales pueden intercambiar ideas y dialogar, mientras que entre los desiguales la pauta de las relaciones viene dada por el uso de la fuerza.

Siguiendo este razonamiento, naturalmente, la pérdida de la libertad, la ausencia de derechos y el predominio de la injusticia coinciden con la pérdida de lo político. Un líder autocrático se limita a ordenar sin construir consensos y sin tolerar el disenso, repudiando la palabra libre, ya que para poder hablar necesitaría de otros de igual condición y ello sólo es posible entre tiranos.

Desde que acontecieron las tres grandes revoluciones liberales que marcaron la historia occidental, en este hemisferio se ha dado un decidido paso hacia el respeto irrestricto por la dignidad humana, poniendo claros límites y controles al ejercicio del poder. Los ciudadanos nacientes decidieron que corresponde al gobierno tutelar la libertad de la sociedad hacia adentro y hacia afuera, si es necesario usando la violencia. Así, la participación de los ciudadanos en el gobierno, en cualquiera de sus formas, es necesaria para la libertad ya que sólo porque el gobierno es el que dispone de medios para ejercer la violencia debe ser controlado por los ciudadanos. De allí que el poder deba ser siempre vigilado. Tal es la esencia del gobierno constitucional, limitado y controlado en nombre de la libertad. En Grecia Antigua se trataba de hacer posible la libertad para actuar y dedicarse a la política; hoy, tales son prerrogativas del sistema de partidos y de los políticos profesionales que nos han de representar dentro del Estado o, llegado el caso, contra éste. Así, la política se ha convertido en un medio para la libertad.

Dicho esto comprendemos que, cuando las huestes kirchneristas condenan la marcha convocada para el 18F por la comunidad judicial denunciando su carácter político como argumento suficiente para denostarla, ponen en evidencia la vocación autoritaria y peligrosamente totalitaria del proyecto de poder oficialista que con gran esmero se esfuerza día a día en destruir la política.

La presidenta argentina, junto a una elite de privilegiados, se ha dedicado a concentrar el poder en sus manos en más de una década de permanencia en las más altas esferas gubernamentales. Tomando decisiones de manera autocrática, valiéndose de mayorías automáticas en el Congreso para hacer de dicha institución una mera “escribanía” en la que sencillamente se firman las leyes que impulsa el oficialismo sin posibilidad de debate, obstaculizando la labor del Poder Judicial con la designación de funcionarios serviles en áreas clave y controlando de cerca las oficinas de inteligencia han penetrado en los organismos de gobierno de toda la estructura republicana y federal, recurriendo asiduamente al manejo discrecional de los fondos públicos para entrelazar favores y secretos en una compleja maraña de privilegios y extorsiones destinada a garantir la impunidad de los involucrados.

Más aún, se ha sustentado dicho sinfín de prácticas autoritarias con un relato oficial que abarca el pasado, presente y futuro de la Nación en una explicación ideologizada de la realidad en la que la masa uniforme de “40 millones de argentinos” encarna en la presidenta encontrando en ella su identidad y la realización de su voluntad. Asimismo, de forma gradual, el oficialismo ha desguazado el sistema de partidos argentino y ha ido concentrando en sus manos los canales de comunicación, procurando no dejar resquicio para el libre intercambio de ideas. Esta manera de ejercer el poder paulatinamente ha asfixiado a la ciudadanía, reduciendo los espacios para el disenso. Claramente en este contexto no hay lugar para que los sectores e individuos opositores puedan ejercer su rol democrático de control sobre el gobierno, velando por los derechos de las minorías no representadas por la cabeza del Ejecutivo nacional.

Si la política es palabra libre e igualdad jurídica, ¿cómo van a tolerar una manifestación política signada por la pluralidad de voces quienes han demostrado tal desprecio por la palabra libre que encuentran la respuesta a todo conflicto en la prensa independiente? ¿Cómo es posible que acepten un evento político plural y multitudinario quienes han rechazado la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos disgregando a la sociedad en grupos disímiles donde algunos tienen derechos que otros no?

Así es como la democracia argentina se halla en su peor momento desde que en 1983 renaciera la vida política en el país, atravesando un proceso intensivo de destrucción de la política y, con ello, del sistema institucional argentino tal como fue diseñado por nuestros padres fundadores y plasmado en la Constitución nacional de 1853. Un esquema constitucional liberal fundado en el respeto irrestricto por las minorías, siendo la menor minoría el individuo, como dijera José Ortega y Gasset: “El liberalismo es la suprema generosidad: es el derecho que la mayoría otorga a la minoría aunque ese enemigo sea débil”.

Dichas bases institucionales garantizaron la emergencia de amplios espacios para la política en Argentina que con el transcurrir de los años fue creciendo de la mano de una elevada calidad institucional que propició el arribo de miles de inmigrantes que gracias a la seguridad jurídica que nuestras instituciones les brindaban contribuyeron a colocar a nuestro país entre los primeros del mundo en materia de crecimiento económico y alfabetismo, entre otros fenómenos admirables que permitían a los recién llegados salir de la pobreza en sólo una generación. En este contexto, con el correr del tiempo los derechos de la ciudadanía se fueron ampliando y se sentaron los cimientos de la democracia argentina respetuosa de la palabra libre. De esta forma Argentina se subió al tren de la historia e inició su camino como Estado soberano en Occidente.

No obstante, como reflexionara Thomas Jefferson, “el precio de la libertad es su eterna vigilancia”. La amenaza de la tiranía siempre permanece latente en las sociedades y en América Latina se hizo presente de la mano de caudillos populistas que han ejercido el poder de manera despótica, derogando de facto los derechos humanos. Deliberadamente los déspotas se han ocupado de confundir democracia con el mero acto de sufragar, restringiendo los espacios de toma de decisiones públicos y la ciudadanía, en parte impotente en parte centrada en sus asuntos privados, cedió su lugar soberano a los déspotas hábiles en conducir ingentes masas para perpetuarse en el poder.

Para poder vivir cotidianamente sin violencia, las sociedades a lo largo de la historia decidieron fortalecer la violencia del poder público y tal fue el caso argentino. Sin embargo, cuando crece exponencialmente el potencial del gobierno para ejercer la fuerza contra la vida y la libertad, cuando el ámbito político amenaza lo único que parecía justificarlo, la extinción de la política amenaza la vida social y la acción ciudadana se vuelve inminente. Por esto, el 18F en Argentina los ciudadanos podremos optar por la supervivencia de la política, el respeto por la palabra libre y elegir el camino de un gobierno fundado en el consenso y no en la confrontación permanente. Podremos impulsar decididamente el renacer de la república brindando nuestro respaldo a aquellos que han optado recientemente por poner límites al ejercicio autocrático del poder.

(*) Directora ejecutiva de la Fundación Progreso y Libertad

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