Las jubilaciones en el tironeo electoral

En una provincia que se consolidó con el Estado de bienestar, el sólo imaginar un retiro de la regulación pública crispa los nervios. En las PASO de agosto no se quiso construir un escenario de debate sobre “la conurbanización” –en referencia a los 9,9 millones de habitantes que tiene la ciudad de Buenos Aires y los 24 distritos del Gran Buenos Aires–, como definió Alma Sapag, y la lógica presión por la renta estatal.

El panorama cambió y la torpeza política de Cambiemos a nivel nacional le dejó al MPN el campo fértil para sembrar la diferenciación que le permita trepar algunos puntos con votos que le fueron negados en la anterior compulsa.

El escritor Gerardo Burton describe que en la provincia “existe una sociedad plural que no respeta las aristocracias de cuna, de fortuna ni de historia, ni las tolera. Es una sociedad plebeya como no pueden serlo las comunidades del Norte argentino, irrespetuosa con las ciudades cosmopolitas consolidadas en el siglo XIX y cimarrona como ninguna otra sociedad sudamericana”. Entonces en ese esquema el partido de gobierno se mueve para poder mantener el poder con un caudal que equivale a 20 veces menos población (y votos) que el circuito que está en el medio de la disputa ente María Eugenia Vidal y Cristina Fernández.

Cambiemos, en boca de su líder Horacio Quiroga, desempolvó el apoyo de los legisladores nacionales del partido provincial a la ley de Reparación Histórica, la 27.260, donde teóricamente se asumía el compromiso del temido sustantivo: la armonización. Sostuvo también que para llegar a ese objetivo se iba a hacer un aporte de 800 millones de pesos para paliar el déficit. Catalizar los reclamos “cimarrones” fue como un protocolo de manual para el MPN.

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén tiene una decena de regímenes jubilatorios y cada uno tiene sus condiciones, que son, en términos comparativos de laboratorio, más beneficiosas que la cartera de tiene la Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses.

Hay cinco aspectos genéricos sobre los que Nación puso la lupa. Dos de ellos son relativamente similares como los 30 años de servicio para acceder a la jubilación y el porcentaje de aportes y contribuciones al sistema (31% entre personales y patronales). El gobierno dice que por haber hecho los deberes recibió el aporte económico.

Quienes aportan al sistema nacional de reparto (no es de capitalización) deben realizar un complicado cálculo para saber cuánto cobrarán: se promedian los últimos diez años con un porcentaje en función de la cantidad de períodos aportados. También hay topes en función de los años en los que se tramita el beneficio y un enmarañado escenario de juicios según las particularidades de cada trabajador.

En la provincia es el 80% del salario percibido durante los tres años más favorables al trabajador establecido por la Constitución provincial.

La otra diferencia es la edad de acceso a la jubilación ordinaria: 60 en los varones y 55 en las mujeres con algunas excepciones como el escalafón policial y el docente; mientras que en la Nación es de 65 y 60. Se suma el mecanismo de actualización de las pensiones. En el sistema nacional, los haberes se actualizan dos veces al año; mientras que en la provincia lo hacen cada vez que hay un aumento para los activos.

En la discusión del fondo del conurbano bonaerense, Cambiemos se puso una orejera y el MPN no tuvo buena puntería para acertar con flechas envenenadas.

En ese esquema se vio la suspensión de la reunión de las provincias que no traspasaron su caja a la Nación (13 en total), previsto para el miércoles pasado, como una muestra de cautela. El jefe de Gabinete Marcos Peña –a quien se le atribuye la frase de “la cajita feliz” de las provincias que tienen regímenes más laxos que la Nación– admitió en su informe al Congreso que no es recomendable avanzar en reformas unilaterales.

La provincia cimarrona mostró sus dientes.

Con el fondo del conurbano, el MPN no tuvo puntería para generar enojo en Cambiemos. Pero el panorama cambió después de las PASO.

La administración de los fondos de pensión es como un catalizador que logra conjugar intereses comunes que luego se diferencian en mayores aspectos.