Lugo, derrotado en la Corte

03 oct 2012 - 00:00

El exobispo Fernando Lugo está acostumbrado a transitar por los juzgados de su país. Pero esta vez la noticia no tiene que ver con juicios por reconocimiento de paternidad, sino con la Sala Constitucional de la Suprema Corte del Paraguay, que acaba de rechazar su recurso de inconstitucionalidad solicitando la anulación del juicio político con el que, el pasado 22 de junio, fue removido por el Parlamento de su país “por mal desempeño de sus funciones”. Es la segunda derrota de Lugo en este tipo de peticiones, desde que ya se había desestimado otro recurso del expresidente impugnando –en este caso– el brevísimo calendario que fue utilizado en el juicio político (que tramitó en un solo día) alegando que no tuvo tiempo para preparar su defensa. La Fiscalía había previamente recomendado también el rechazo de la acción de Lugo. La decisión adoptada se fundamentó en que el “juicio político” no es un proceso de “naturaleza judicial”, sino “política”. Razón por la cual, según la Corte, no está cubierto por la “garantía del debido proceso legal”. Esto porque es la propia Constitución la que lo define y gobierna. No obstante, el alto tribunal recomendó que en el futuro se reglamente el proceso del juicio político en lo que a sus tiempos se refiere. Lo que supone una suerte de reconocimiento, indirecto por cierto, de la existencia de cierta razonabilidad en la solicitud de Lugo. Recordemos que la destitución de Lugo provocó –de inmediato– la suspensión del Paraguay de su membresía en el Mercosur, violando para ello su tratado, sin conceder al Paraguay el derecho de defensa previsto y reiterado en la Convención de Viena, que reglamenta el derecho de los tratados y regula lo relativo a la suspensión de los miembros de cualquier tratado, concediendo el derecho de defensa que –no obstante– le fuera negado al Paraguay. Luego de la suspensión mencionada, el Mercosur permitió el ingreso de Venezuela a su seno, violando así otra disposición explícita del tratado del Mercosur que requiere para ello el consenso concreto del Paraguay, que no fue obtenido. Ocurre que los países “suspendidos” sólo pierden los derechos que los vinculan con los demás bajo el respectivo tratado, no en cambio los sustantivos que confiere el tratado del que se trate. Todo mal, en el Mercosur. Tanto es así, que el presidente uruguayo José “Pepe” Mujica, tratando de explicar lo sucedido, embarró más las cosas, sosteniendo que “lo político tiene prioridad sobre lo jurídico”, lo que supone una absurda definición que abiertamente ignora la noción del “Estado de derecho” en las relaciones entre los socios del Mercosur. Un error mayúsculo, cometido por Mujica en procura de justificar lo que era imposible de defender. Para Lugo se abre ahora la instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para procurar un resarcimiento. Aquella que la Venezuela de Hugo Chávez acaba de abandonar, repudiando el Pacto de San José de Costa Rica y que el Ecuador de Rafael Correa, cuando no, procura castrar. Mientras tanto, Paraguay camina en dirección a su normalización constitucional. Tendrá elecciones presidenciales el 21 de abril próximo y Franco entregará el poder al ganador el próximo 15 de agosto del 2013. Si todo esto ocurriera, como es probable, los desencuentros quedarán atrás sin perjuicio de los previsibles reclamos por daños que entonces haga Paraguay, que seguramente transformarán al Mercosur de una institución paralizada y frustrada, en un verdadero hervidero político. Lo que podría complicarse aún más si de pronto Chávez fuera derrotado en las elecciones presidenciales de su país, previstas para el domingo próximo. Lo que quizás no sea algo probable, pero sí –cada vez más– una alternativa posible. (*) Analista del Grupo Agenda Internacional

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