Panorama nacional

Macri y los dos lados del mostrador

19 ago 2018 - 00:00

Paolo Rocca, el empresario más poderoso del país, confesó públicamente un delito. Rocca ratificó el testimonio del histórico operador de Techint Luis Betnaza en sede judicial y admitió que la empresa le pagó al gobierno de Kirchner para que mediara en la traumática
–así la llamó– expropiación de la firma Sidor en la Venezuela de Hugo Chávez. “Betnaza accedió a una exigencia del gobierno de entonces”, dijo Rocca durante un panel del encuentro de la Asociación Empresaria Argentina que compartió con otros hombres de negocios como Héctor Magnetto (Clarín), Luis Pagani (Arcor), Enrique Cristofani (Santander) y Federico Braun (La Anónima). Participó el presidente Mauricio Macri. Si escuchar hablar a Paolo Rocca aún es una experiencia poco común, un testimonio como el que dio el jueves hubiera sido impensable apenas días atrás.

El juez Bonadio decidirá si le imputa a Rocca el delito de cohecho activo o si detiene la línea de responsabilidades en Betnaza, responsable de los asuntos corporativos del grupo. Hay mucho terreno por delante en la causa de los cuadernos que reveló la trama espuria de la adjudicación de la obra pública en los años del matrimonio Kirchner. Aunque más lejanas, la causa tal vez ilumine también las contrataciones con el Estado bajo otros gobiernos: de un lado del mostrador siempre estuvieron los mismos.

El presidente les habló a los empresarios durante esa misma jornada. Advirtió que no debían esperar que pusiera en juego su gobierno en la defensa de nadie. Macri es de una especie única en ese universo. Las empresas de su familia también han sido históricas contratistas del Estado nacional. Su primo, Angelo Calcaterra, está imputado en la causa de los cuadernos y tuvo activa participación en la adjudicación de obra pública en la última década: declaró esta semana en una de las investigaciones del capítulo argentino de Odebrecht, otra caja de sorpresas a punto de destaparse. Pero Macri ha dado la vuelta al mostrador. El destino ha querido que ese sistema quede al desnudo bajo su gobierno.

El presidente tiene un desafío paralelo al de los negocios de su familia en el pasado reciente. Los temores sobre el impacto de las investigaciones en un escenario recesivo se fueron fundando día a día con el desfile de empresarios por Comodoro Py. Fatalmente, los imputados que como Rocca y Betnaza están reconociendo acuerdos ilegales con los gobiernos del matrimonio Kirchner son los mismos a los que Macri apuesta en el recién inaugurado régimen de contratación público-privado para reactivar la obra pública. Por envergadura, no son más que un puñado las empresas constructoras locales que están en condiciones de acceder a esos contratos. Y a su financiamiento.

Se ha abierto un gran interrogante acerca de cuál va a ser la suerte de esas firmas: Aldo Roggio, uno de los arrepentidos, anunció este jueves que dejaba la conducción de dos de sus empresas. Para la economía, la implosión del sistema no es inocua en ningún sentido: en el capitalismo, las empresas son las principales herramientas para crear riqueza –cosa que en la Argentina aún disgusta a muchos– y generar empleo. Desde la Uocra, un actor importante en este juego, siguen la saga con inquietud.

El escándalo también ha abierto un hoyo profundo en el peronismo. La situación de la expresidente mostró extraños alineamientos. Se atribuye a los gobernadores la decisión de las dos terceras partes del bloque Argentina Federal de negarse al tratar el allanamiento a domicilios de la expresidente Kirchner pedido por la Justicia. Muchas provincias peronistas fueron beneficiadas por el régimen de contrataciones que hoy está en descomposición. También habían hecho un esfuerzo por salvar a Julio De Vido del desafuero en Diputados. El exministro no resistió una segunda embestida de los jueces.

La senadora Kirchner será procesada por Bonadio probablemente esta semana. El viernes hizo su primera alusión a un escándalo que la husmea como un animal.

El presidente tiene un desafío paralelo al de los negocios de su familia. Los temores sobre el impacto de la causa en un escenario recesivo se fueron fundando día a día.
Se atribuye a los gobernadores la decisión de las dos terceras partes del bloque Argentina Federal de negarse al tratar el allanamiento a domicilios de Cristina.

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