Menos violencia y más inclusión

El gobierno construirá más cárceles y duplicará el espacio para los detenidos”, publicó “Clarín” en abril de este año. Todos los días hay un pibe más que está preso, destacaba como un logro de gestión el senador electo Esteban Bullrich. Recientemente, el diputado nacional por Cambiemos de Neuquén, Leandro López, promocionó la idea de que inversores privados construyan más cárceles.

Estas declaraciones responden a una idea instalada en buena parte del sentido común: las cárceles resuelven los problemas de la inseguridad. Sin embargo, el encierro reproduce violencias.

Recordemos que el sistema penal no recae sobre todos los sectores. Recae sobre los más vulnerables: la mayoría de las personas presas en nuestro país son personas que sufrieron la vulneración del derecho al trabajo, a la educación, y no se les respetó el principio de inocencia. Por otro lado, los delitos complejos de los sectores poderosos son invisibles para el sistema penal y para la opinión pública. A modo de ejemplo, pensemos en los territorios ocupados por empresarios, las redes de trata de personas o las empresas offshore.

Quien estuvo preso cargará con una marca que le dificultará incluirse socialmente. Se le dificultará acceder a un empleo, ya que la mayoría de las provincias y el Estado nacional no permiten el ingreso de personas con antecedentes. Tampoco podrán acceder a la mayoría de las empresas, ya que tienen requisitos similares. Los propios vecinos verán en ellos ese estigma. Según Esteban Rodríguez Alzueta, “el encierro agrega nuevos estigmas a la población penintenciarizada. Un estigma que empezó a operar mucho antes de que la persona estigmatizada llegara a esos espacios, pero desde su arribo no sólo certifica lo que “la sociedad” decidió saber sobre ellos sino que lo profundiza. Una persona que pasó por la cárcel es una persona “marcada”, que carga con cualidades negativas de las que difícilmente pueda luego desembarazarse”.

Para este modelo punitivista que se instaló como discurso dominante no hay lugar para la inclusión, la reparación o el tratamiento de las personas: que se pudran en la cárcel, escuchamos decir.

Esta pedagogía de la violencia responde a la psicología conductista: más violencia institucional generará linealmente más seguridad. Pero cuando se encarcela a un joven en situación de vulnerabilidad se refuerza sobre él un estigma, y mientras tanto el mercado ilegal sigue muchas veces regulado por sectores poderosos.

Contrariamente a la idea que circula en el sentido común, en el mundo actual nos encontramos con países con altos niveles de detenciones y de homicidios. Porque, como sostiene Mariano Gutiérrez, integrante de la Asociación Pensamiento Penal, “la violencia interpersonal y la violencia institucional (en su forma legal, incluso, la del encarcelamiento) son dos caras de un mismo fenómeno: la sociedad violenta”.

El discurso que busca ampliar permanentemente las condenas y las detenciones en condiciones precarias generará más violencia. En lugar de combatirla, la reproducirá.

Cuál es el trasfondo de este discurso. ¿Qué se busca?

El juez integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, señaló que “el proyecto de sociedad que nos quieren imponer o modelar es una sociedad con un 30% de incluidos y un 70% de excluidos. Y el excluido es alguien descartable como señala el papa. Y a un descartable hay que contenerlo. Por eso el modelo de 30/70 no cierra sin represión”.

El procesamiento y detención de personas que participaron de la primera marcha por Maldonado, los aumentos de los casos de “gatillo fácil” y la búsqueda de crear nuevos espacios de encierro parecen ir en la misma dirección.

Lo complejo de la situación actual es la legitimación de las violencias en sus distintas formas. La construcción de una sociedad más segura requiere desarticular los discursos la demagogia punitiva y el desarrollo de políticas que pongan el eje en la inclusión y en el ejercicio de los derechos.

*Licenciado en Comunicación Social de la UNLZ y docente de la UNRN