Perú: la corrupción como espectáculo

13 jul 2018 - 00:00

Qué es lo que quieren, que le bajen la pena o que lo declaren inocente?”, pregunta por teléfono un juez de la Corte Suprema de Perú en referencia a un acusado de la violación de una niña.

La difusión de las grabaciones de esta y otras conversaciones de jueces desató un escándalo que llevó este miércoles al presidente Martín Vizcarra –él mismo mencionado en unos audios– a negar toda vinculación con quienes usan su nombre para pedir favores y anunciar una reforma del Poder Judicial.

En un audio, el presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza, habla por teléfono sobre el juicio por la violación de la niña de 11 años y pregunta a su interlocutor –cuya voz es inaudible– si el acusado quiere que le rebajen la condena o que lo absuelvan.

En otro diálogo, el presidente de la Corte Superior (de apelaciones) del Callao, Walter Ríos, llama a un funcionario para pedirle que ascienda a una ingeniera que trabaja en ese tribunal y le da una cruda explicación sobre el Poder Judicial peruano.

“En este mundillo llamado Poder Judicial, como su mismo nombre lo dice, la palabra ‘poder’ no es por las puras. A qué me refiero, de alguna manera en el sistema nosotros también respondemos a ciertos, no digamos grupos de poder, sino a ciertos amigos que nos piden ciertas cosas ya sea para ellos mismos o para personas allegadas a ellos”, dice el juez.

La Fiscalía y la Oficina de Control de la Magistratura abrieron el lunes investigaciones por “tráfico de influencias” a raíz de estos audios, que fueron publicados por el portal de periodismo de investigación IDL-Reporteros.

Pero las filtraciones de grabaciones subrepticias no son algo nuevo en Perú. En marzo fue divulgado un video en que el legislador Kenji Fujimori parece tratar de comprar el voto de un colega para evitar la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Como si se tratara de un capítulo de “House of Cards”, la famosa serie de Netflix, el video comprometedor de Kenji fue difundido por el partido que encabeza su hermana Keiko, sellando así una ruptura entre los dos hijos y herederos políticos del expresidente Alberto Fujimori.

La divulgación de esta cinta condujo dos días después a la renuncia de Kuczynski, quien en diciembre había indultado al expresidente Fujimori, de 79 años, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por dos matanzas perpetradas durante su gobierno (1990-2000).

Este polémico indulto fue una retribución a Kenji por haber salvado a Kuczynski de ser destituido por el Congreso tres días antes.

Los “Vladivideos”

Los audios de los jueces son un “déjà vu” de la historia peruana reciente, pues las cintas comprometedoras se han convertido en parte del juego de poder en Perú y también provocaron la caída de Alberto Fujimori. Es que este caso es semejante a los de los “Fujivideos” (también llamados “Keikovideos” o “Kenjivideos”) divulgados en marzo pasado, que tienen a su vez precedente en los “Vladivideos” del 2000.

El 14 de septiembre del 2000, un video difundido por un grupo opositor –y transmitido por un canal de televisión– mostraba a Vladimiro Montesinos, el brazo derecho del entonces presidente Fujimori, entregando dinero al legislador opositor Alberto Kouri para que se sumara al oficialismo.

Alberto Fujimori acababa de iniciar un tercer mandato cuando salió al aire el “Vladivideo”. Agobiado por una ola de repudio, convocó a nuevas elecciones en las que él no sería candidato.

En medio de ese agitado clima, viajó el 13 de noviembre a una Cumbre de APEC en Brunéi, pero no regresó. Siguió viaje a Japón desde donde envió por fax su renuncia al Congreso. Éste rechazó la renuncia de Fujimori y en su lugar lo destituyó.

Después de la caída de Fujimori, las nuevas autoridades encontraron una colección de “Vladivideos” grabados por Montesinos en su oficina del Servicio de Inteligencia, que mostraban cómo sobornaba a políticos, empresarios y responsables de medios de comunicación para que se pusieran a disposición del gobierno.

Montesinos fue condenado a 25 años de prisión.

*AFP

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