Ruidos detrás de los surtidores

14 feb 2018 - 00:00

La desregulación del precio de los combustibles líquidos arrancó en octubre de 2017 y, cuatro meses después, sigue con el paso cambiado. A tal punto que los dos últimos aumentos sucesivos de las naftas y el gasoil en sólo 15 días (a fines de enero y comienzos de febrero) contribuyeron este verano a recalentar las expectativas inflacionarias y también el malhumor al pie de los surtidores.

Esta situación se produce en medio de rumores con sordina sobre desacuerdos en el gobierno de Mauricio Macri acerca de la oportunidad y magnitud de los incrementos, negados sin mucha convicción por fuentes oficiales.

Es cierto que la liberación de precios de los combustibles se anunció –antes de lo esperado– a comienzos de octubre al cumplirse una de las condiciones acordadas entre el gobierno y las petroleras, según la cual cuando la cotización internacional del petróleo superara por dos semanas al subsidiado “barril criollo” los valores de venta en el mercado local pasaban a ser fijados por cada una de ellas. Pero su concreción no fue inmediata por una razón política: ninguna compañía quiso hacer punta en ese mes de elecciones legislativas nacionales.

El primer ajuste –de 9 a 12%– con el nuevo esquema se demoró así hasta el día después del triunfo electoral de Cambiemos, aunque poco después fue seguido por una baja de 1,5% por la reducción del precio de los biocombustibles que, además del crudo y la cotización en pesos del dólar, integran la ecuación para mantener los precios a valor constante. Luego el Ministerio de Energía revirtió esa rebaja, pero en el ínterin subió el petróleo y a comienzos de diciembre las petroleras volvieron a incrementar las naftas y el gasoil en torno de 6%, con lo cual en 2017 acumularon un alza de 32,6% (superior a la inflación, de 24,8% interanual).

Sin mencionarlo expresamente, el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, dejó entrever que esos ajustes en combustibles, junto con los de electricidad y gas aplicados ese mismo mes, fueron más altos que los calculados en las proyecciones de inflación de la entidad.

No obstante, el panorama no varió sino que se complicó en el nuevo año ya que, al bajar las tasas del BCRA, el dólar mayorista con que se cotiza el crudo trepó otro 8,5% en cinco semanas, pese a la baja de 4% del petróleo Brent en los últimos días.

A mediados de enero, Shell y Oil aplicaron un aumento de 6% en los surtidores, seguidos luego por Axion con 5% y una semana más tarde por YPF con 4/4,5%. A partir de entonces comenzó a hablarse de presiones de la Casa Rosada sobre la petrolera con mayoría estatal para moderar la suba, y más aún cuando las demás recortaron parcialmente los precios para achicar la brecha.

En YPF –que lidera el mercado con 56% de las ventas– las negaron extraoficialmente bajo el argumento de que, por ser una sociedad anónima que además cotiza en la Bolsa de Nueva York, podría generar un conflicto con sus accionistas privados.

Y lo corroboró la semana última al aplicar otro sorpresivo incremento de 3,5% promedio, que fue imitado por las demás compañías con subas algo inferiores, con lo cual los precios de naftas y gasoil quedaron virtualmente alineados, salvo los de Shell que suele ubicarse un escalón más arriba. En promedio, los combustibles acumulan así una suba de 8,1% en lo que va de este año.

En este marco, YPF aportó otro ingrediente al debate: que el gobierno utilice la facultad de reducir hasta 10 puntos el impuesto a los combustibles a fin de moderar su impacto sobre los usuarios, especialmente de gasoil por su incidencia en los fletes y costos de muchas actividades. El ministro Juan José Aranguren no descartó esta posibilidad, aunque dijo que debería definirse en marzo, cuando se aplique el régimen incluido en la reforma tributaria.

Según la nueva ley, los combustibles líquidos pasarán a estar gravados con un impuesto fijo y otro por emisión de dióxido de carbono, que totalizan $ 7,13 por litro para las naftas y $ 4,62 para el gasoil, con montos reducidos a un tercio para la Patagonia.

Pero hay dudas de que una reducción tributaria sea aceptada por su colega de Hacienda, Nicolás Dujovne, ante la necesidad de apuntalar la recaudación de ambos gravámenes para coparticiparlos con las provincias y, a la vez, reducir el déficit fiscal.

Sobre todo, porque la misma ley prevé que el transporte (de pasajeros y cargas) y la producción agropecuaria podrán deducir el 45% en el IVA.

No es el único brete para el gobierno. Con los precios liberados más la actual volatilidad del dólar en el mercado local y del petróleo en el internacional, tampoco está claro con qué frecuencia se aplicará la fórmula para ajustar los combustibles (que hasta octubre era trimestral).

Sólo es seguro que los nuevos impuestos se indexarán trimestralmente por el IPC, y si la inflación no baja presionarán los precios al alza. Y también que habrá más competencia con el próximo ingreso al mercado del grupo holandés Trafigura, que cerró la adquisición de la refinería de Bahía Blanca y la red de estaciones de servicio de Petrobras a Pampa Energía de Marcelo Mindlin.

Con precios liberados más la actual volatilidad del dólar y el petróleo, no está clara la frecuencia con que se aplicará la fórmula para ajustar combustibles.

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