Sobre la plata negra de las campañas

Panorama nacional

Recuerda un dirigente en actividad (y mucha actividad últimamente) haber asistido a un “tremendo pechazo” de Carlos Ruckauf a Amalita Fortabat para la campaña a la gobernación bonaerense de 1999. Fue durante una visita a su piso de la Avenida del Libertador y era una suma importante. Parece que después de un rato de incertidumbre, y cuando ya se daban por perdidos, Ruckauf soltó un elogio a las piernas de la señora, las más lindas del país o algo por el estilo. Un último recurso, y de otra época. Se fueron de lugar con un cheque.

Se sabe que la que viene va a ser una campaña electoral pobre. Lo dicen en el gobierno, entre los candidatos y en las empresas, sobre todo allí. Entre las tantas comparaciones con la elección de hoy en Brasil, hay que decir que en ese país la Justicia prohibió por primera vez el aporte de empresas a las campañas. En la Argentina son ilegales desde hace casi una década, aunque sí están permitidas las contribuciones a la vida institucional de los partidos, lo que aparentemente quiere decir entre una campaña y otra. El resultado de esa reforma para el financiamiento público de las campañas es que se multiplicaron los aportes en negro. En medio de la causa de los cuadernos y la de los aportantes truchos bonaerenses, la Cámara electoral ordenó un mes atrás profundizar las investigación sobre el financiamiento de las campañas presidenciales de 2015 de Cambiemos, el Frente para la Victoria, Unidos por una Nueva Alternativa y Compromiso Federal. Entre esas cuatro fuerzas obtuvieron casi el 95% de los votos.

El gobierno procura avanzar en la Cámara de Diputados con el proyecto de financiamiento de las campañas. La iniciativa, que está en la comisión de Asuntos Constitucionales, busca que ya no haya restricciones al aporte de las empresas, pero que se establezcan topes. Aunque ahora dicen que estarían dispuestos a renunciar a la incorporación de aportes de personas jurídicas (las empresas), siempre que se avance en la bancarización de las contribuciones individuales. El 70% de los aportes registrados en la última elección presidencial fue en efectivo. En la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior no les dan entidad a las versiones sobre la eliminación de las PASO, pero aseguran que están decididos a mover la ley de financiamiento en el Congreso para que se aplique en la próxima elección. Dicen que habrá novedades esta semana.

El principal objetivo parlamentario del gobierno es el Presupuesto. Pero no es la única preocupación. Elisa Carrió desató una tempestad en Cambiemos con su decisión de ir por el juicio político al ministro de Justicia Germán Garavano a raíz de sus diferencias en torno al trámite de los expedientes judiciales contra Cristina Kirchner. Es otro desafío a la frágil consistencia del bloque de Cambiemos en Diputados: allí algo sigue roto desde el debate por la despenalización del aborto.

La actitud de Carrió divide opiniones en el gobierno. Hay quienes la consideran una pésima señal en momentos en que un sector de la oposición (peronista) ha dado pasos en dirección a la unidad. No hace mucho Carrió se pronunció en contra del esquema de aumentos de las tarifas de los servicios y terminó impulsando una ley de la oposición para su anulación. Obligó al presidente a un veto y empujó hacia la salida al ministro Aranguren. Otras voces aseguran que Carrió corrigió un tropiezo de Garavano que había desorientado al electorado de Cambiemos. Y puso otra vez en el foco a los jueces. “Y siempre es bueno que se sientan observados”, dicen.

Cómo opera el gobierno en la Justicia vuelve a ser tema de debate tras las inesperadas declaraciones de Garavano y dos fallos de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal: el que absolvió al expresidente Menem en la causa por el contrabando de armas y el que dispuso la nulidad de todo lo actuado en la causa de las escuchas telefónicas por la que estuvo procesado el presidente Macri a poco de asumir.

El gobierno procura avanzar con el proyecto de financiamiento de las campañas. Ahora estarían dispuestos a renunciar a la idea de que se habilite el aporte de las empresas.

Cómo opera el gobierno en la Justicia vuelve a ser tema de debate tras las inesperadas declaraciones de Garavano y los dos fallos de la Cámara de Casación.

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