Combate desigual contra un comercio creciente

CIPOLLETTI (AC).- El narcotráfico en la región parece estar favorecido por la falta de acciones conjuntas para combatirlo. Policía y Justicia provincial trabajan en varias investigaciones, que deben terminar en el fuero Federal, pero sin que haya una política que involucre a todos los sectores. Los últimos allanamientos evidencian que la compra y venta de drogas es un negocio de un número importante pero no determinado de personas. La policía de Río Negro investiga delitos como robos, asaltos y tenencia ilegal de armas; cuando las pesquisas se encuentran en su última etapa, los efectivos solicitan un allanamiento a los jueces locales. El resultado, la mayoría de la veces, es el secuestro de estupefacientes. “Es evidente, entonces, que la droga se vincula con los delitos comunes”, confió un funcionario judicial. En el Penal 2 de Roca, por caso, el 90% de los internos tienen causas por delitos comunes pero vinculados a la droga, explicaron desde la Justicia. En Cipolletti, la creación de la delegación local de Drogas Peligrosas de la Policía Federal respondió a una inquietud social, después del primer triple crimen, ocurrido en 1997. Las investigaciones de esa delegación son comandadas por el fiscal federal de Roca, Alejandro Moldes, quien envía ordenes y directivas para las pesquisas. Las fuentes consultadas explicaron, en reserva, que los tiempos judiciales son prolongados y que los procedimientos son lentos. “Es porque la carga probatoria es rigurosa y muy técnica”, indicaron desde la Policía Federal. Las quejas también salen de adentro de la Justicia Federal. Dicen que “el Tribunal Oral es ‘blando’ y en un punto el rigorismo es extremo y formalista”, lo que favorece las absoluciones por cuestiones técnicas. En Cipolletti, el concejal Lucas Pica presentó un proyecto para la creación de una fiscalía federal especial con competencia exclusiva en estupefacientes. El funcionario entiende que la ciudad es un lugar “de paso” en la ruta del tráfico de drogas y que el hecho de que el Juzgado Federal más cercano esté a 60 kilómetros dificulta el efectivo control y conocimiento de la situación local, así como también la aplicación de medidas efectivas tendientes a aplicar una correcta política criminal en el tema. En contraposición con el concejal, un integrante de la Policía Federal opinó que “estamos en una época en donde las comunicaciones son de avanzada, por lo que no creemos que 60 kilómetros signifiquen un impedimento para la Justicia”. Denuncias anónimas La municipalidad de Cipolletti habilitó en agosto del año pasado un número telefónico para realizar denuncias anónimas sobre narcotráfico. En noviembre, los funcionarios presentaron un informe a la Fiscalía Federal con casi 70 denuncias que se obtuvieron en más de 100 llamados. Después de la campaña, la Federal le informó al intendente que avanzaría en unas diez causas. Pese a esto, integrantes de la policía explicaron que las denuncias anónimas “sólo son una punta del ovillo” y que es muy difícil avanzar con llamados que sólo constituyen “indicios” en términos judiciales. El intendente Weretilneck, disconforme con el accionar judicial, apoyó también una campaña de firmas para que se aceleren las causas penales que tienen como imputados a integrantes de la familia Montecino, a la que acusaron de integrar “una banda” dedicada al comercio de estupefacientes. Este año cuatro miembros de esa familia deberían enfrentar un juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal de Roca por varias imputaciones que incluyen la presunta comercialización de drogas en forma organizada. A lo largo de 2010 se los involucró en otras causas menores e incluso hubo detenciones, pero recuperaron la libertad tras el pago de cauciones de hasta 15.000 pesos. Pero las sospechas de narcotráfico exceden a una familia. Varias investigaciones de la Policía Rionegrina tuvieron como resultado allanamientos en Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro y Roca, donde se encontraron grandes cantidades de droga fragmentada y lista para comercializar. La policía sostiene que las investigaciones avanzan a paso firme y asegura conocer “importantes cargamentos” que han ingresado a la región durante el último tiempo. Por el comercio de estupefacientes hubo varias denuncias cruzadas e incluso acusaciones en contra de la fuerza, por una supuesta “zona liberada”. La policía negó esas imputaciones y concretó la detención de varios presuntos integrantes del negocio ilícito. Pero en uno de los últimos procedimientos, realizado en Cinco Saltos, se descubrió que había un efectivo policial vinculado al comercio. Otro policía de la Rionegrina, por su parte, está detenido desde mayo pasado luego de ser interceptado por sus pares cerca de Catriel con una carga de 17 “tizas” de cocaína.