Comienzan a debatir cambios en la Magistratura

NEUQUÉN (AN).- Autoridades del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de la selección de jueces, asistirán hoy a la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura donde se comenzarán a tratar los proyectos de modificación. A los 9 proyectos para reformarlo que se presentaron desde el año 2007 se sumaron ayer dos más de la Unión Cívica Radical y el Frente Grande. La comisión que preside José Russo (MPN) ingresará, además, un expediente del consejo que solicitó acuerdo legislativo para la designación de Gerardo Nicolás García como defensor oficial de la defensoría penal 2 de la primera circunscripción judicial. Russo había indicado que la intención era avanzar en los proyectos que no implicaran modificaciones de fondo que requieran cambios en la Constitución provincial. Raúl Podestá (FG) y Rodolfo Canini (MUN) rubricaron un proyecto que apunta al gasto que implica para el erario provincial y aspectos vinculados con el procedimiento del concurso para la elección de los jueces. Para el año próximo se harán 11 concursos y el consejo pidió 17.725.110 pesos, un 24% más de lo que solicitó para este período. El proyecto propone que la función de los consejeros sea honoraria, a fin de disminuir el gasto público destinado a solventar una función que “no debiera ser remunerada en virtud de que no implica una función de tiempo completo”. Como contrapartida, el proyecto prevé la eliminación de la suspensión de la matrícula de los consejeros abogados que rige actualmente. Establece por otro lado un sistema de viáticos a percibir por los consejeros cuando intervengan en los concursos. Se determina también que queda expresamente prohibida la designación de personal, administrativo o de asesoría, por parte de los consejeros. La idea que presentó la UCR pretende cambiar el orden de las etapas de evaluación del concurso y modifica el puntaje máximo de cada una de las instancias con el objetivo de jerarquizar el conocimiento técnico de los candidatos y sus aptitudes sobre temas relacionados con el cargo que se concursa. Los fundamentos explican que el cambio en el orden de las etapas de evaluación busca alcanzar una mayor objetividad y que la modificación del puntaje máximo de antecedentes pretende “allanar el camino” para los postulantes del interior que tienen menos posibilidades de dictar cátedras y realizar posgrados. Agregan que lo que se propone es atenuar el impacto desequilibrante que en el puntaje brinda la acumulación abstracta de actividad académica por sobre la experiencia profesional.