Comisión Bicameral debatirá decreto que revisa salario de estatales

Los legisladores analizarán la legalidad del decreto del Poder Ejecutivo Nacional que dispuso la revisión de algunos ítems de los salarios de los trabajadores estatales nacionales.

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo interrumpirá mañana por unas horas las vacaciones de 15 legisladores y sus equipos técnicos para analizar la legalidad del decreto del Poder Ejecutivo Nacional que dispuso la revisión de algunos ítems de los salarios de los trabajadores estatales nacionales. Al encuentro, que se iniciará a las 16 en el Salón Arturo Illia del Senado, fueron citados los diez legisladores oficialistas y los cinco de la oposición elegidos en la última sesión del año pasado para integrar ese cuerpo, confirmaron a DyN fuentes parlamentarias. La mayor preocupación del equipo legislativo es la asistencia de los diputados y senadores que se verán obligados a retornar a Buenos Aires para definirse sobre la legalidad de la medida oficial. Varios legisladores, entre otros, el presidente del bloque del Frente para la Victoria de Diputados, Agustín Rossi, y el titular de la bancada radical del Senado, Luis Petcoff Naidenoff, aseguraron a DyN que concurrirán a la cita en el Palacio del Congreso. El interés del oficialismo está centrado en dotar de legalidad a una decisión que podría generar situaciones de tensión entre los trabajadores estatales, mientras los opositores buscarán convertirse en voceros de los sectores desencantados con la determinación y alimentar la imagen de que el Gobierno prepara planes de ajustes para reducir los salarios. En el último día hábil de 2011, la presidenta Cristina Fernández firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dispuso una ampliación presupuestaria de 22 mil millones de pesos. En uno de sus artículos estableció que desde el 1 de enero de 2012 los pagos de adicionales, bonificaciones y plus a los empleados públicos, de empresas estatales, organismos descentralizados e instituciones de Seguridad Social deberán adecuarse a los requisitos que fije el Gobierno. La medida generó reacciones en el sindicalismo ligado a la conducción de Hugo Moyano en la CGT, así como los de la CTA, pero recibió el apoyo de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que agrupa a un sector de los estatales. El Congreso tiene la facultad de pronunciarse por la legalidad y no sobre el contenido de la norma sancionada. La diferencia estriba en que los parlamentarios no analizan la conveniencia de una decisión de este tipo sino si se han cumplido todos los pasos legales que contempla la legislación. La comisión le asegura al Gobierno un rápido tránsito de los decretos en la etapa de revisión obligatoria por el Congreso. En la reunión también se elegirá al legislador que pasará a encabezar la comisión, y según puede advertirse el manejo recaerá en manos de un kirchnerista debido a que el oficialismo tiene una proporción equivalente a los dos tercios de sus integrantes. La comisión tuvo dificultades para deliberar durante el año pasado, debido a que oficialistas y opositores tenían el mismo número de representantes, lo que inmovilizó su trabajo. Sin embargo, el triunfo kirchnerista del 23 de octubre rompió el balance establecido en el 50 por ciento de la representación y otorgó una diferencia in descontable a favor del sector progubernamental del 65 por ciento, contra el 35, en esa comisión. El oficialismo, más sus aliados, reúne a los senadores Miguel Ángel Pichetto, Beatriz Rojkés de Alperovich, Marcelo Guinde, Pablo González y María de la Rosa; y los diputados Jorge Landau, Eduardo De Pedro, Luis Cicogna, Diana Conti y Agustín Rossi. En la lista de opositores figuran los senadores radicales Luis Petcoff Naidenoff y Ernesto Sanz; y diputados Juan Pedro Tunessi y Jorge Albarracín. El único peronista disidente es el mendocino Enrique Thomas. DyN.-


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