“Como corderos al matadero”

Las órdenes de allanar, desalojar, notificar, las firman los jueces, pero el que debe llevarlas a cabo es un empleado judicial, el oficial de Justicia o el oficial notificador. Obviamente, según las complicaciones que puedan presentarse, los jueces, cumpliendo su obligación de que cualquier medida que resuelvan no puede poner en peligro la integridad física y psíquica del trabajador judicial, deberán disponer y asegurar que se concreten los medios instrumentales necesarios (policías, móviles, etcétera). Días atrás, imperativamente la Dra. Ivonne San Martín y la jueza de Cámara Liliana Deiub, no obstante haberse superado el horario de trabajo para ejecutar la diligencia, determinaron que sí o sí acudiera a colocarse en el medio de una guerra que se estaba llevando a cabo en ese momento y que la oficial de Justicia Verónica Pelayes ignoraba. Utilizando su propio vehículo la dependiente judicial, mientras las juezas permanecían en sus residencias, se dirigió a Portezuelo Norte y allí se encontró con maquinarias y pasivos agentes, e incluso el letrado de la firma Apache, en un rincón y en el otro, a un grupo de integrantes de la comunidad Maliqueo que, recibido el mandamiento, se encargaron de lapidar a la trabajadora judicial, que a punto de partir del lugar fue furiosamente agredida por una de las integrantes de los pueblos originarios que con saña inaudita rompió los vidrios del vehículo de la oficial de Justicia, logrando con una enorme piedra quebrar el parabrisas y destrozar la cara de Verónica Pelayes. Hay muchas conductas reprochables en lo narrado. Las Sras. juezas que ordenaron la medida sin moverse de sus dependencias sabían o al menos debían saber que mandaban a la oficial de Justicia a una guerra declarada, que la agresión era más que previsible, y nadie de los que estaban en el lugar protegió, resguardó o hizo valer la autoridad que ostentaba para que la trabajadora no fuese dañada; el abogado y los representantes de Apache sitos en el lugar no hicieron nada ante la lapidación de la pobre mujer, que fue la única que cumplió con valentía su rol. Todo lamentable. A una trabajadora le ha destrozado la cara una mujer criminal sin que los policías que “la resguardaban”, el abogado Jorge Brillo (h) ni otros representantes de la empresa movieran un dedo. La agresora no fue detenida inmediatamente como marca la ley, tuvo todo el tiempo de fugarse y lo hizo (está de moda en la jurisdicción Zapala dejar huir a los delincuentes)… una falta absoluta de las juezas y miembros del TSJ y Auditoría por la salud de sus trabajadores, a quienes mandan a la guerra sin aviso como corderos al matadero. Héctor Luis Manchini DNI 7.779.947 San Martín de los Andes

Héctor Luis Manchini DNI 7.779.947 San Martín de los Andes


Las órdenes de allanar, desalojar, notificar, las firman los jueces, pero el que debe llevarlas a cabo es un empleado judicial, el oficial de Justicia o el oficial notificador. Obviamente, según las complicaciones que puedan presentarse, los jueces, cumpliendo su obligación de que cualquier medida que resuelvan no puede poner en peligro la integridad física y psíquica del trabajador judicial, deberán disponer y asegurar que se concreten los medios instrumentales necesarios (policías, móviles, etcétera). Días atrás, imperativamente la Dra. Ivonne San Martín y la jueza de Cámara Liliana Deiub, no obstante haberse superado el horario de trabajo para ejecutar la diligencia, determinaron que sí o sí acudiera a colocarse en el medio de una guerra que se estaba llevando a cabo en ese momento y que la oficial de Justicia Verónica Pelayes ignoraba. Utilizando su propio vehículo la dependiente judicial, mientras las juezas permanecían en sus residencias, se dirigió a Portezuelo Norte y allí se encontró con maquinarias y pasivos agentes, e incluso el letrado de la firma Apache, en un rincón y en el otro, a un grupo de integrantes de la comunidad Maliqueo que, recibido el mandamiento, se encargaron de lapidar a la trabajadora judicial, que a punto de partir del lugar fue furiosamente agredida por una de las integrantes de los pueblos originarios que con saña inaudita rompió los vidrios del vehículo de la oficial de Justicia, logrando con una enorme piedra quebrar el parabrisas y destrozar la cara de Verónica Pelayes. Hay muchas conductas reprochables en lo narrado. Las Sras. juezas que ordenaron la medida sin moverse de sus dependencias sabían o al menos debían saber que mandaban a la oficial de Justicia a una guerra declarada, que la agresión era más que previsible, y nadie de los que estaban en el lugar protegió, resguardó o hizo valer la autoridad que ostentaba para que la trabajadora no fuese dañada; el abogado y los representantes de Apache sitos en el lugar no hicieron nada ante la lapidación de la pobre mujer, que fue la única que cumplió con valentía su rol. Todo lamentable. A una trabajadora le ha destrozado la cara una mujer criminal sin que los policías que “la resguardaban”, el abogado Jorge Brillo (h) ni otros representantes de la empresa movieran un dedo. La agresora no fue detenida inmediatamente como marca la ley, tuvo todo el tiempo de fugarse y lo hizo (está de moda en la jurisdicción Zapala dejar huir a los delincuentes)... una falta absoluta de las juezas y miembros del TSJ y Auditoría por la salud de sus trabajadores, a quienes mandan a la guerra sin aviso como corderos al matadero. Héctor Luis Manchini DNI 7.779.947 San Martín de los Andes

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