Como decíamos ayer

Siempre viene bien, para ganar lustre intelectual, parafrasear a un autor famoso. Elegí, para titular esta nota, a don Luis de León, un fraile letrado del siglo XVI que debió soportar cinco años en un calabozo de la Inquisición por preferir la tora hebrea contra la católica Vulgata para traducir el Cantar de los Cantares al castellano. De vuelta en la universidad de Salamanca -y como lo hizo, copiándolo, don Miguel de Unamuno en 1936, tras las «vacaciones» que le había impuesto Primo de Rivera- reinició sus clases con un «decíamos ayer».

Y no se trata solamente de dar brillo al intelecto. Modestamente, hay más. Lo que decíamos ayer, el mes pasado, en esta misma columna, vuelve ahora reivindicado porque, de haber seguido nuestro consejo el elenco que gobierna el país se podría haber ahorrado el mal rato que en estos días soporta.

Dijimos entonces: «Lo que se debe hacer es negociar, porque por más que, en hipótesis, los alzados sean la derecha golpista que habla de ganar o ganar, que deja a los niños sin leche y las góndolas semivacías y hace que los precios sepulten los números del INDEC, lo cierto es que son fuertes». Y seguía: «Siempre, por principios humanistas, es mejor la paz que la guerra. También lo es cuando la victoria, que en el comienzo del enfrentamiento parecía próxima, no sólo se ha alejado sino que, además, acumula costos, para el país y aun para el oficialismo, demasiado altos».

Como lo es Cristina Kirchner hoy Juan Perón fue, durante su primer mandato, un jefe de Estado, pero con menos facultades constitucionales porque, por ejemplo, la Constitución vigente, con los decretos de necesidad y urgencia, asigna ahora al presidente de la Nación mayores facultades que las que tenía hace sesenta años. Con poderes constitucionales inferiores, Perón pudo enviar a la cárcel al jefe de la oposición política, Ricardo Balbín, y regalarle a la CGT el que entonces era el diario más importante del país, «La Prensa». Y más: en aquellos tiempos las retenciones no eran ni podían ser un tema de debate porque el único exportador de granos era el Estado, a través del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el IAPI.

Ahora el gobierno creyó que la holgada mayoría electoral que había logrado en los comicios del año pasado le permitía modificar el régimen de retenciones sin necesidad de una ley o siquiera de un decreto, sino y simplemente mediante una resolución del ministro de Economía. Fue así como el ya olvidado Martín Lousteau parió la malhadada resolución 125.

Parece un acto de ingenuidad recordar el texto constitucional a cada rato, porque en no pocos casos sus normas son apenas declaraciones de deseos. Pero hay que hacerlo porque gobernar fuera del Estado de derecho es peligroso. Lo es, por lo tanto, ignorar que el artículo 4 de la carta magna menciona, entre los ingresos del Estado, los derechos de importación y exportación (que son, éstos, las retenciones), como también que el artículo 17 dice que «sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4».

O sea que la decisión presidencial de solicitar al Congreso la ratificación de la 125 no fue una concesión graciosa sino una medida ajustada a normas constitucionales. Por lo tanto, correspondía que el Poder Ejecutivo la derogara antes de que la anulara la Corte Suprema, ahora integrada por jueces independientes gracias a -en este caso sí- una inteligente y republicana política del ex presidente Kirchner.

Por lo tanto, las retenciones han vuelto al 35% fijo, sin movilidad. Y quedará por resolver la coparticipación que las provincias reclaman, tengan gobiernos oficialistas u opositores. Naturalmente, decidirlo y ponerlo en práctica llevará un tiempo de negociación, pero si el gobierno quiere recuperar la iniciativa debería manifestarse lo antes posible a favor de coparticipar ese impuesto.

El voto musitado por Julio Cobos incluyó un pedido de perdón que no ha tenido eco favorable en filas oficialistas. De labios afuera le dicen traidor y los comentarios boca a boca son inimaginables (sin contar con que algunos radicales que eran K están siendo expulsados del gobierno). Convendría, sin embargo, que los perdedores atendieran la exhortación a desdramatizar del gobernador bonaerense Daniel Scioli (siempre ubicado en el justo medio). Lo que hizo Cobos fue cumplir con un deber que le impone el artículo 57 de la Constitución, consistente en votar en caso de empate. Eligió el «no», del mismo modo que muchos justicialistas que de tal manera deberían ingresar, antes que los radicales aliados, al elenco de traidores.

Los gobiernos de origen democrático como el que tenemos deben revalidar ese título en el ejercicio del poder. La «gestión» debe ser igualmente democrática, lo que significa, por empezar, dar intervención al Congreso en toda legislación sobre materias tan importantes como la que se dejó en manos de un secretario -eso es un ministro- de la Presidencia. Es así como un país es gobernable y no al revés. Si se desecha ese camino, le esperan al país días mucho más difíciles que los que hemos vivido en los últimos meses.

JORGE GADANO

tgadano@yahoo.com.ar