Cómo se gestaron los sobreprecios al Ipross

Según la denuncia, se habría “vaciado” un contrato para firmar otros más caros.




ROCA.- La causa penal por presuntos sobreprecios en la venta de medicamentos y prótesis al Ipross, en la que fueron procesados tres directivos de la Federación de Clínicas de Río Negro -Roberto Bernardini, Héctor Tasat y Carlos Gigena- y la extitular de la obra social, Adriana Gutiérrez, dejó al descubierto una compleja maniobra previa. En la denuncia, formulada en 2003 por Agustín Argibay y Jorge Gómez, se sostiene que hubo un “vaciamiento” deliberado de un convenio firmado entre Ipross y Feclir para dar espacio a nuevos convenios “accesorios”, en el marco de los cuales se le venderían a la obra social los insumos sobrevaluados.

Según la presentación, el 8 de mayo de 2002 Ipross y Feclir pactaron que esta última le proveería a la obra social casi todos los medicamentos, prótesis, ortesis y demás “prestaciones medico sanatoriales”, y a cambio cobraría $ 9,25 por cada afiliado del Ipross (para entonces más de 100.000 personas). Pero a los pocos días, el 22 de mayo, se firmó un nuevo acuerdo y “se decidió excluir del contrato las prestaciones de: provisión de medicamentos, prótesis, ortesis, marcapasos, citostáticos, drogas especiales y óptica”. Así, se redujo sustancialmente el contenido del primer acuerdo y la cápita se bajó de $9,25 a $8,137 por afiliado. Todo lo separado del acuerdo principal con la idea de adquirirlo mediante convenios accesorios fue cotizado por las mismas partes en un valor de $ 1,113 por afiliado.

Lo llamativo es que al pactarse luego, por separado, un convenio exclusivamente destinado a la provisión de medicamentos oncológicos (es decir, sólo una parte de las prestaciones quitadas del convenio original), se acordó una cápita de $ 4,50 por afiliado, que además Ipross se comprometió a pagarla en efectivo y por adelantado a Feclir. Un mes después se radicó la denuncia en la que se especificaban sobreprecios de hasta el 14.200% en los medicamentos oncológicos que la Federación le compraba a la Droguería “Eleón” y luego le revendía al Ipross.

El denunciante Jorge Gómez opinó ayer sobre el procesamiento dictado por el juez de Roca Daniel Tobares, subrogante del juzgado Nº 6: “Me parece una buena decisión y una buena señal de la Justicia profundizar estos temas, pues no puede el Estado implementar políticas públicas eficaces si no hay una lucha contra la corrupción, y en esto el Poder Judicial cumple un rol determinante”, dijo. Valoró también que debería reconocerse una legitimación amplia para ser querellante en este tipo de investigaciones (a él y a Argibay le denegaron esa posibilidad) y cuestionó que asociaciones sin fines de lucro como Feclir “actúen condicionando la política de Salud Pública y generando negocios espurios contra el Estado, que desembocan en una sangría de fondos públicos”.

Ipross le compraba a Feclir remedios mucho más caros que el precio de mercado.


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