Cómo se malgastaron las «joyas de la abuela»

Hace casi nueve años, el 31 de marzo de 1992 el gobierno neuquino recibía, a través del acuerdo de saneamiento financiero entre la Nación y la provincia, la cifra de 787.689.544 pesos como compensación de deudas y regalías mal liquidadas desde 1983.

Al frente del Ejecutivo se encontraba el gobernador Jorge Sobisch y su ministro de Economía era Oscar Salazar, quien meses después fue desplazado por Alfredo Pujante.

Gran parte de los 787 millones de pesos se orientaron a la compra de acciones de empresas hidroeléctricas aduciendo las autoridades provinciales que, siendo éste un recurso renovable, las cotizaciones presumiblemente iban a tener que «levantar» en el mediano plazo.

Por esta causa, hacia Cerros Colorados SA, Alicurá SA y El Chocón SA se destinaron algo más de 220 millones de pesos, es decir el 28% de los recursos totales mencionados.

Estas operaciones fueron contabilizadas en diciembre de 1993, una vez efectuada la reestructuración presupuestaria. Los resultados financieros por estas adquisiciones, vistos ahora a la distancia, fueron realmente malos para las cuentas provinciales ya que las acciones de esas hidroeléctricas se fueron desvalorizando con el tiempo.

Compra de acciones

Otra parte importante de los montos consignados por la Nación se orientó hacia la compra de acciones de YPF por un total de 554 millones de pesos; 74 millones de pesos en una primera etapa y 480 millones en una segunda.

Los primeros 74 millones mencionados fueron, en su gran parte, para cancelar deudas que tenía el BPN con el sistema financiero (Créditos pendientes con el Banco Río y Galicia, por 28 y 29 millones respectivamente).

Entre julio y agosto de 1993 el ministro de Economía de la provincia, Alfredo Pujante, autorizó a través del decreto Nº 1106/93 del PEN la venta del paquete de acciones por 480 millones de pesos; 108 millones se canjean por la compra de títulos PRE II y 372 millones se vuelven en efectivo, de los cuales llegan verdaderamente a las arcas provinciales 356 millones como consecuencia del pago de 16,5 millones de pesos por «comisiones bancarias».

Las diferencias entre el monto total percibido por la provincia y estas dos grandes operaciones (compra de acciones hidroeléctricas e YPF), que alcanza un monto de 13 millones de pesos, parte es producto de gastos administrativos originados en la compra-venta de acciones y el resto corresponde a recursos que fueron destinados a gastos corrientes.

Cabe destacar que, en medio de estas dos operaciones, la provincia efectuó otras transacciones menores entre las que se encontraban la adquisición de títulos PRE II y PRO.

Los posibles desvíos

Los 372 millones de pesos en efectivo que percibe la provincia son depositados en julio del 93 en la caja de ahorro del BPN Nº 45077/5.

De allí ese monto se redistribuye, en un primer momento, de la siguiente manera:

* 45,0 millones se colocan en plazos fijos ;

* 32,6 millones se transfieren a la Cta Cte Nº 10001/4 del BPN;

* 103,7 millones quedaron en la caja de ahorro;

* 174,6 millones se destinan para la adquisición de títulos públicos.

Estos últimos fueron objeto de diversas inversiones siempre dentro del sistema financiero y es aquí donde la Fiscalía encuentra los principales desvíos sobre la venta de documentos por debajo de la mínima cotización del día en el MAE.

Los títulos, conforme a la comunicación «A282» del BCRA, se encontraban restringidos en su operatoria, de las cuales la provincia fue excluida por el BCRA por resolución 642/94, la que le permitía a entidades financieras que le otorguen a la provincia financiamiento con operaciones de pase con títulos públicos.

El 24 de agosto del «94, ya con el aval del BCRA, con una resolución del ministerio de la provincia el titular de Economía, Alfredo Pujante, da vía libre al tema de liberar los bonos para conseguir «líquido» con el objetivo de financiar erogaciones corrientes que exigía en ese momento el presupuesto.

A partir de esa fecha el BPN ejecuta operaciones de venta de los títulos en cartera de la provincia.

Según consta en el expediente judicial, en la denuncia que efectúa el fiscal de Estado de ese entonces, Jorge Andión, estas transacciones no se hicieron siguiendo el procedimiento normal de una operatoria financiera.

No se efectuaron a través de la mesa de dinero del BPN, sino que el presidente de la entidad llamaba a la sucursal Buenos Aires a los efectos de pedir una cotización del título (precio máximo y mínimo) y una vez obtenida esta información.

«El personalmente cerraba las operaciones con las entidades (casi siempre Argemofin SA) y por precios inferiores a los que la mesa le había informado», remarca el informe.

Argemofin S.A. manejó operaciones con Neuquén por valores cercanos a los 300 millones de dólares, utilizándose como base las operaciones de «pase».

Argumentos de la Fiscalía

Los principales puntos que cuestiona la Fiscalía sobre las operaciones de «compra, venta y arbitraje» de títulos públicos entre la provincia de Neuquén y Argemofin S.A. son los siguientes:

* Existieron 65 operaciones registradas entre el Banco de la Provincia del Neuquén y Argemofin S.A.

* Las transacciones investigadas por «supuesta irregularidad» son 7 operaciones de compra y 31 operaciones de venta de títulos públicos, que realizó el gobierno neuquino con Argemofin S.A.

* De las 7 operaciones de compra, mediante el sistema de «arbitraje o canje», es es decir, mediante el intercambio de títulos públicos, 6 operaciones arrojaron pérdidas en relación con los precios testigos por un valor total de 1,7 millones de pesos.

* El estudio resalta que del análisis de las 31 operaciones de compra (también de títulos públicos) surge que los mismos se hicieron «a precios desfavorables para el erario público».

* Existe una operación a la que la Fiscalía le da especial énfasis, con la participación del Novo Bank & Trust Ltd., banco con sede en Bahamas y Uruguay. En el año 1995, el Banco Provincia de Neuquén, con el visto bueno del ministro Alfredo Pujante, le compra a Argemofin S.A. títulos denominados «Pard Bonds» por encima de su valor, es decir, más caros de lo que demandaba el mercado en ese momento.

Posteriormente, estos títulos son vendidos por el gobierno neuquino a un precio más barato -del acordado previamente por su adquisición- al «Novo Bank» con sede en las Bahamas.

Y tiempo después Argemofin S.A. vuelve a recomprar esos títulos a la entidad extranjera. La sospecha de los peritos es que se produjo una «triangulación», que la venta a la entidad extranjera no existió y que se trató de una compra-venta directa entre el gobierno y Argemofin S.A. en perjuicio del erario provincial.

* El documento de la Fiscalía determina que de todas las operaciones de compra, venta y pase investigadas surge un supuesto perjuicio al erario público de $ 15 millones, detalladas en más de una veintena de operaciones diferentes. Dentro de este punto también se tiene en cuenta la sobretasa de interés pagada oportunamente por la provincia por la colocación de estos bonos.