Compleja situación de los jueces Moyano y Cariatore

Actualizado a las 16.10

VIEDMA (AV)- El 22 de mayo será una fecha clave para el destino de otros dos magistrados rionegrinos. En una sesión extraordinaria el Consejo de la Magistratura decidirá si los titulares de los juzgados Nº 20 de Villa Regina Alberto Cariatore y Nº 30 de Choele Choel, Guillermo Moyano serán o no enjuiciados.

En la última reunión del Consejo -donde fue destituido el juez de Roca Guillermo Leskovar Garrigós- se entregó a sus integrantes un detallado informe sobre el accionar de aquellos dos magistrados y fue designado un instructor, quien en la sesión de mayo aconsejará o no el enjuiciamiento. En este último caso y de ser aprobado por el Consejo de la Magistratura, el tema pasará a la Procuración General para que se formule acusación. Este trámite generará los descargos de los magistrados involucrados y luego la audiencia oral y pública en la que serán o no sancionados los jueces.

A Cariatore se le cuestiona el accionar seguido para la restitución de dos niños de cuatro y once años a su padre, en cumplimiento de un pedido de un juez de La Pampa. Los nenes vivían en Regina con su madre y abuelos e iban a la escuela. Para lograr el objetivo Cariatore ordenó la intervención del grupo BORA que durante una madrugada ingresó en forma violenta a la vivienda con capuchas y portando armas. Sacó a los chicos y los llevó a una comisaría donde fueron entregados a su papá.

El informe entregado a los consejeros destaca varias irregularidades cometidas por el magistrado desde no escuchar el pedido de los chiquitos de querer quedarse con su mamá hasta no dar intervención a la asesora de Menores ni respetar un dictamen de una psiquiatra que recomendó establecer las vías de diálogo para recién allí determinar lo mejor para los chicos. El documento judicial elevado al Consejo calificaría de grave el accionar de este magistrado incluyendo una serie de detalles irregulares que indicarían un camino seguro hacia su enjuiciamiento sin descartar la más severa de las sanciones ante una presunta ineptitud para cumplir con un servicio público como es el de impartir justicia.

En el caso del juez Moyano de Choele Choel pesaría ya una denuncia penal ante la cantidad de irregularidades que configurarían delito y que habría detectado una inspección dispuesta por la Auditoría General del Poder Judicial.

Además de esos cuestionamientos los consejeros recibieron un informe sobre un hecho que tuvo gran repercusión pública como fue la muerte de Rubén Chambí Martínez, un joven humilde de 17 años de origen boliviano ocurrida en 2.003 en Lamarque, luego de haber sido asistido en un hospital público. En este caso en lugar de haber ordenado la autopsia y la pronta investigación como correspondía, el juez no sólo no lo hizo sino que dispuso la pericia cuando ya era imposible concretarla.

Habría ordenado la autopsia el 23 de diciembre de ese año -el día anterior de irse de feria- dejando la disposición sin firmar entre los expedientes que debían salir en febrero de 2.004.

Otras causas contra Moyano se encuentran más avanzadas como una en la cual ya pesa una acusación en su contra y se encuentra en la etapa de presentación de pruebas.

El informe judicial habla de un probable comportamiento “discriminatorio” en este caso no sólo del juez sino de personal de Salud, así como de una presunta actitud de encubrimiento del caso y de una muerte dudosa que exigía una profusa investigación. En este hecho serían también investigados el perito Ismael Hamdam quien se consideró no habría tenido un juicio científico imparcial al afirmar que no existió mala praxis sin determinar previamente las causas del fallecimiento del joven.

El proceder de Rita Lucía la secretaria del juez también sería evaluado.